La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en San Luis Potosí.
[contextly_sidebar id=”Qdh8XUywRtUqGqT6TvBW5zYNFpLl49sv”]La investigación derivó de una denuncia realizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), contra la Unión Potosina de Industriales de la Masa Tortilla y Similares de San Luis Potosí, y la Unión de la Masa y la Tortilla en San Luis Potosí, por la presunta manipulación ilegal del precio del producto.
La Cofece define una práctica monopólica absoluta como contratos o arreglos entre competidores de un sector para manipular los precios, restringir o limitar la oferta del mercado.
El pasado 12 de enero, el presidente de la Unión de la Masa y la Tortilla de SLP anunció un incremento del precio del kilo de la tortilla de 13.00 a 15.50 pesos, lo cual representó un aumento concertado de 19% en dicha entidad.
De acuerdo a la comisión, en promedio, los hogares mexicanos gastan 2 mil 872 pesos al año en tortillas de maíz, lo que representa el 6.5% de su gasto en alimentos, y para los de más bajos ingresos este porcentaje se eleva a 8.5%.
“Tenemos indicios de que el precio de la tortilla fue manipulado, por ello se investiga. Adicionalmente, estamos en constante comunicación con la Profeco”, señaló el Titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, Carlos Mena Labarthe.
La Autoridad Investigadora de la Cofece puede requerir informes y documentos necesarios, citar a declarar a quienes tengan relación con los asuntos, así como ordenar y realizar visitas de verificación para la debida integración de la investigación.
Los agentes económicos señalados también deberán presentar las pruebas que a su derecho convenga.
El Pleno de la Cofece será el que resuelva si hubo o no una práctica monopólica absoluta. Si la hubiera las sanciones van desde una multa económica -hasta por el equivalente al 10% de los ingresos del agente económico responsable- hasta la inhabilitación por 5 años.
En cuanto a las personas físicas que hayan realizado estas prácticas ilegales podrían ser sancionados con 5 a 10 años de prisión.
