La red de empresas fantasmas utilizada por Javier Duarte en Veracruz y documentado por Animal Político también está involucrada en un posible desvío de fondos en Chiapas, durante el sexenio de Juan Sabines, actual cónsul de México en Orlando, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
[contextly_sidebar id=”E1T2cx3jXrq2Z6Dy0NEevpmX064O4qf9″]Tres compañías ligadas a la red fantasma de Veracruz obtuvieron contratos por 118 millones de pesos entre 2010 y 2012 para realizar labores de outsourcing en el Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla (SITUTSA), en el que el Gobierno de Chiapas tiene participación accionaria del 51%.
Ese sistema –conocido como ‘Conejobus’- fue creado por el Gobierno de Sabines, en sociedad con los transportistas, con una aportación de más de 120 millones de pesos, para la compra de 90 vehículos.
Sabines fue miembro del PRI hasta el año 2006, cuando renunció para ser candidato a la gubernatura por una coalición integrada por el PRD, PT y Convergencia.
En el tramo final de su mandato se distanció del PRD y se vinculó de nuevo con el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, quien en junio de 2015 lo nombró Cónsul de México en Orlando, donde actualmente reside.
Los contratos
En enero de 2010, el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, puso en marcha el sistema Conejobús, que es similar al Metrobús de la Ciudad de México, con lo que se buscaba modernizar el transporte público de Tuxtla Gutiérrez.
Para lanzar el Conejobús, el Gobernador aportó fondos públicos para adquirir los vehículos, y en sociedad con los transportistas chiapanecos creó la empresa Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla SA de CV (SITUTSA), en la que el Gobierno de Chiapas es accionista mayoritario.
Desde su lanzamiento, se cedió la operación del Conejobús a tres empresas veracruzanas, a través de un esquema de outsourcing, en el que suministraban personal para el sistema de transporte y ofrecían servicios de asesoría contable y administración.
Los contratos tenían vigencia hasta 2013, pero una serie de irregularidades detectadas aquel año en una auditoría, forzaron a su terminación anticipada.
La prensa chiapaneca consignó estas irregularidades. En su edición del 16 de junio de 2013, Código Sur publicó que el Conejobús enfrentaba un adeudo fiscal por 32 millones de pesos, mientras que el diario El Péndulo atribuyó este quebranto a las empresas de outsourcing que operaban el servicio de transporte en Tuxtla. “A las empresas de outsoursing el SAT (Servicio de Administración Tributaria) las considera como no indispensables para el desarrollo de la actividad”, citó el Diario de Chiapas, al consignar el resultado de la auditoría.
La red fantasma
Las empresas veracruzanas contratadas por el anterior Gobierno de Juan Sabines en Chiapas, forman parte de una compleja red de compañías fantasma que comparte socios y domicilios.
RAVSAN -que es la que cobró el mayor contrato en Chiapas- aportó como domicilio fiscal una humilde vivienda de un piso en la calle Guadalupe 1599, de la colonia Virgilio Uribe, en Veracruz.
Su dueño es Luciano Sánchez Díaz, quien además es socio de Comercializadora Dagú y de Mextic Traffic International SA de CV, otras dos empresas de la red fantasma de Veracruz, que juntas obtuvieron contratos en el Gobierno de Duarte por 24.5 millones de pesos. El otro accionista de RAVSAN se llama Eduardo Ravelo López.
Corporativo Lizgar -otra de las empresas veracruzanas que operaba en Chiapas- tiene como socia a Areli Sulema Galloc, dueña a la vez de Bloques 2DM, firma fantasma que durante el sexenio de Duarte recibió 38 millones de pesos en contratos.
En Corporativo Lizgar también es socio Efraín Infanzón Malpica, quien de acuerdo con las actas obtenidas para esta investigación, es accionista en otras diez empresas. En una de ellas (Desarrollo Decoo) está asociado con Alberto Gómez Aranda y Patricia Ríos Triana, dueños de Desarrolladores Mercalim y AD911 SA de CV, ambas compañías fantasmas que durante el Gobierno de Duarte obtuvieron 36.5 millones de pesos.
Comercializadora Pagoli SA de CV recibió contratos tanto del Gobierno de Chiapas (27.8 millones de pesos) como del que encabezó Javier Duarte en Veracruz (5.7 millones).
Tanto en Pagoli como en RAVSAN Servicios Múltiples, el apoderado legal es César Álvarez Alegría, socio de la empresa fantasma Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV, a quien Duarte le otorgó contratos por 5 millones de pesos.
Mismos domicilios
Hay una cuarta empresa veracruzana que participó en la operación del Conejobús de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se trata de LG Asesores Corporativos SC, que dirige el contador y empresario Víctor Manuel López Gachuz.
El domicilio de LG Asesores Corporativos es Sahagún 123, en el fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, misma dirección que aportó Mauricio Bayron González, apoderado legal del Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla SA de CV (SITUTSA), empresa cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de Chiapas.
Bayron González fue quien en 2010 acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a realizar a nombre de la transportista paraestatal los trámites de registro de la marca Conejobús.
Al igual que los socios de las otras compañías contratadas por el gobierno chiapaneco, Bayron González tiene vínculos con operadores de empresas fantasma.
En la empresa SOPS SC está asociado con Fabiola Jacqueline Mundo González, dueña a su vez de la firma fantasma Grupo Balcano SA de CV, a quien el Gobierno de Duarte le dio contratos por 60.7 millones de pesos.
El domicilio que Bayron González aportó ante el IMPI (Sahagún 123) es la sede de una serie de despachos fiscales, todos manejados por el contador Víctor Manuel López Gachuz.
De acuerdo con documentos obtenidos para esta investigación, en uno de esos despachos ha colaborado, como apoderado legal, César Álvarez Alegría, quien participa como socio o representante de al menos tres de las empresas fantasma de Duarte (RAVSAN, CERENE y PAGOLI).
Los vínculos
Empresas contratadas entre 2010 y 2013 para operar el sistema de transporte de Tuxtla, en el que el Gobierno de Chiapas es accionista mayoritario:
RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV
Empresa fantasma de Veracruz
Dueño: Luciano Sánchez Díaz
Representante legal: César Álvarez Alegría
Ambos están ligados a otras tres empresas fantasmas:
Comercializadora Dagu, Mextic Traffic International y CERENE SA de CV
29.5 millones recibieron en contratos de Duarte.
CORPORATIVO LIZGAR, S.A. DE C.V.
Corporativo de Veracruz ligado a socios de empresas fantasma
Socio 1: Areli Sulema Galloc
Dueña de la empresa fantasma Bloques 2DM SA de CV
Socio 2: Efraín Infanzón Malpica
Está asociado en Desarrollo Decoo con Alberto Gómez Aranda y Patricia Ríos Triana
Ambos son dueños de las firmas fantasma Desarrolladores Mercalim y AD911
74.5 millones recibieron en contratos de Duarte.
COMERCIALIZADORA PAGOLI, S.A. DE C.V.
Dueño: Esteban Marín del Valle
Asociado en otra empresa con René Felipe Cazarín Escobar, dueño de la firma fantasma Cymaned.
Representante legal: César Álvarez Alegría
Dueño de la firma fantasma CERENE SA de CV
10.7 millones recibieron en contratos de Duarte.
LG ASESORES CORPORATIVOS SC
Dueño: Víctor Manuel López Gachuz.
Un colaborador está ligado a tres empresas fantasma (Ravsan, Cerene y Pagoli)
Está asociado en otra empresa con Mauricio Bayron González.
Éste, a su vez, es socio de la dueña de la firma fantasma Grupo Balcano.
Esta empresa recibió 60 millones del Gobierno de Duarte.
Byron es el apoderado de Trasportes Urbanos de Tuxtla, empresa del Gobierno de Chiapas.
