El río Atoyac, y su afluente Xochiac, nacen en Puebla y descienden a Tlaxcala, en un surco de 200 kilómetros junto al que habitan alrededor de 2 millones 300 mil personas, cuya salud está permanentemente amenazada por la inhalación de vapores y aerosoles que emanan del río, de aguas tan contaminadas que no permiten “condiciones de permanencia de los ecosistemas”.
[contextly_sidebar id=”AJLcmkZvYHyT3McdTrdFnn7NBBk9EIsC”]Luego de seis años de investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que este río (cuya carga de arsénico impide ya la vida acuática) fue abandonado por las autoridades federales, estatales y municipales, al menos desde 1995, las cuales lo dejaron a merced de industrias y poblados que descargan en él una lista abrumadora de contaminantes, sin ingún tipo de control.
Tal como señala la recomendación 10/2017 de la CNDH, emitida este 22 de marzo, las presiones sobre el río Atoyac iniciaron en los años 80, con el establecimiento en la región de “industrias textileras, químicas, de confección, de plástico, alimenticias, agroindustriales, metalúrgica y automotriz”.
Según reportes oficiales, en la actualidad, en esta región de Puebla y Tlaxcala operan 2 mil 15 fábricas y empresas manufactureras: 44% corresponden a la industria alimentaria, de bebidas y tabaco; 22% a la fabricación de prendas de vestir, productos textiles y curtidurías, 14% a la fabricación de productos metálicos; 8% a la fabricación de productos a base de minerales no metálicos; 8% a la industria de la madera y fabricación de muebles, colchones y persianas; 2% de impresión e industrias conexas; 1% de la industria química.
Empresas irregulares
A ellas, se suma un sinnúmero de empresas irregulares dedicadas al lavado de mezclilla, principalmente asentadas en las comunidades de
San Rafael Tenanyecac, Villa Alta, San Mateo Ayecac y Santa Ana Xalmimilulco.
En un alto número de casos, estas empresas descargan sus aguas residuales directamente al río o a la red de alcantarillado sin previo tratamiento, tal como determinó la CNDH.
Además, sólo 32% de las localidades de la región cuentan con drenaje, y el resto descarga sus aguas negras al río, sin tratamiento.
Al menos desde 1995, las autoridades han venido confirmando el incremento del contenido de materia orgánica, sales solubles, metales pesados, detergentes y grasas en la zona: los suelos agrícolas, regados con aguas del río Atoyac, están contaminados con plomo, cromo y cadmio, así como con cloroformo, cloruro de metileno y tolueno.
En las aguas del río se han detectado también altas concentraciones de materia orgánica y de sustancias inorgánicas como sulfuros, sulfitos y yoduros, además de cianuro,
La Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, detectó desde 2008 que en este río se descargaba mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cobre, cromo, cadmio, zinc, tolueno, dibromoclorometano, cloroformo, cloruro de vinilo, cloruro de metilo, fenoles, compuesto de benceno, nitritos y nitratos, fosfato y xilenos, y con esta agua se riegan los cultivos de la zona.
El agua, además, presenta altas concentraciones de “contaminación microbiológica”, como coliformes fecales.
Asimismo, a causa del uso excesivo de fertilizantes, se detectó presencia de nitrógeno y fosfato.
Alto grado de peligrosidad
Luego de detectar estos contaminantes, la Conagua determinó que la gente que vivía a menos de 2 kilómetros del río Atoyac y su afluente el Xochiac enfrentan “un alto grado de peligrosidad y potencial de exposición a contaminantes”, ante inhalación de vapores y aerosoles, así como por la ingestión de partículas, y de alimentos cultivados en la región.
Sin embargo, no hizo nada, más que imponer algunas multas económicas a 37 empresas… de las más de 2 mil que operan en la región.
De hecho, la CNDH detectó que la Conagua no hizo nada ni siquiera contra empresas reincidentes.
Luego, en 2009, se detectó que el agua del río Atoyac se tornaba azul en los municipios de Tepetitla de Lardizábal y San Martín Texmelucan, por las descargas industriales de las maquiladoras que lavan mezclilla, y que lanzan sus residuos al río, y más adelante, a la altura del municipio Nativitas, se confirmó que el río se vuelve negro, “debido a las descargas de industrias procesadoras de alimentos, metalúrgicas, químicas y de colectores industriales”.
La lista de contaminantes detectadas con el paso de los estudios siguió aumentando: hidrocarburos poliaromáticos, pesticidas, emulsificantes, plastificantes, dispersantes, cloroformo, cloruro de metileno, etilbenceno, tetracloroetano, fenantreno, naftaleno, antraceno…
Según la CNDH, todos estos contaminantes se acumulan en el organismo de los seres vivos, flora o fauna, “causando efectos carcinógenos y otros efectos adversos en los sistemas reproductivo, inmunológico, endocrino”, y en el desarrollo general.
“Las niñas y los niños –destaca la recomendación 10/2017– son especialmente vulnerables a los efectos negativos en la salud por la exposición a contaminantes químicos; tanto por la carga química transmitida por la madre durante el embarazo como por la exposición directa a fuentes alimenticias y de agua contaminadas.”
Además, señala, “la exposición al mercurio y el plomo en el útero y en los primeros años de vida pueden causar retraso mental, convulsiones, pérdida de la visión y del oído y retraso en el desarrollo”.
De hecho, la CNDH subrayó que la índices de mortalidad en los municipios por los que pasa el río Atoyac superan la media estatal, tanto en Puebla como en Tlaxcala.
La investigación de la CNDH se limitó a cinco de los 18 municipios por los que cruza el río Atoyac. En esos cinco municipios habitan 28 mil niños y niñas menores de 5 años y 22 mil adultos mayores.
Esta crisis ambiental en el río Atoyac y sus márgenes es conocida por las autoridades federales, estatales y municipales al menos desde el año 1995, sin embargo, “las autoridades no han llevado a cabo las acciones o tomado las medidas suficientes (…) para la protección de los recursos hídricos en la zona de impacto, de conformidad con sus facultades y atribuciones”, tal como concluyó la CNDH.
La negligencia de las autoridades, de hecho, queda ejemplificada con las explicaciones que rindieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando ésta les solicitó informes sobre la crisis del río Atoyac.
Empresas sancionadas continuaron arrojando contaminantes
La Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (de la Secretaría de Salud federal), así como las secretarías de Salud tanto de Puebla como de Tlaxcala reportaron que éste no es un problema que les incumba, ya que “el Río Atoyac no es fuente de abastecimiento de agua potable para uso y consumo humano”.
De hecho, los tres organismos negaron que existan “notificaciones de padecimientos asociados a la contaminación” de dicho río.
La Comisión Nacional del Agua, por otra parte, inició 37 procedimientos administrativos contra empresas que contaminan el río, pero dichas acciones se solucionaron con el pago de una multa económica.
Peor aún: algunas de esas 37 empresas continuaron arrojando contaminantes al río, aún después de haber sido multadas. Y lo que hizo la Conagua fue multarlas nuevamente, pero nunca detuvo sus operaciones, a pesar de que tiene la facultad para ello.
Lo mismo hizo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, federal): inició 25 procedimientos administrativos, pero ninguna sanción mayor.
Para la CNDH, el número de empresas sancionadas, aún con multas económicas, es ínfimo en comparación con las más de 2 mil fábricas que operan en la zona, lo que evidencia la inacción de las autoridades encargadas de proteger los recursos naturales del país.
Así, concluyó la CNDH, “de las evidencias analizadas, esta Comisión Nacional acreditó la responsabilidad de servidores públicos de la SEMARNAT, la CONAGUA, la PROFEPA, la COFEPRIS, los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, así como de las autoridades municipales de Huejotzingo y San Martín Texmelucan en el estado de Puebla, e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas y Tepetitla de Lardizábal en el estado de Tlaxcala, puesto que por acción y omisión no se ha garantiza do el derecho a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua y al acceso a la información” de los pobladores que sufren todos los días las consecuencias de esta inacción.
