No era necesario activar al Ejército en guerra contra el narco, concluye estudio del Senado

Cuando se activó la "guerra contra el narco" no existía una crisis de seguridad que justificara operativos con las Fuerzas Armadas", indica un estudio; las iniciativas partidistas para dar a militares un marco legal en combate al crimen son "cuestionables" y tienen deficiencias, señala el Instituto Belisario Domínguez.

militares narco
La implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado generó un deterioro no sólo de la seguridad pública, sino también de "las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad mexicana" Cuartoscuro Archivo

A diez años de que diera inicio la actual estrategia de combate al crimen organizado, con la participación activa de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con el narcotráfico, los datos oficiales disponibles revelan que ésta “no redujo la violencia existente en el país”, sino “todo lo contrario: esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”, tal como concluyó un estudio elaborado por el Senado de la República.

Peor aún: dicho estudio determinó que, en el año 2007, cuando esta estrategia popularmente conocida como “guerra contra el narco” fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en niveles mínimos históricos”, por lo cual, en realidad “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”.

Elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (centro de estudios legislativos del Senado de la República), el documento denominado “Seguridad interior: elementos para el debate” destaca que “hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional” de seguridad pública, decidido en 2007 y refrendado hasta la fecha.

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Información publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre de 2016 señala que, en el presente, 52 mil soldados participan en los operativos antinarco iniciados hace diez años, sin embargo, según el estudio del Senado, hasta ahora no existe información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los resultados de los operativos” militares.

Lo que sí puede verificarse, tal como determinó la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, es que la implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado generó un deterioro no sólo de la seguridad pública, sino también de “las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad mexicana”.

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Tras analizar los registros de homicidios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el centro de estudios legislativos del Senado constató que, antes del inicio de la guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, que se elevó a 27 mil a raíz de que esta estrategia de confrontación bélica fue puesta en marcha.

Las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, además, también registraron un crecimiento exponencial.

Retrocesos legislativos

El 1 de diciembre de 2016, cuando faltaban unas semanas para conmemorar los 10 años de la guerra contra el narco, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, demandó en un discurso público “que se hagan las leyes reglamentarias del artículo 89 fracción VI Constitucional”, para que “podamos servir mejor (al país), con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va autorizar”.

El titular de la Sedena aseguró que dicha reforma es necesaria, ya que “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos de la delincuencia, (ya que se enfrentan) con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.

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En respuesta, tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD) presentaron en el Congreso su propia iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en la guerra contra el narco.

Sin embargo, según el Instituto Belisario Domínguez, las tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando por que las tres incumplen con su objetivo central, que es “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”.

Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación del Ejército, estas iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente”.

Aunque estas tres iniciativas persiguen objetivos “bien intencionados”, el Instituto Belisario Domínguez concluyó que los procedimientos que proponen convertir en ley “pueden resultar cuestionables”.

De aprobarse estas enmiendas legales, las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar “investigación de delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”, “perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”.

Además, por simple decisión presidencial, sería posible “la suspensión de derechos humanos”, tales como “la libertad de tránsito”, el “derecho a no ser molestados en nuestra persona, familia, papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a no ser objeto de violencia por parte de las autoridades”, e incluso, se permitiría “el uso de la fuerza pública para controlar actos de resistencia no agresiva por parte de la población”.

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Todas estas propuestas presentadas por el PAN, PRI y PRD para atender la solicitud del titular de la Sedena, no obstante, entran en contradicción con diversos artículos de la Constitución, tal como concluyó el centro de estudios del Senado, entre los cuales están los artículos 11, 16, 22, 29 y 129 de la Carta Magna.

Asimismo, el Instituto Belisario Domínguez advirtió que ninguna de las iniciativas legales contempla “políticas especiales para la atención y garantía de las víctimas de violaciones a derechos humanos, en el contexto de las acciones contra amenazas a la seguridad interior”, y tampoco precisa “medidas específicas para garantizar el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos”.

Por todas estas razones, el centro de estudios del Senado determinó que la militarización de la seguridad pública no ayuda a disminuir la violencia, sino que sólo la incrementa “de forma drástica”, además de que los proyectos para normalizar legalmente la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional.

Aquí puedes consultar el estudio completo.

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Comentarios
  • Hernan Ortiz

    Necesitan preguntarle a las personas que viven en Sinaloa, Tamaulipas, Nvo. León, Tijuana, Cd. Juarez, SLP, y muchas entidades mas de como a diario ven la violencia en sus calles, colonias y ciudades, sino fuese por la intervención de los soldados y marinos que con valor y entrega han estado rescatando prácticamente de la esclavitud a muchos de los municipios de nuestro país.

  • Sandro Aguirre

    estos analistas y senadores critican, pero no veo que propongan para resolver el problema de la inseguridad, lo que si es que ganan muy bien por no hacer nada para el pueblo de mexico, mas sin en cambio el militar gana una miseria y siempre exponiendo la vida sin ninguna ley que lo proteja y cuando pierde la vida en un enfrentamiento, su vida cuesta 200 mil pesos, pero eso no lo ven

  • Francisco Figueroa

    entonces quieren decir que estuviéramos viviendo en un país con menos violencia por favor de no haber sacado al ejercito a las calles estuviéramos hundidos en la violencia si de por si ahorita derechos humanos defiende a los criminales, no quiero imaginar qu pasara después.

  • Chuyito Salazar
  • christian rebollo

    Despuès de muerto el chamaco quieren tapar el hoyo estos pendejos diputados, cuando ya se sirvieron de nuestros militares, ok. pero que ahora asuman su responsabilidad y hagan mejores policias a ver donde chingados los encuentran…bola de pendejos todos los políticos

  • Chuyito Salazar

    Lamento decirle a a los señores senadores de la república, que si era necesario que nuestras fuerzas armadas salieran a las calles a combatir el crimen organizado, mismo había rebasado a nuestros policías estatales y municipales, que no podían combatir por falta de preparación o por contubernio con el mismo crimen organizado, ademas que si ellos como legisladores hubieran sacado leyes para obligar a las entidades a capacitar debidamente a sus policías, las fuerzas armadas no habrían tenido la necesidad de salir a las calles a realizar actividades que les corresponden a la secretaria de gobernación si no me equivoco

    • Laura García

      Pero ese era el punto. En 2007 se debió pensar en un proyecto grande para la recapacitación de la policía y mejorar su desempeño. Pero no, tanto el ejecutivo como el legislativo pensaron que sacar a los militares a la calle era buena idea.

  • Ricardo Rodriguez

    La verdad yo como ciudadano prefiero que se les de el poder a las fuerzas militares para aplicar la ley a seguir viendo como el crimen organizado acaba con mi mexico, con el contubernio de organizaciones que dicen defender los derechos humanos, cuando estas no defienden a la ciudadanía, sino a criminales que pueden pagar por los servicio de estos abogados de derechos humanos

  • Alberto Sanchez

    En el senado trabajan una bola de ineptos, que no han podido hacer nada respecto a la seguridad durante diez años, no tienen la capacidad de exigirles a los gobernadores y presidentes municipales que hagan su trabajo, son unos inútiles.

  • Ricardo Hernandez

    no nos interesan datos estadísticos, queremos soluciones, senadores hagan su trabajo.

  • Samuel Lechuga

    1. No sera que la razon por la que se inicio esta guerra vs el narco fue debido a una presion de USA visto el enorme problema que tienen por el consumo de droga ya que ellos guajiramente sostienen que la causa de el alto consumo de estupefacientes en USA es debido a la produccion de ellos en Mexico.
    2. Las iniciativas legislativas para respaldar juridicamente a los militares son realmente escandalosas por el retroceso social que implicarian.
    3. La razon por la cual esta guerra no se ha acabado es por el enorme contubernio que existe entre los carteles y el gobierno en todos sus sectores