El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asumió este jueves las competencias del Parlamento, de amplia mayoría opositora y al que considera en desacato, en una decisión que representa una escalada en la dura lucha de poderes de este país.
[contextly_sidebar id=”sy3CkE1PwiTD3LF0tL9QIYISESA3yUu2″]”Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho”, indicó un fallo del Tribunal Supremo (TSJ) publicado la noche del miércoles.
El TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Nicolás Maduro, declaró en desacato al Legislativo a inicios de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral. También ha anulado todas las decisiones de los asambleístas.
Aunque la cámara desincorporó a esos parlamentarios posteriormente, la corte considera que el acto no fue formalizado.
“Es un tribunal fraudulento que interpreta la Constitución contra su propio texto”, protestó este jueves el diputado opositor Henry Ramos Allup.
“Nosotros debemos seguir cumpliendo nuestros deberes (…) y seguir ejerciendo a cualquier riesgo nuestras funciones, porque a nosotros una persona no nos dio un título de diputados, sino que fuimos electos”, añadió Ramos Allup en una entrevista radial.
La nueva decisión judicial de la Sala Constitucional del TSJ se produce un día después de que el propio tribunal retiró los fueros a los diputados, utilizando como alegato el desacato, lo que abre la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares militares.
Ello mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero. La cita en Washington acabó sin acuerdos, pero 20 países suscribieron una declaración conjunta en la que expresan “preocupación por la difícil situación política, económica, social y humanitaria” de Venezuela.
La bancada opositora aprobó el pasado 21 de marzo un acuerdo en el que pidió a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que fue calificado por el mandatario como “traición a la patria”, un delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.
La ley indica que el gobierno, para constituir empresas mixtas en el sector petrolero, necesita “la aprobación previa” del Congreso. Sin embargo, al declarar “omisión legislativa”, la corte indicó que no existe “impedimento alguno” para que el Ejecutivo las cree sin pasar por una votación de los diputados.
La gestiones en la OEA son promovidas por el secretario general de la organización, Luis Almagro, quien exige convocar a elecciones generales en corto plazo y liberar a un centenar de opositores presos.
Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral los pospuso para 2017 y aún no fija fecha.
