En México, las cárceles están saturadas de reos que fueron sentenciados por delitos menores de drogas: según datos recolectados por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 4 de cada 10 presos federales por delitos de drogas fue detenido con sustancias ilícitas que tienen un valor por debajo de los 500 pesos.
[contextly_sidebar id=”xNwilL3kjdnLMFn8mY2eMGgyvyaIxYnv”]De hecho, tan solo el 14% de los presos por delitos contra la salud han sido procesados por la posesión de drogas que superen el millón de pesos.
Mientras que en 2011 en las cárceles federales mexicanas había hasta mil 509 internos que fueron sentenciados, no por traficar grandes cargamentos de droga, sino por “consumir” o “traer consigo” una bolsita de mariguana, a pesar de que por ley y se permite la portación de drogas para consumo personal.
Ante este contexto, el Colectivo de Estudios Drogas y Derechos (CEDD) elaboró el informe ‘Castigos Irracionales: Leyes de Drogas y Encarcelamiento en América Latina’, en el que documenta cómo México y otros nueve países de América Latina han abusado en los últimos años del “uso masivo” de la cárcel para castigar delitos de drogas, aun cuando no son violentos y de bajo nivel delictivo.
Asimismo, el informe del CEDD plantea una serie de medidas alternativas al uso de la cárcel para castigar delitos de drogas, como la creación de redes de apoyo para prevenir la reincidencia en jóvenes, promover el establecimiento de ‘clubes de cannabis’ legales, o no encarcelar a mujeres embarazadas y madres menores de edad condenadas por delitos de drogas no violentos.
“Los presos no son los grandes traficantes; en su mayoría, son gente pobre”
El estudio del CEDD apunta que en los últimos 15 años la población encarcelada por drogas en América Latina aumentó más rápido que la población carcelaria en general.
En México, mientras la población carcelaria se incrementó 7% entre 2002 y 2013, la encarcelada por delitos de drogas creció 19%; es decir, a un ritmo dos veces mayor.
Sin embargo, Brasil, donde la población encarcelada por delitos de drogas creció 267% entre 2006 y 2014; y Colombia, donde creció 289% de 2000 a 2015, son los países latinoamericanos donde más se disparó el número de presos por drogas.
Catalina Pérez Correa, coordinadora del CEDD y co-autora del estudio, explicó que estos aumentos de la población presa por delitos de drogas se debe a que “las cárceles se han convertido en la primera respuesta al tema de las drogas”, en vez de abordar la situación desde un punto de vista social, educativo y de salud.
“Los encarcelados no son los grandes traficantes que están atrás de la corrupción y violencia que acecha a nuestros países, sino en su gran mayoría son gente pobre con un rol insignificante en el tráfico y consumidores, y muchas veces por sustancias como el cannabis”, apuntó la académica.
En el caso de México, por ejemplo, el estudio señala que los internos sentenciados en el sistema penitenciario federal son principalmente hombres y mujeres jóvenes (mayoritariamente de entre 31 y 40 años), con hijos (78.8% de los hombres tienen al menos un hijo y 88.4% de las mujeres), y “con fuertes desventajas sociales”.
Además, la mayoría proviene de contextos violentos, cuentan con escasa educación, y tienen trabajos de baja remuneración.
En cuanto a los encarcelados por mariguana en México, Coletta Youngers, asesora en la organización civil Washington Office on Latin America (WOLA), y co-autora del estudio, resaltó que es “irónico” que en Estados Unidos el 20% de los ciudadanos vive en estados donde ya se ha legalizado o están por legalizar el uso recreacional del cannabis, “y mientras tanto, el gobierno de México sigue gastando recursos en encarcelar a consumidores de mariguana”.
Para prevenir el uso masivo de las cárceles en delitos menores de drogas en México y América Latina, el informe del CEDD propone 6 recomendaciones:
1.- Reformas Legales y el ‘club del cannabis’
El CEDD plantea la necesidad de que se ajuste “la respuesta penal” para que ésta sea proporcional al daño ocasionado por la persona infractora y reformar las leyes de drogas “para distinguir entre delitos de menor, media y alta escala” y para distinguir “entre niveles de liderazgo en las redes criminales, y entre delitos violentos y no violentos”.
Asimismo, insta a que se suprima la detención preventiva en el caso de delitos de drogas menores, tal y como sucede en México.
Otra alternativa es la creación de mercados legales y regulados de cannabis, “incluyendo clubes de cannabis”.
2.- Umbrales claros de cantidades mínimas
En segundo lugar, el informe del CEDD subraya que es necesario se fijen umbrales claros de cantidades mínimas de posesión de droga, “por debajo de las cuales no se pueda establecer actividad de comercio, pero sin permitir que por encima de dichas cantidades las personas puedan ser sancionadas por distribución y tráfico”.
Además, se propone que los gobiernos ofrezcan servicios de tratamiento voluntario y gratuito a las personas que presentan uso problemático de drogas, tanto cuando cometen delitos como cuando no.
3.- No encarcelar mujeres
El informe del CEDD resalta que no se debe encarcelar a las mujeres embarazadas y madres de menores de edad condenadas por delitos de droga no violentos.
En estos casos, “debe considerarse la aplicación de alternativas al encarcelamiento”.
4.- Castigar a los menores con servicios a la comunidad, no con la cárcel
En cuanto a los menores de 18 años, el CEDD recuerda que las mejores sanciones en estos casos son “aquellas que no implican encierros, tal como la libertad asistida o la prestación de servicios a la comunidad”.
En este caso, la organización civil pide que se dote de recursos financieros suficientes a los sistemas de Justicia Penal para Adolescentes, “a fin de que funcionen de forma especializada, justa y eficiente”, siguiendo lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño.
5.- Alternativas al encarcelamiento para reducir hacinamiento en prisiones
El CEDD pide que se realicen reformas para implementar alternativas al encarcelamiento de personas involucradas en delitos de drogas menores, y con ello reducir el hacinamiento carcelario y la reincidencia en la comisión de delitos.
Por ejemplo, propone la creación de redes de apoyo para prevenir la reincidencia de jóvenes, en vez de ser enviados a prisión, “atendiendo así los factores socioeconómicos que llevaron a la comisión de estas conductas”.
6.- Hacer un diagnóstico “serio”
Finalmente, el informe pide que cada país haga un diagnóstico “serio” para entender y analizar los impactos y la eficacia de las políticas de drogas actuales, “con el propósito de desarrolla e implementar políticas más humanas, eficaces y justas”.
Lee aquí o descarga el informe completo Castigos Irracionales: Leyes de Drogas y Encarcelamiento en América Latina’:
