[contextly_sidebar id=”nvTDljNDRZb2d5BbxzS45jXrVhaQQfs7″]La Cámara de Diputados aplazó la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual es rechazada por algunas bancadas en San Lázaro y por organizaciones civiles, informó el legislador del PRD Francisco Martínez Neri.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados explicó que el objetivo de aplazar la discusión de la Ley de Seguridad Interior es generar una mayor participación y evitar dudas sobre el tema, que busca regular la participación de las fuerzas armadas en las tareas de combate al crimen.
El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, consideró positivo que se aplace la discusión, ya que, dijo, se abrirá un periodo de análisis de la ley, mientras que el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho, confió que el dictamen de la Ley de Seguridad Interior sea llevado al pleno y aprobado en el actual periodo ordinario de sesiones.
Ambos legisladores se manifestaron a favor de recibir en el Pleno al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, así como a representantes de organizaciones que se han manifestado contra las iniciativas sobre el marco jurídico para la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
Ante ese panorama, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados abrió un periodo de audiencias públicas para escuchar las opiniones en la materia y posteriormente dictaminar el proyecto de Ley de Seguridad Interior.
Detalló que la Comisión de Gobernación ya sostuvo encuentros con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para escuchar sus puntos de vista y en los siguientes días continuarán desahogándose las audiencias.
Refirió que en el tema de la Ley de Seguridad Interior se deben escuchar diferentes puntos de vista y desterrar cualquier preocupación de que una disposición de esta naturaleza pueda lesionar o arriesgar la observancia cabal de los derechos humanos.
Camacho Quiroz indicó que esta ley no viene a sustituir a ninguna otra, ya que se carece de un marco jurídico que marque los límites temporales para que las Fuerzas Armadas intervengan en quehaceres de seguridad interior.
“El dictamen tendrá que encontrar las convergencias entre todas las iniciativas si lo que creemos, y es así, es que se apruebe en la Cámara de Diputados y también en el Senado”, aseveró.
De acuerdo con diversas organizaciones sociales, la Ley de Seguridad Interior puede traer “preocupantes consecuencias”, ya que, dicen, “legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente en tareas de seguridad pública, reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiacas, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas”.
Con información de Notimex.
