[contextly_sidebar id=”UuMoOO8RoFpdRJsVcM2JobSVZZSaI1rb”]El nuevo veto migratorio del presidente Donald Trump enfrentó su primer obstáculo judicial, luego de que un juez federal suspendió provisionalmente la medida en favor de la esposa e hijo de un refugiado sirio en Estados Unidos.
En paralelo, varias organizaciones defensoras de los derechos cívicos y de los refugiados anunciaron que enviarán un recurso a la justicia contra el decreto, que será examinado el 15 de marzo próximo, en la víspera de su puesta en vigor.
El juez federal de Wisconsin, William Conley, estimó en un fallo preliminar que se aplica únicamente a un sirio, quien había recibido el asilo en el país y a su familia, que”corre el riesgo de sufrir un daño irreparable” si se aplica el decreto.
El refugiado sirio pidió mantener su identidad en reserva porque su esposa e hijo aún viven en Alepo.
Esta es la primera medida judicial contra el nuevo decreto del presidente Donald Trump para cerrar temporalmente las fronteras estadounidenses a los refugiados y a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.
El decreto prohíbe el ingreso de los refugiados durante 120 días y la entrega de visados durante 90 días a ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
Se trata de una versión modificada del decreto implementado el 27 de enero, el cual terminó siendo suspendido el 3 de febrero por un juez federal de Seattle, después de que provocara una ola de indignación en el mundo.
El juzgado de Wisconsin estableció una audiencia para el 21 de marzo, y admitió posibles “diferencias importantes” entre las dos versiones del decreto, al indicar que los argumentos que favorecen la suspensión podrían ser confrontados por “otros tribunales”.
Organizaciones como ACLU, defensora de los derechos civiles, y varios estados como Washington, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nueva York y Oregon, emprendieron una batalla legal contra el decreto anunciando o introduciendo nuevos recursos en los tribunales federales.
La Casa Blanca defiende el decreto para reforzar la seguridad nacional y aplicar una política de “verificación extrema” en las fronteras para impedir las infiltraciones de extremistas yihadistas.
