El retorno a México de jóvenes que estudiaban en Estados Unidos podría ser una realidad en los próximos meses, por la política antiinmigrante del presidente Donald Trump. Sin embargo, el sistema educativo mexicano no está listo todavía para incorporarlos a las universidades del país.
[contextly_sidebar id=”5bOfSCsCnKoNQ2QWRGIiS6nDGJOWGe5G”]Este miércoles 8 de febrero, las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores iniciarán trabajos para reformar la Ley General de Educación que, entre otras cosas, obligaría a las universidades públicas del país a revalidar los estudios de alumnos de origen mexicano inscritos en instituciones extranjeras.
En ese contexto, la próxima semana iniciarán las audiencias con cinco sectores involucrados en el sistema educativo para que externen sus propuestas sobre los aspectos a reformar, según informó el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks.
En el primer grupo consultado estará el gobierno federal, representado por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, y el subsecretario de América del Norte, Carlos Sada Solana; en el segundo participarán los secretarios de Educación de los estados con mayor flujo migratorio; en el tercero estará la sociedad civil. También serán consultados académicos y organizaciones de universidades, tanto públicas como privadas.
La iniciativa de reforma a la Ley General de Educación fue enviada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 1 de febrero con la premisa “preferente”, es decir, para ser votada en un plazo de 30 días.
El senador Romero Hicks dijo que es indispensable escuchar todas las voces para enriquecer la reforma y que estará lista en un mes, el plazo que dicta la ley. “Vamos a cumplir con una reforma bien, a fondo, y con eficacia”, dijo en entrevista con Animal Político.
¿Qué propone la reforma?
Si un niño que radicaba en otro país regresaba a México, podía ser recibido en la primaria y secundaria cumpliendo con los términos del Acuerdo 286, donde se establecen los lineamientos para la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios.
El Acuerdo 286 apela a la “interpretación administrativa” para “procurar facilitar la integración o tránsito del alumno al sistema educativo nacional”. Establece requisitos como que los certificados, diplomas, constancias, título o grados académicos deben incluir los periodos de estudio, las asignaturas y calificaciones o créditos.
Si bien podían existir ciertas trabas burocráticas, las autoridades educativas están obligadas a resolver los casos. Sin embargo, en el caso de la educación superior la revalidación es más compleja porque los programas de estudio varían entre cada país.
Por tanto, la reforma a la Ley General de Educación plantea los siguientes puntos:
- Las autoridades educativas podrán autorizar a las instituciones de educación superior a las que hayan otorgado reconocimiento de validez oficial de estudios, para otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura.
- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, y autorizar que las instituciones particulares de educación superior tengan reconocimiento de validez oficial de estudios?
- Impedir que la falta de documentos de identidad o académicos sea un obstáculo para acceder al sistema educativo nacional. Se deberá facilitar opciones para obtener la documentación que permita su integración o tránsito por el sistema educativo nacional.
- Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la SEP.
La reforma a esta Ley significará también la adecuación del Acuerdo 286, lo que permitiría una incorporación fácil de los estudiantes mexicanos repatriados de Estados Unidos o provenientes de otro país, aseguró el senador Romero Hicks.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que agrupa a 187 instituciones del país, la reforma a la Ley permitiría adecuar sus propios reglamentos para recibir a los estudiantes universitarios que hayan realizado estudios en otros países, según informó el área de comunicación social.
La UNAM también recibirá repatriados
El rector de la UNAM, Enrique Graue, informó este martes 7 de febrero la estrategia que implementará la institución para atender a los estudiantes y académicos que pudieran ser deportados.
La Universidad envió cartas a las 39 universidades estadounidenses con las que tiene convenios vigentes para que, en caso de que los estudiantes mexicanos se vean en dificultades para continuar sus estudios, contacten a la UNAM para recibirlos o servir de puente con las universidades incorporadas o del interior del país.
También disminuirán los requisitos burocráticos para la incorporación de estudiantes repatriados, por lo que la Secretaría General, la Oficina de la Abogada General y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) propondrán al Consejo Universitario los mecanismos y medidas de simplificación.
Además, el Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el Extranjero (PAME-UNAM) convocó, para el próximo 24 de febrero, a todas las sedes que tiene la UNAM en la Unión Americana (Los Ángeles, Tucson, San Antonio, Chicago y Seattle), a una reunión en la sede de Seattle para discutir, acordar y articular las medidas necesarias.
