Un juez penal del estado de Chihuahua condenó a cinco años de prisión a Mónica Lizbeth Ramírez Martínez, por el robo de una bebé rarámuri ocurrido el pasado 7 de enero en el centro de la capital estatal.
[contextly_sidebar id=”2BfvTVLFNIgQp9sTK3ILlTceG4i8pSJs”]Aprovechando la pobreza de la población indígena de Chihuahua, Mónica Lizbeth Ramírez Martínez se acercó a una comunidad rarámuri para ofrecer ayuda a madres de bebés recién nacidos, para adquirir pañales y cobijas, engaño con el cual convenció a tres madres para que la acompañaran al centro de la capital de Chihuahua.
Una vez ahí, Mónica Lizbeth Ramírez se encontró con un joven con el que platicó a solas por algunos instantes, y luego la mujer volvió con el grupo de madres indígenas y se ofreció a ayudar a una de ellas a cargar a su bebé (una niña de cinco semanas de nacida), para aliviar su agotamiento. Momentos después huyó con la menor.
Tal como informaron personas allegadas a la madre de la bebé robada (quien ni siquiera había sido registrada), Mónica Lizbeth Ramírez se entregó voluntariamente el 8 de enero, ante la presión ejercida a través de redes sociales, en donde se difundieron imágenes de su rostro, captadas por cámaras de seguridad de algunos de los negocios del centro de Chihuahua.
Además de entregarse a las autoridades, la autora del rapto también devolvió a la bebé, quien estaba en buen estado de salud.
Allegados a la familia, quienes pidieron guardar el anonimato, por seguridad, denunciaron que la Fiscalía General de Chihuahua aprovechó la dificultad que para la madre de la menor representaba acudir a la capital del estado, para ofrecerle un “juicio abreviado” en contra de la detenida.
Fue así que, siete días después de su captura, Mónica Lizbeth Ramírez Martínez fue sometida a juicio breve, por el delito de “sustracción de menor”, y sentenciada a cinco años de prisión, sin que pueda acceder a fianza o a disminución de la pena.
Durante la audiencia en la que se emitió esta sentencia, la detenida aseguró que robó a la niña para hacerla pasar como su propia hija, ya que desde hacía un año había engañado a su familia, diciéndole que estaba embarazada.
Fue así, explicaron las personas allegadas a la familia de la víctima, que la detenida, y el Ministerio Público, evitaron encarar un juicio más complejo, por delincuencia organizada, a pesar de que existían indicios de que este la mujer no actuó impulsivamente, o en solitario.
Entre estos indicios, destacaron, está que, para perpetrar este delito, se requirió de una labor previa de identificación de comunidades indígenas en donde había bebés recién nacidos, no inscritos en el Registro Civil.
Asimismo, destacaron la participación de un joven, quien fue identificado como pareja sentimental de la sentenciada, y con quien se coordinó antes de cometer el secuestro de la bebé.
Finalmente, señalaron la existencia de otros casos similares, en donde la pobreza de familias indígenas es empleada para engañarlas y secuestrar a sus hijos.
