El 22 de abril de 2014, el turista José Guillermo Ascencio Lara –universitario de 18 años– murió electrocutado en el hotel donde se hospedaba, el Embajadores del Mar, ubicado en el municipio de Progreso, Yucatán.

Para el momento en que este fallecimiento se reportó, este hotel pertenecía a uno de los empresarios más influyentes del estado, Héctor José Navarrete Muñoz, director de la cadena de aeropuertos Asur.

Tal como consta en los peritajes realizados en el hotel Embajadores del Mar, el cuarto en el que este joven turista fue hospedado presentaba electrificación de muros y piso, a causa de una instalación eléctrica deficiente y, de hecho, se tomó registro fotográfico del punto en la pared del balcón desde donde salió la descarga eléctrica que le quitó la vida, así como de las anomalías del sistema eléctrico del inmueble.

Todas estas evidencias fueron integradas al expediente del caso, sin embargo, a la hora de presentar resultados, las autoridades estatales difundieron una versión de los hechos distinta a la que las pruebas indicaban: oficialmente, la versión de las autoridades fue que José Guillermo había tocado los cables de alta tensión que pasaban frente al balcón de su recámara, y que fue por su culpa que perdió la vida.

Es decir, afirma don José Luis en entrevista, que “a mi no me pudieron engañar”.

La mentira

“Guillermo era un muchacho muy especial –narra su padre–, todas sus amistades lo querían muchísimo, y cada vez que nos íbamos a la playa, donde tenemos una casita, él venía con seis, siete, u ocho amigos y amigas.”

En abril de 2014, sin embargo, la casa familiar ubicada en la playa de Progreso había sido prestada, por lo que Guillermo y cuatro amigos, quienes tenían planes de acudir a divertirse, decidieron rentar una habitación de hotel.

“Su mamá y yo estábamos preocupados, porque era la primera vez que lo dejábamos irse solo, así que yo mismo llevé a los muchachos hasta Progreso, y los dejé en el hotel… dos días después, mi hijo estaba muerto.”

Según las conclusiones de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, José Guillermo vestía un short, y en la mano llevaba una camisa roja, cuando salió al balcón de su habitación.

La versión de las autoridades indica que Guillermo, accidentalmente, estiró la mano con la que portaba la camisa y ésta tocó un cable de alta tensión, provocándole la muerte por “fibrilación ventricular”.

Aquí está, de hecho, la primera incongruencia: tal como reportó la Comisión Federal de Electricidad, en oficio del 20 de mayo de 2014, el cable que pasa frente al balcón del hotel Embajadores del Mar tiene una tensión de 13.2 mil voltios, la cual, según el perito en criminalística Jorge Isaac Barquet Gómez, provoca quemaduras graves, internas y externas, heridas que no presentaba el cuerpo de Guillermo.

Por el contrario, la misma necropsia realizada por la Fiscalía determinó que la muerte se dio por “fibrilación ventricular”, alteración en ritmo cardiaco que se produce sólo por descargas de baja tensión, que oscilan entre 10 y 120 voltios, tal como subraya el peritaje en criminalística de Barquet, integrado a la averiguación previa iniciada por las autoridades de Yucatán.

Cabe entonces preguntarse: ¿de dónde pudo provenir una descarga de entre 10 y 120 voltios?

La respuesta la dan las mismas placas fotográficas tomadas por agentes de la Fiscalía yucateca, cuando inspeccionaron la habitación de Guillermo: según estas imágenes, tanto el piso como las paredes del lugar registraban voltaje de entre 7.34 y 12.24 voltios.

Los agentes ministeriales también tomaron fotografías del cable conduce la electricidad desde el poste ubicado en la calle, hasta el hotel. Estas imágenes muestran que el cable alimentador, descarapelado, toca el barandal de uno de los balcones del inmueble.

Al romper una de las paredes de estos balcones, se descubrió que no eran de concreto, sino de tabla-roca, fijada con postes metálicos.

El mismo dictamen en criminalística concluyó que el efecto conjunto de una mala instalación eléctrica, la humedad del inmueble y paredes con estructura metálica, indican que la muerte de Guillermo fue provocada por una descarga proveniente de una pared del balcón en el que el turista se encontraba.

El cuerpo del joven, de hecho, presentaba una herida menor en el muslo izquierdo, ubicado a la misma altura de la perforación con hollín detectada en el balcón en el que se encontraba, por lo cual, según el perito Barquet, puede presumirse que ese fue el punto por el que pasó la energía eléctrica.

El dictamen en criminalística destaca también que Guillermo no pudo haber alcanzado el cable de alta tensión que pasaba frente a su balcón, ya que este cable se encontraba a una distancia de 1 metro y 30 centímetros, longitud que no cubre el brazo del turista, ni siquiera si se le suma la playera estirada.

Esta playera, cabe destacar, tampoco mostraba ningún signo de quemadura, previsible ante un contacto con un cable de tensión eléctrica.

Por último, las autoridades yucatecas comprobaron que el hotel Embajadores del Mar carecía de licencias de operación, además de que no contaba con una instalación eléctrica comercial, sino doméstica.

Todas estas evidencias, no obstante, fueron ignoradas en el dictamen final de la Fiscalía General de Yucatán, que decretó el no ejercicio de la acción penal, bajo la lógica de que Guillermo murió cuando tocó con su camisa el cable de alta tensión.

Para poder sustentar esta versión, las autoridades tuvieron que borrar algunas evidencias: en el dictamen forense, por ejemplo, la Fiscalía omitió inscribir la herida en el muslo izquierdo de Guillermo, que coincide con la perforación del balcón. Esta lesión, sin embargo, sí quedó registrada en el levantamiento fotográfico realizado durante la misma autopsia.

Además, se negaron a asegurar la habitación de hotel en la que murió el joven turista, permitiendo así que este lugar fuera alterado por su propietario, quien sustituyó todo el mobiliario eléctrico y recompuso la instalación eléctrica.

Por todas estas irregularidades en la actuación de las autoridades, al investigar la muerte del joven universitario José Guillermo Ascencio Lara, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió en septiembre de 2015 su recomendación número 16, a través de la cual exigió a la Fiscalía local corregir las anomalías en la investigación, y sancionar a los responsables.

Un año y medio después de que dicha recomendación fue emitida, ningún implicado ha sido sancionado.

La impunidad

“Yo creo que hay dos responsables de la muerte de mi hijo –explica el señor José Luis Ascencio–: el primer responsable es Héctor José Navarrete Muñoz, quien de manera negligente construyó y puso en operación un hotel, sin contar con instalaciones seguras para los turistas. Eso lo vuelve responsable de homicidio culposo. Y el otro responsable es la corrupción, porque, sólo mediante la corrupción se puede explicar que funcione un negocio así, que no cumplía con ninguna norma de protección civil, y que nadie se diera cuenta”.

Cuando murió Guillermo, al frente de la Fiscalía General de Yucatán estaba Celia Rivas (hoy diputada local y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Yucatán), y “ella se encargó de encubrir al dueño de este hotel, que es una persona muy poderosa, porque dirige todos los aeropuertos del estado”.

Para diciembre de 2014, ocho meses después de la muerte de Guillermo, Navarrete Muñoz vendió el hotel, cuyos dueños actuales presentaron luego una demanda por “daño moral” contra el señor José Luis Ascencio, de quien exigen una indemnización de 2 millones de pesos.

–¿Qué tipo de daño moral pudo haber usted causado a los nuevos propietarios?

–Yo creo que, en realidad, la venta del hotel fue sólo una fachada, una manera del empresario Héctor Navarrete para lavarse las manos, mediante el uso de prestanombres, y ahora, a través de esas mismas personas, intentan hostigarnos, para que dejemos de denunciar… Es alguien que cuenta no sólo con el apoyo de Celia Rivas, sino directamente del gobernador Rolando Zapata. Entonces, este es un pleito de David contra Goliat… Yo no soy tonto: sé cómo está la situación, sé que tengo pocas probabilidades de obtener justicia, si es que no son nulas. Pero tengo que hacer lo que me corresponde, y creo que cualquier padre haría lo mismo, si estuviese en una situación como la mía.

–En Yucatán, ¿ha recibido apoyo?

–No –lamenta–. nadie me escucha, nadie se quiere inmiscuir, hemos ido a ver a todo mundo: tanto personajes de la política, el empresariado, maestros de escuelas de derecho, a nadie le interesa ayudarnos. Saben que el pleito que traemos no es contra el dueño del hotel, sino contra la Fiscalía General, que está encubriendo al dueño del hotel. Por eso nadie se mete a ayudarnos.

Animal Político buscó a las autoridades de la Fiscalía de Yucatán pero hasta el cierre de esta edición no habían respondido a la solicitud del medio.