Autoridades enfrentan violencia escolar con programas inservibles y que violan derechos

El operativo Mochila Segura no es una solución para prevenir casos de violencia denuncian, desde hace al menos diez años, organizaciones civiles. Ésta medida ha sido parte de programas que no han entregado resultados.

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Autoridades aplican el operativo Mochila Segura en la Ciudad de México. Cuartoscuro

Los programas enfocados en la seguridad escolar que se han aplicado en México desde hace una década son violatorios de derechos humanos o no han entregado resultados ni tienen objetivos medibles.

Después de que este martes en Monterrey, Nuevo León un alumno disparó contra su maestra y compañeros, la respuesta de las autoridades fue reactivar el Operativo Mochila Segura que consiste en revisar las mochilas de los estudiantes en los planteles escolares.

Sin embargo, desde 2007 que esa medida se unió al Programa Escuela Segura del gobierno federal, organizaciones civiles denuncian que viola el derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica, a la no discriminación y el interés superior de la infancia.

“La aplicación del operativo no previene (la violencia) ni protege a niñas, niños y adolescentes”, señaló este jueves la Red por los Derechos de la Infancia en México después de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó profundizar las medidas y protocolos vinculadas a la revisión para inhibir la portación de armas en las escuelas.

Hace diez años diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, encabezadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicaron un desplegado alertando que esa clase de operativos atentan contra el derecho de la niñez a decidir sobre los asuntos que los afectan, a su intimidad, respeto y dignidad, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

“Algunas de las acciones pueden terminar criminalizándolos a través de medidas de vejación, de cateo y de revisión, afectando con ello el derecho a la privacidad, a la intimidad y a no ser molestados en su persona. Someterlos a este tipo de medidas es ubicarlos y reducirlos como centro del problema, sin tomar en cuenta la visión integral del mismo”, señalaron.

En 2009, cuando el programa operó en Nuevo León, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) reiteró que el operativo criminalizaba a la niñez “sin atacar los orígenes del consumo de drogas y las conductas violentas o antisociales: la ruptura del tejido social y consolidada por un quehacer gubernamental ineficiente”.

Las autoridades defienden la medida bajo el argumento de que los operativos se realizan a petición de las autoridades escolares y bajo la autorización y presencia de los padres de familia. Pero organizaciones civiles argumentan que aunque padres o madres estén presenten en el Operativo se atenta contra los derechos de los menores pues su privacidad se viola en un sitio público, como es la escuela.

Programa Escuela Segura, sin resultados

Los Operativos Mochila Segura implementados en escuelas de todo el país comenzaron después de que el gobierno federal arrancó en 2007 el Programa Escuela Segura, como parte de la Estrategia Nacional Limpiemos México que buscaba atender “las causas de la criminalidad social”.

Desde que comenzó a ser un programa nacional y hasta el 2015 se ejercieron mil 800 millones de pesos.

En 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dijo que hasta ese año no existían estudios para comprender cómo las acciones del Programa afectan o mejoran la seguridad en las escuelas y cuál es el efecto.

A ello se unieron los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2011 y 2013 en los que indicó que no existe información para determinar cómo el Programa contribuyó a mejorar la seguridad escolar de las 53 mil 787 escuelas que participaron en la política pública.

La Auditoría señaló que hasta el ejercicio fiscal 2013 el único probable resultado era un reporte de la Secretaría de Educación Pública en el que mencionó un 13.6% o 319 escuelas como “porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa durante dos años o más que mejoran su valoración de la seguridad escolar respecto al año anterior”.

Sin embargo, la ASF señaló que los registros de la SEP no eran consistentes para confirmar ese resultado. “La SEP no contó con la metodología utilizada en la elaboración del cuestionario de autoevaluación, ni con los parámetros para determinar los puntajes mínimos y máximos que las escuelas participantes debían obtener para valorar si mejoraron o no su seguridad escolar, a fin de garantizar la confiabilidad de los resultados”.

De Escuela Segura a Convivencia Escolar… y sin Programa de prevención

Sin haber entregado resultados y después de que en 2015 se ejerció sólo la mitad de los recursos presupuestados, el gobierno federal eliminó en 2016 el Programa Escuela Segura e implementó el Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Al Programa de Convivencia Escolar se le asignaron el año pasado 350 millones de pesos y para este 2017 un presupuesto 25% inferior.

Forma parte de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso Escolar y tiene el objetivo de “fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de situación de acoso escolar o bullying”.

A diferencia de su antecesor, que se enfocó en evitar que “los factores de delincuencia y adicciones pusieran en riesgo la seguridad” en centros escolares, el Programa de Convivencia está enfocado en frenar el acoso.

Además de que el programa para seguridad escolar ahora tiene un enfoque distinto al de seguridad pública que aplicó por ocho años, el gobierno de Peña Nieto decidió en este 2017 desaparecer el Programa Nacional de Prevención del Delito y recortar los recursos a otros programas destinados a reconstruir el tejido social.

Una de las estrategias del Pronapred era “instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia” tanto en el entorno familiar como el escolar.

Los responsables de implementar esa estrategia eran la Secretaría de Desarrollo Social, la de Salud, la de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación.

Este programa, que fue la primera “decisión presidencial” que anunció Enrique Peña Nieto cuando tomó protesta como presidente de México, debía intervenir en el ámbito escolar para evitar que cualquier conflicto se convirtiera en violencia dentro de las escuelas, pero tras cuatro años de operación, también desapareció.

¿Qué pasa en las escuelas?

En el salón de clases del Colegio Americano del Noreste los alumnos tomaban clase en mesas compartidas, excepto uno. El joven de 15 años que disparó contra su maestra y tres de sus compañeros este miércoles 18 de enero estaba sentado solo, a un lado de la puerta.

Según el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, el estudiante había sido diagnosticado con depresión y recibía tratamiento.  Hasta el momento esa es la única información oficial al respecto.

Si el estudiante enfrentaba un proceso de depresión ¿cómo deben actuar las escuelas?

La Secretaría de Educación Pública emitió una guía para el docente como parte del Programa Nacional de Convivencia Escolar, el cuál se concentra en acciones contra el bullying.

Entre otros temas, el documento aborda temas como “reconozco y manejo mis emociones”, pero la forma de tratarlo en clase incluye una actividad como jugar en parejas “adivina con mímica” para reconocer la empatía. Al finalizar deben intercambiar opiniones al respecto. Eso es todo.

Maestros consultados por Animal Político reconocen que las políticas dictadas desde la federación pocas veces se aplican en las aulas y mucho menos este tipo de “guías”.

María del Carmen García Lemus, directora de la secundaria 37 Rafael Cubillas de León, de Monterrey, Nuevo León, asegura que cada escuela organiza su propio protocolo de acción para detectar y tratar a alumnos con algún tipo de problema emocional o psicológico.

Aunque las secretarías de educación de los estados y federal hacen cursos de capacitación para maestros “van los que quieren”, dice la maestra García Lemus.

En sus 44 años de experiencia profesional ha visto diferentes casos. El más reciente es de una alumna que tuvo un intento de suicidio. “No soy psicóloga, pero he logrado bastante con ella hablando todos los días”. Además, dice, también la atiende un psicólogo externo.

La maestra Guadalupe Robledo trabajó 30 años en escuelas públicas de la Ciudad de México. El proceso que acordaron en la escuela era realizar un diagnóstico (cuestionario) al inicio de cursos y dependiendo del resultado el alumno era canalizado con el psicólogo de la escuela y éste con alguna institución, de ser necesario.

Ninguno paso del proceso fue dictado por una política federal ni local, sino por la propia escuela. El problema, dice, ocurre cuando el niño no es tratado.

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