Ya pasaron tres años y México se niega a reconocer derechos de trabajadoras del hogar

México lo firmó en 2011, se comprometió a ratificarlo en 2014, pero tres años después el convenio 189 de la OIT sigue siendo un sueño para 2.4 millones de trabajadoras del hogar cuyo trabajo aún no es reconocido legalmente.

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La mayoría de las trabajadoras domésticas son de bajos recursos, tienen bajo nivel educativo, muchas provienen de comunidades marginadas, son menores de edad.

“¡Qué estudiar ni qué nada, usted tiene que ayudar a sus papás a mantener y cuidar a sus hermanos!”, sentenció la abuela de Irene cuando la niña tenía solo 12 años. Siendo la mayor de 10, las posibilidades económicas de su familia eran agobiantes, así que aceptó la invitación de una persona de su pueblo –San Miguel Atlautla, Estado de México- para irse a trabajar a una casa en Polanco, en la Ciudad de México Era su primer trabajo pero solo permaneció cuatro meses allí, pues la señora que la empleó la golpeaba, la encerraba y la alimentaba todos los días con el mismo guisado: moronga. “Frita o en salsa verde pero siempre lo mismo”, recuerda Irene sobre ese infame periodo de su vida.

La joven logró salir de ese lugar, pero hoy considera que los malos tratos que recibió en su primera experiencia la condicionaron a tener una baja autoestima y aceptar, en lo sucesivo, tratos y condiciones inaceptables.

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Su siguiente empleo fue en un taller de costura en el que duró 20 años, hasta que en 2008 el patrón despidió a todas las costureras sin motivo y sin compensarlas. Con la orientación del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) se decidió a demandar al empresario y le ganaron hace tres años, pero él ha conseguido retrasar el pago con amparos y hasta ahora, Irene no ha recibido nada.

“También somos muy maltratadas como obreras”, lamenta Irene. En su empleo actual no la maltratan, admite, pero después de siete años, sus empleadoras no saben su apellido. No saben que hoy es sindicalizada y solo le preguntaron sobre su domicilio cuando creyeron que ella estaba planeando demandarlos. “No les interesamos más que para trabajar, no les importa cómo estamos ni quiénes somos”, dice la mujer de 59 años, quien espera que el Convenio 189 se ratifique para poder retirarse con una jubilación, luego de 47 años de trabajo, tres hijos y tres nietos, a los que ocasionalmente tiene que ayudar con recursos porque su hija no tiene un trabajo estable.

El caso de Irene es una de las razones de ser de la exigencia para que el gobierno mexicano ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que firmó tras su creación en 2011 pero aún no ratifica: busca otorgar seguridad jurídica y “trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del hogar”, cuyas condiciones habituales son salarios bajos, violencia verbal y física, restricciones a la libertad, humillaciones, marginación, racismo y abuso sexual, trabajo infantil y hasta secuestro temporal.

En 2014 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a enviarlo al Senado para su ratificación, pero tres años después, la promesa sigue incumplida. El Convenio ha transitado por varias instancias del Ejecutivo pero no logra aterrizar por dos problemáticas: la financiera y la administrativa. Mientras, las trabajadoras se han organizado en un sindicato para formalizar su trabajo y defender sus derechos, pero en tanto el convenio no sea ratificado, siguen desprotegidas por la ley ante los agravios que han sufrido desde siempre.

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Es un tema muy sensible…

Con una aplastante mayoría femenina, este sector es vulnerable en varios niveles: además de ser mujeres son de bajos recursos, tienen bajo nivel educativo, muchas provienen de comunidades marginadas, son menores de edad (la mayoría empieza a trabajar antes de los 18) y la ley no obliga a sus empleadores a reconocerlas. Este combo de desventajas hace fácil que se cometan todo tipo de abusos a puerta cerrada, con relaciones laborales informales basadas en la “confianza” y en una “integración a la familia del empleador”, lo que más que favorecerlas, limita aún más sus derechos.

El grupo que ha apoyado a Irene en sus varias peleas legales es el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), surgido del CACEH en agosto de 2015 para defender sus derechos humanos y laborales, combatir la discriminación, erradicar la violencia laboral y de género, así como impulsar la valoración económica y social de su trabajo. Formado inicialmente por unas 100 trabajadoras, actualmente cuenta con 860 miembros –tres son hombres–.

Es un sector predominantemente femenino, pues aunque son varios los trabajos de hogar realizados por varones, ellos no se consideran a sí mismos como trabajadores del hogar, incluso por eso no se afilian al sindicato y por eso resulta complicado contabilizarlos en los censos: en todo el país hay 2.4 millones de trabajadores del hogar, de los cuales el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no determina cuántos son hombres porque se asumen solo como choferes, jardineros o ayudantes para tareas técnicas del hogar, como electricidad o plomería, según explica Isidra Llanos, secretaria del Trabajo del Sindicato.

La ratificación del Convenio 189 es una de las más importantes causas del Sinactraho, ya que solo con este mecanismo internacional, México estaría obligado a cambiar muchas de las condiciones laborales actuales de estas personas: el artículo 14 establece que los países firmantes deben adoptar medidas para asegurar que las condiciones del trabajo del hogar “no sean menos favorables que las aplicables a los trabajadores en general”, lo que incluye seguridad social, vacaciones, aguinaldos, ahorro para el retiro, créditos para vivienda, y uno muy importante para estas mujeres: guarderías y descanso por maternidad.

Actualmente las leyes sí contemplan el trabajo del hogar, pero como una opción para el empleador y no como una obligación. El artículo 13 de la ley Federal del Seguro Social dicta que los trabajadores del hogar podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio “voluntariamente”, por lo que queda a criterio del patrón. Pero el aspecto que más preocupa a las trabajadoras es la cobertura: aun cuando consiguieran contratos por escrito de condiciones específicas, incluso si los patrones las inscribieran en el Seguro Social, sólo podrían tener servicio médico pero no otros beneficios como: incapacidad por motivos de salud o por embarazo, acceso a créditos, pensión en el retiro y guardería. Esto porque la ley del IMSS solo permite que el empleador las inscriba bajo el régimen voluntario -de cobertura limitada- y no permite apuntarlas en el obligatorio. El Convenio 189, sin embargo, obligaría al gobierno mexicano a adecuar la ley del IMSS y las que sean necesarias para garantizar el goce de todos estos beneficios para todos los trabajadores del hogar.

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Desde que el secretario Osorio Chong se comprometió a enviar el Convenio al Senado para su ratificación, las trabajadoras han buscado a todas las instancias para monitorear su estatus, pero no logran saber dónde está atascado. “Vamos a Gobernación y nos dicen que lo tiene Relaciones Exteriores; ahí dicen que ya está en las cámaras, ahí dicen que no ha llegado, que lo están esperando para aprobarlo, entonces… no sabemos dónde está”. El último contacto que tuvieron con Gobernación para pedirle la ratificación fue hace un año, en el marco del Día Internacional del Trabajador Doméstico, que se celebra cada 30 de marzo. El Senado ha lanzado varios pronunciamientos para que el Ejecutivo ya lo envíe pero esto sigue sin ocurrir.

“Desde cuándo se pudo haber ratificado, pero es un tema muy sensible y tiene que tomarse una decisión responsable”, advierte el senador Miguel Ángel Chico, presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado. El legislador explica que hasta este momento, el Convenio está en manos de la Presidencia, y que el principal obstáculo para su ratificación son las carencias presupuestales. Lo mismo les dijo Mikel Arriola, director general del IMSS, así como otras autoridades del Instituto en reuniones con el Sindicato, a quienes han dicho que no habría dinero suficiente para pagar el seguro de los 2.4 millones de trabajadores; además de las complicaciones administrativas que implica dar seguridad social a un empleado que trabaja para varios patrones a la semana. El senador Chico subraya que se requiere una adaptación gradual de las leyes una vez que haya recursos en el IMSS para asegurarlas a todas, pero confía en que esto pueda ocurrir todavía en este sexenio.

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*El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar está ubicado en Río Neva #16, Colonia Cuauhtémoc, Tel. 5207 5466

RECUADRO DATOS

  • El Convenio 189 está en vigor en 23 países, 12 de ellos latinos.
  • En Jamaica ya fue ratificado pero entrará en vigor el 11 de octubre 2017.
  • México lo firmó en 2011 pero no lo ha ratificado.
  • En México hay 2.4 millones de trabajadores del hogar, 95% son mujeres.
  • De ellas, sólo 7% están afiliadas al IMSS (alrededor de 2,000) muchas de ellas a través de las empresas de sus empleadores, y no como trabajadoras del hogar.
  • Un 70% de las trabajadoras son de entrada por salida, el resto son de ‘planta’.
  • Ninguna trabajadora del sindicato ha firmado un contrato con sus empleadores hasta el momento.
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