Organizaciones alertan de ley que protegería a militares violadores de derechos humanos

“La evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares", según ONG.

La ley de Seguridad Interior puede traer “preocupantes consecuencias”, de acuerdo con diversas organizaciones sociales.
Legisladores discuten tres iniciativas de Ley de Seguridad Interior. Cuartoscuro

La Ley de Seguridad Interior puede traer “preocupantes consecuencias”, de acuerdo con diversas organizaciones sociales, quienes dicen que “legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente en tareas de seguridad pública, reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiacas, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas”.

En conferencia de prensa este martes, dijeron que la Ley de Seguridad Interior “representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México”, además de ser “riesgosa para la población y poco efectiva para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006”.

La evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares”, por lo que pidieron a los legisladores “adoptar una Ley que regule el uso de la fuerza, restrinja las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de seguridad a los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas”.

Recomendaciones internacionales

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó México y mostró su preocupación debido al incremento y las violaciones a derechos humanos en el país, en el marco de la estrategia de seguridad militarizada.

Durante esta visita, la CIDH pidió al gobierno de México presentar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

También Zaid Ra’ad Al Hussein, Ato Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte de sus 14 recomendaciones emitidas a México, expuso la necesidad de promover un enfoque de seguridad pública con respeto a los derechos humanos.

Por ello, las organizaciones y académicos piden que el Congreso detenga la aprobación de la ley “ante la falta de un análisis o estudio basado en evidencia empírica que constate, en el contexto actual de México, que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos”.

El Ejército no redujo violencia

De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, la actual estrategia de combate al crimen organizado (que comenzó hace diez años) “no redujo la violencia existente en el país”.

En el año 2007, cuando la estrategia fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en mínimos históricos”, por lo que “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”, según la publicación.

Actualmente, se han presentado tres iniciativas de Ley de Seguridad Interior en el Congreso, que pretenden dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en tareas de seguridad pública.

El estudio concluye que las tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando porque incumplen con su objetivo de “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”.

Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación de militares, las iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente”.

Por ello, concluye el estudio, “la militarización de la seguridad pública no ayuda a disminuir la violencia, sino que sólo la incrementa “de forma drástica” y los proyectos para legalizar la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional.

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