En Veracruz se discrimina y violan los derechos de las mujeres con leyes y políticas públicas que fueron propuestas por el exgobernador prófugo Javier Duarte, concluyó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres —dependiente de la Secretaría de Gobernación— tras analizar la situación de la entidad.
[contextly_sidebar id=”BSTvsEZKqfsga5HnhdPAMYuZt5tWiwEV”]De no cambiar en los próximos seis meses la legislación que criminaliza el aborto, Veracruz se convertirá en septiembre próximo en el primer estado del país en tener dos alertas por violencia de género: una por violencia feminicida —decretada en noviembre pasado— y una más por violencia sexual y reproductiva.
En agosto de 2016 Javier Duarte promulgó una reforma antiaborto que, dijo, tiene el objetivo de “proteger y salvaguardar el derecho a la vida”.
Pero organizaciones civiles encabezados por Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio acudieron desde abril, incluso antes de la aprobación de la reforma, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para denunciar que los cambios jurídicos y de política pública impedían el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la entidad.
Tras analizar la petición de la sociedad civil y las normas legales vigentes en Veracruz, la Conavim confirmó el pasado 10 de marzo que en la entidad existen políticas públicas que obstruyen derechos sexuales y reproductivos de las mujeres específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo.
Las recomendaciones de la Conavim —que deben ser aceptadas públicamente por el gobierno estatal antes del 24 de marzo y aplicadas en un plazo máximo de seis meses para evitar una nueva declaratoria de alerta de género— están dirigidas tanto al poder Ejecutivo como al Legislativo y Judicial.
La Comisión le indica a los tres poderes en el estado que el acceso efectivo y seguro a los servicios de interrupción legal del embarazo son esenciales para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
En el estado de Veracruz las mujeres continúan enfrentando una regulación restrictiva que pone en riesgo su salud, esto contribuye “a la alta tasa de muerte materna en el estado, en específico el 10.2% causada por aborto y el 27.1% por causas obstétricas indirectas; es decir, de las 22 muertes maternas que ocurrieron en Veracruz en 2014 por causa de abortos inseguros y causas obstétricas indirectas, algunas de ellas pudieron ser evitadas de haber sido vigente la casual legal de riesgo para la salud y el acceso efectivo a servicios seguros de interrupción legal del embarazo”.
El Congreso estatal que aprobó en julio pasado la reforma antiaborto de Duarte deberá legislar para modificar el artículo 149 del Código penal del estado para despenalizar el aborto antes de la décimo segunda semana de gestación; pero también reformar los artículos 150 y 154d para determinar las excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto; entre las que se incluyen la violación o causas involuntarias a la mujer.
“La Secretaría de Gobernación reconoce que en Veracruz hay un contexto de discriminación debido al marco jurídico y a la política pública vigente en materia de salud sexual y reproductiva y que transgreden los derechos humanos de los mujeres. Se establecen restricciones a derechos humanos específicos y se trata distinto a las mujeres de Veracruz que a las que habitan en otras partes del país”, dijo este martes Araceli González Saavedra, de Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres; principal promotora de la alerta.
Si el 24 de marzo próximo, el gobierno de Veracruz —ahora en manos de Miguel Ángel Yunes— no acepta las recomendaciones de la Conavim, se decretaría automáticamente la alerta de violencia de género en la entidad.
En caso de aceptarlas y trabajar en los cambios propuestos en términos de legislación y de política pública a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tiene un límite de 6 meses para que éstos sean una realidad y evitar la declaratoria de alerta de género.
Esto significa que Veracruz podría convertirse en el primer estado del país en tener dos alertas de género, pues en noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria por violencia feminicida en once municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
Falta de acceso a servicios de salud
Además de las violaciones a derechos que implica la reforma antiaborto de Javier Duarte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres encontró que en el estado las instancias de salud no cumplen con sus obligaciones de atender integralmente a las mujeres en situación de violencia sexual.
Las autoridades de salud no proporcionan el acceso a la Interrupción legal del embarazo a menos que la mujer entregue el mandato de una autoridad ministerial o judicial, lo que es violatorio a la Ley de Víctimas del estado.
Además, en los servicios de salud no se da aviso al Ministerio Público sobre los casos de violencia sexual con tratamiento de víctima a las mujeres. Lo que ocurre, documentó la Conavim, es que las mismas autoridades son quienes denuncian a las mujeres por el delito de homicidio. Del 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2016 se abrieron 22 investigaciones, de las cuáles entre los denunciantes están personal médico de la Cruz Roja, del Instituto Mexicano del Seguro Social y policías ministeriales y municipales.
