CANCÚN, Q. ROO.- Por orden del Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo, se llevó a cabo una diligencia de desalojo de cuatro departamentos de lujo que estuvieron en posesión de propietarios que mediante presuntos actos fraudulentos adquirieron los inmuebles a precio de remate en el gobierno de Roberto Borge Angulo.
[contextly_sidebar id=”D9hd7Ec7jdFx1jlOeTAPMDfLu27yRPHp”]La orden judicial inició poco después de las 17:30 horas de ayer, cuando un actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 2 acudió con cerrajeros, personal de fletes y mudanzas, así como elementos de la policía estatal, al piso siete, departamento ocho, de la Torre A.
Al llamar a la puerta, al interior del departamentos se encontraron dos personas de origen cubano quienes al instante hicieron varias llamadas para localizar a los propietarios, quienes acudieron al llamado 30 minutos después de iniciada la diligencia, y mostraron escrituras y documentos de la adquisición del inmueble.
Sin embargo, la orden estaba clara: el departamento debía ser deshabitado en ese momento porque sus documentos carecían de validez al ser anulados por el juez.
Para los auténticos propietarios e inversionistas de origen español, la pesadilla inició hace 15 meses, cuando cinco supuestos trabajadores realizaron una demanda laboral en contra del corporativo Torres MAIORIS ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 2 de Cancún, entonces a cargo de Alexis Zavala Ayala.
En dicha Junta, Patricio de la Peña, secretario del Trabajo, y Enrique de la Cruz Pineda, subsecretario del 2011 al 2015, orquestaron simulaciones de los juicios laborales para embargar departamentos de lujo, no sólo en MAIORIS, sino también en el proyecto inmobiliario de Lagoon Loft, ambos en Cancún, indicó Francisco Siman Carpio, representante legal de los inversionistas.
“Fue mediante el juicio de amparo 405-2016 ante el Juzgado Tercero de Distrito contra un acto de autoridad, que iniciamos el procedimiento, porque en su momento no fuimos emplazados al juicio laboral de origen de este daño, tampoco se nos notificó y entonces se procedía al embargo por los despidos injustificados de ‘empleados a modo’, fijando sentencias millonarias que procedían al embargo; por tal motivo, el juez fijó una sentencia favorable y ordenó la anulación de las escrituras de compraventa llevadas a cabo y la restitución de la posesión de manera inmediata”, dijo el litigante.
Esta red de corrupción operó con la supuesta anuencia de Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, quien presuntamente cobijó estos actos en los que se generaban juicios apócrifos para despojar a propietarios de hoteles y departamentos de lujo en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
“La recuperación de los inmuebles valuados en un millón 450 mil dólares en conjunto, es por efecto de la resolución de amparo al nulificar todo el juicio laboral”, explicó el apoderado legal de MAIORIS Tower.
De acuerdo con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, hay por lo menos 34 afectados entre empresas–como MAIORIS– y personas físicas, en los que estuvieron involucrados “supuestos” trabajadores que provenían de Tabasco y Veracruz.
Estos departamentos de lujo, con las simulaciones de juicios laborales y hasta falsificación de firmas, estuvieron libres “de polvo y paja” pues quienes vendieron también evadieron al fisco; hoy ya recuperados, estos departamentos tienen valor comercial superior a los 28 millones de pesos.
En la lista de adquirientes de estos inmuebles aparece el nombre de Lenny Beatriz Manzanilla Hernández, quien se presume es hermana de uno de los trabajadores beneficiados por el “juicio laboral”.
También figuran los nombres de Edgar Sadot Rodríguez Esparza, Eladio Cruz López, Dominga González Martínez y Hugo Alfredo Galleti Cipadero, este último de Rivera Técnica S.A. de C.V.
Hace un año, Siman Carpio presentó ante el Juzgado de Distrito una demanda de amparo y protección de la justicia federal contra los actos del presidente y actuarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 2 y contra todo lo actuado en el juicio laboral de origen, específicamente, emplazamiento, laudo y ejecución del embargo dentro de la esfera estatal.
El operativo de desalojo concluyó a las 20:00 horas sin ninguna resistencia física; personal de fletes y mudanzas vaciaron en menos de dos horas los departamentos, luego de inventariar las pertenencias en cada condominio, mismas que quedaron a resguardo de la administración de MAIORIS para que los propietarios acudan a recogerlos.
