La cancillería de Guatemala notificó en una misiva a las autoridades mexicanas, luego de recibir lo resuelto por un tribunal guatemalteco, que el miércoles escuchó la acusación de la Fiscalía, por los cargos por los cuales fue detenido el exgobernador.

“El gobierno mexicano cuenta con sesenta días naturales para que se presente la solicitud formal de extradición del señor Javier Duarte de Ochoa, quien fue aprehendido el 15 de abril, presentando la documentación que corresponde, haciéndole saber que de no hacerlo dentro del plazo señalado se revocarán las medidas de coerción del reclamado”, dijo la cancillería en su carta.

Asimismo, envió una copia del fallo del tribunal guatemalteco que recibió la acusación de la Fiscalía, y que forma parte del trámite de extradición de Duarte, de 43 años.

El exgobernador fue detenido en un hotel del poblado turístico de Panajachel, a orillas del lago de Atitlán, por solicitud de las autoridades mexicanas, que lo acusan de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre las acusaciones figura el uso de “prestanombres” para la adquisición de inmuebles “que provenían del erario del gobierno del Estado de Veracruz”.

Durante la gestión de Duarte (2010-2016), Veracruz se convirtió en uno de los estados más violentos de México, con sangrientos asesinatos por parte de cárteles de narcotraficantes, varios casos de desaparición forzada y el asesinato de periodistas.

Duarte, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), renunció a su cargo el año pasado antes de terminar su mandato y aseguró en una entrevista con la cadena Televisa que él no huiría, que quería “dar la cara” para enfrentar las “infamias, calumnias que no tienen sustento” en su contra.

Las autoridades guatemaltecas mantienen abierta una investigación para establecer los nexos locales que pudiera tener Duarte, que le habrían ayudado a ingresar y permanecer en el país centroamericano.

El exfuncionario mexicano está recluido en el cuartel militar Matamoros de la capital, donde habilitaron un área como cárcel para reos considerados de alto impacto.