Corrupción, impunidad, violencia, desapariciones forzadas, asesinatos de periodistas… El Estado de Veracruz, cuyo exgobernador priista Javier Duarte sigue prófugo de la justicia por el caso de las empresas fantasma, se enfrenta hoy a una devastadora realidad producto de más de una década de violencia y corrupción a gran escala.
[contextly_sidebar id=”qQmma80EYkMxGZcBZFYejCPpgxomtzFf”]Así lo refleja en un informe que publica este martes International Crisis Group; una organización gubernamental que trabaja estrategias para prevenir la violencia en más de 70 regiones en el mundo.
El estudio Veracruz: reformar el estado mexicano de terror analiza la situación de criminalidad “que ha azotado a este estado”, especialmente en los últimos casi seis años de mandato de Duarte; tiempo en el que Veracruz ocupó los primeros lugares en violencia –con mil 258 asesinatos, fue la segunda entidad en 2016 donde más repuntaron los homicidios-, y donde además aumentó la pobreza en más de 185 mil ‘nuevos’ pobres y la deuda millonaria. Mientras que, por el contrario, se redujo el crecimiento económico y la creación de empleos formales.
Ante este contexto, el informe propone una serie de recomendaciones al Gobierno Federal y al actual gobierno estatal de Miguel Ángel Yunes, para dar justicia a las víctimas, transformar las instituciones policiacas, y evitar un nuevo desfalco multimillonario de las arcas veracruzanas.
“El objetivo del estudio no es proveer de esperanza o de una solución mágica”, advirtió en entrevista con Animal Político Froylán Enciso, analista senior de International Crisis Group.
“Lo que buscamos es señalar cuáles son las oportunidades que se presentan en Veracruz para prevenir la violencia –agregó -. Y con el cambio de gobierno creemos que hay una oportunidad para reformar las instituciones y crear espacios de diálogo con sociedad civil y las víctimas”.
“Comisión de la Verdad” para esclarecer crímenes del Estado
Una de las principales recomendaciones que International Crisis Group dirige al gobierno de Yunes es “fortalecer la autonomía” de la nueva Comisión de la Verdad de Veracruz, creada en diciembre de 2016 para buscar a personas desaparecidas, y brindar a los actores de la sociedad civil “el derecho a asociarse con las autoridades judiciales estatales” para que puedan investigar delitos graves, como las desapariciones forzadas.
Además, pide al Gobierno Federal que obligue a los comandantes y al personal de las fuerzas armadas a que asistan a esta comisión para aclarar la participación del Ejército y la Armada en desapariciones y otros delitos.
Cabe recordar que aunque no hay cifras oficiales precisas, Veracruz es una de las entidades más golpeadas por las desapariciones forzadas realizadas tanto por el crimen organizado, como por cuerpos de seguridad del estado.
Un ejemplo de lo anterior es el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en enero de 2016 en Tierra Blanca, Veracruz, quienes fueron secuestrados por policías estatales y entregados al crimen organizado, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.
O el caso reciente del hallazgo por parte del colectivo de mujeres ‘Solecito’ de una fosa clandestina en Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, en la que hasta ahora han encontrado 116 tumbas y restos de al menos 189 personas.
El investigador Froylán Enciso señaló que ante este contexto es fundamental que el nuevo gobierno de Veracruz admita e investigue “minuciosamente” la participación del Estado en crímenes de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas.
Colocar GPS a policías para evitar desapariciones forzadas
Otra recomendación: que en las investigaciones sobre malversación de fondos públicos durante la administración Duarte –el exmandatario ya acumula, solo a nivel local, diez averiguaciones por el desvío de casi 13 mil millones de pesos-, el nuevo gobierno panista no intervenga en el trabajo de la Fiscalía.
Además, insta al ejecutivo estatal a que apoye la creación de un “programa de protección de testigos eficaz” y un servicio forense “independiente”.
También recomienda que el gobierno veracruzano siente las bases de una reforma policial “mediante el apoyo a la profesionalización y la mejora del nivel de vida de los agentes”.
Y para evitar que los agentes de seguridad participen en desapariciones forzadas, International Crisis Group plantea instalar dispositivos de seguimiento GPS en los agentes y cámaras de video en las comisarías; así como mantener registros constantes de los movimientos de los agentes policiales y personal en servicio.
En cuanto a la situación financiera, la organización civil pide al estado de Veracruz que cree mecanismos eficaces de control financiero, “comenzando por la divulgación voluntaria de la asignación y uso de los fondos públicos”.
Lee aquí el estudio completo (en inglés) y aquí las 16 recomendaciones (en español)
