En 2016 las autoridades federales, estatales y municipales no pudieron garantizar el respeto a los derechos humanos, en algunas partes del país incluso no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia social pacífica, reclamó Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
[contextly_sidebar id=”7QCPbCSRzF9SSqmNEJCZG07vjqZPT2ni”]El Ombudsman señaló que problemas como la corrupción, la impunidad, y la falta de una efectiva rendición de cuentas, como los problemas para garantizar a los mexicanos el respeto a sus derechos.
A esto se sumó que servidores públicos de varios niveles cometieron delitos y abusos aprovechándose de sus cargos y que han quedado impunes.
“Ya sea por ineficiencias burocráticas o por una insolvencia ética de los servidores públicos, lo cierto es que esta situación ha fortalecido en la sociedad la percepción de que el cumplimiento y aplicación de la ley es algo discrecional”, señaló González Pérez durante la presentación del informe de labores de la CNDH en Los Pinos.
Señaló que en 2016 la falta de capacitación y la desidia de los funcionarios provocaron que continuaran prácticas como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias.
González Pérez destacó el trabajo de los familiares de desaparecidos que iniciaron su propia búsqueda “evidenciando la existencia de un gran número de fosas clandestinas e irregulares”.
“Solicitamos que las fosas que se ubiquen sean trabajadas con conocimientos técnicos y científicos especializados, a efecto de que la justicia y la verdad lleguen a quienes fueron enterrados en las mismas y a sus familiares”, añadió el ombudsman.
Persisten violaciones de derechos a migrantes, periodistas y mujeres
El titular de la CNDH también destacó los abusos y crímenes que sufrieron miles de niños, niñas y adolescentes migrantes que cruzan solos por México para llegar a EU.
En 2016, las autoridades también fallaron en garantizar mejoras sustantivas en el sistema carcelario, pues persiste el autogobierno y la corrupción.
También fue un mal año para los derechos humanos de las mujeres, pues “se hizo dolorosamente claro que en México, el sólo hecho de ser mujer, es razón suficiente para sufrir agresiones y violencia que inclusive llega a la privación de la vida”.
Señaló que en 22 estados se han iniciado procedimientos de Alerta de Violencia de Género, por violencia feminicida. El Ombudsman reprochó que el delito de feminicidio aún no está reconocido en todo el país y la violencia por cuestiones de género se presenta de manera cotidiana, sin que se adviertan vías para revertir esta tendencia.
El año pasado también destaca por las agresiones a periodistas, cuando se registraron 13 asesinatos de comunicadores, “tendencia que preocupantemente continúa en el año en curso con los homicidios y agresiones que se han registrado recientemente”.
“Las agresiones y crímenes contra periodistas y defensores de los derechos humanos no pueden permanecer impunes. En cada caso, demandamos investigaciones prontas, exhaustivas e integrales”, dijo González Pérez.
Las dependencias con más recomendaciones
El Ombudsman recriminó que las instancias de gobierno aceptan las recomendaciones pero las acciones y medidas reales de cumplimiento no se materializan o tardan mucho en concretarse.
“El que se acepten formalmente las determinaciones de la CNDH no siempre tiene una incidencia real en que los hechos violatorios a derechos humanos se sancionen y prevengan, ni en que las víctimas accedan a la verdad, justicia y reparación a la que tienen derecho”, expuso.
González Pérez dijo que los gobiernos atienden recomendaciones mediante “informes burocráticos que, por su extensión o complejidad, dilatan y distraen la actuación de los organismos” además de que proporcionan información incompleta.
Durante 2016, la CNDH emitió 72 Recomendaciones, dirigidas a 55 autoridades, lo cual significó un aumento del 20% frente a lo registrado en 2015.
Las cinco autoridades que registraron el mayor número de recomendaciones el años pasado son: el IMSS con 15 casos; la Secretaría de Marina, con 7; la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, con 6 caso cada uno; y la Secretaría de la Defensa Nacional con 5 recomendaciones.
Del total de recomendaciones emitidas en 2016, solo 2 han sido cumplidas en su totalidad, 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial, y 14 han sido aceptadas sin que se tenga pruebas de cumplimiento.
