Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Policías y fiscales no identifican a las víctimas por su identidad de género, solo por los genitales; y así, los asesinatos de las personas trans quedan por fuera de las estadísticas oficiales. Al ocultamiento de esta problemática se suma la falta de investigación, que afecta sobre todo a las mujeres trans, las más vulnerables a los crímenes de odio.

Leer el especial: Piden asilo para ser trans 

[contextly_sidebar id=”gIfPJeOy0npCXqtR8Iesx4o70lHAdJKY”]Pero desde enero de 2008 a septiembre de 2016, un observatorio independiente, proyecto de la organización Transgender Europe (TGEU), ha contabilizado los crímenes de 157 personas trans en América Latina, siendo la mayoría de Honduras (89), seguido de Guatemala (40) y El Salvador (30). Sin embargo, reconocen que estas cifras son solo la punta del iceberg y muchos ni siquiera son reportados.

En México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) está negando este derecho de forma sistemática e irregular, según han reportado organizaciones de apoyo a migrantes. De hecho en 2016 ni siquiera una tercera parte de los solicitantes fueron reconocidos como refugiados.

Mientras recorren México para cruzar la frontera con Estados Unidos, el único espacio que les ofrece una estancia segura y libre de odios es el Hogar Refugio La 72 en Tabasco.

Aunque Estados Unidos reconoció desde 1994 a las personas LGBTI como minorías perseguidas, hasta la fecha no se ha dado a la tarea de registrar el número de casos de asilo en función de la orientación sexual ni de la identidad de género.
La organización Center For American Action Fund (CAP) ha tratado de cubrir este vacío estadístico a partir de los casos atendidos por la organización Immigration Equality (IE) y Human Rights First.

Los asilos reconocidos a las personas trans provenientes de México y el resto de países centroamericanos pasaron de ser solo dos casos en el año 2010 a un total de 23 en 2016. Tres de cada 10 casos proceden de estos países, pero es solo una pequeña porción de la población que requiere esta protección o que está en condiciones de solicitarlo. Muchas de ellas permanecen en situación irregular con el temor a ser deportadas a la misma tierra de la que tuvieron que huir.

Para dejar de esconderse y ser quienes quieran ser, las mujeres transgénero de El Salvador, Guatemala y Honduras toman la decisión de huir. Su tierra les negó una vida con dignidad y por eso no les queda otra que renunciar a su país y a su cultura para poder mantener su identidad, el género con el que se sienten identificadas.

En los países del Triángulo Norte, las lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) sufren a diario discriminación y amenazas. Pero, las personas de la diversidad sexual reconocen que las mujeres trans – como les gusta nombrarse a ellas mismas- son las más afectada por la violencia.

Aunque los hombres trans, de sexo biológico femenino pero con identidad masculina, también sufren la persecución, se han reportado en menor cuantía. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las mujeres trans son más visibles en el ámbito social y eso las convierte en el blanco de ataques por desafiar las normas de género.

La violencia creciente contra esta población ha alertado a la CIDH. Según un comunicado reciente de la Comisión, solo en los primeros meses de 2017 se han registrado 41 crímenes contra personas LGBTI en siete países del continente americano, 17 de ellos en El Salvador.

El Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos (ACNUR) concluyó en 2015, que a partir de varios estudios realizados en diversos países, las tasas de pobreza, la falta de un hogar y la inseguridad alimentaria son más elevadas entre las personas LGBTI, que en el resto de la población. Pero específicamente entre la población de personas trans, pues al no tener un reconocimiento legal de su género y adecuar sus documentos de identidad oficiales, “enfrentan múltiples problemas para hacer valer sus derechos, entre otras cosas en el ámbito laboral y de la vivienda, así como a la hora de solicitar un crédito bancario o prestaciones estatales, o cuando viajan al extranjero”, señala ACNUR.

Por esta violencia las trans huyen y piden refugio en México, donde la burocracia de los procesos y las irregularidades detectadas en esta investigación, termina por negarles el estatus de protección.  

Algo similar, pero mucho más complejo, sucede en Estados Unidos donde ha aumentado la cantidad de solicitantes de asilo de los países del Triángulo Norte. Los procesos para obtener la protección se ralentizan y las mujeres trans tienen que esperar por años en un limbo legal y con el temor de ser finalmente deportadas.

La falta de justicia que silencia

Los tres países del Triángulo Norte registran cada año miles de homicidios, pero sobre todo El Salvador y Honduras, que suelen ocupar las primeras posiciones en el mundo dentro de la lista de países que no están en guerra.

Para distinguir y reconocer a las víctimas de la diversidad sexual entre las miles y miles de víctimas que produce esta región, no existen censos ni registros oficiales en función de la orientación sexual y la identidad de género. Esto se convierte en un obstáculo para identificar los ataques por odio o discriminación; una agravante penal que, sin embargo, ya es reconocida en El Salvador y Honduras.

Los crímenes por odio o basados en el perjuicio contra la diversidad sexual suelen darse en países, “cuyas sociedades y Estados no aceptan y castigan las sexualidades, identidades y cuerpos que no se ajustan a los estándares sociales de corporalidad femenina o masculina”, apuntó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por eso, desde 2015, la CIDH recomendó a todos los países de la región “realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y analizar datos estadísticos de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales”, esto como parte de las conclusiones del Informe de Violencia contra personas LGBTI en las Américas.

Este informe fue elaborado junto al Registro de Violencia, donde se contabilizaron 342 asesinatos de personas trans en todo el continente americano. A partir de estos datos se concluyó que el 80 por ciento de las personas trans asesinadas entre enero de 2013 y marzo de 2014 tenía 35 años de edad o menos. Pero el promedio de las víctimas asesinadas a inicios de este año es aún menor, 28 años, según un comunicado de la CIDH publicado en marzo pasado.

Ante la no visibilización del problema, diagnosticado ya como un fenómeno global, la organización Transgender Europe (TGEU) inició a finales de la década pasada el  Observatorio de Personas Trans Asesinadas. Tomando datos de 190 países, este observatorio conocido como TMM por sus siglas en inglés, reporta datos de todos los asesinatos de personas trans que han  sido publicados en Internet desde 2008.

Este proyecto surge al reconocer que no había existido monitoreo sistemático de violencia de odio ni informes sobre asesinatos hacia personas trans a nivel internacional. Hasta entonces, el único archivo que documentaba estos crímenes a escala global era el sitio web del Día Internacional de la Memoria Trans (TDoR), basado en los Estados Unidos, según indica el observatorio en el informe de 2016.  Sin embargo, este archivo presentaba falencias respecto a los registros de crímenes retomados por organizaciones en Brasil durante 2008, por lo que “esta disparidad de datos fiables sobre la violencia de odio a escala global ilustró la necesidad del proyecto TMM”.

Desde enero de 2008 a diciembre de 2016, el observatorio reportó los crímenes de 159 personas trans en esta región, siendo la mayoría de Honduras (89), seguido de Guatemala (40) y El Salvador (30).

En términos relativos a la tasa de población, Honduras es el país con más crímenes de personas trans del mundo desde 2008, 10.7 por cada millón de habitantes. El tercer lugar es para El Salvador con una tasa de 4.6 crímenes por millón de habitantes.

Las estadísticas son retomadas de diversas organizaciones aliadas y a través de voluntarios del proyecto. Sin embargo, TGEU reconoce que muchos casos ni siquiera son registrados como personas trans o se publican solo en medios impresos, lo que dificulta el seguimiento en línea. Por eso dejan claro en el informe anual que estos datos “únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”.

El único crimen de una mujer trans registrado en Guatemala el año pasado fue el de la activista Evelyn Zulma, de la organización OTRANS Reinas de la Noche, registrado el 18 de noviembre de 2016 en la capital guatemalteca. Evelyn fue asesinada en su casa y presentaba señales de tortura. La víctima era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde el 3 de febrero de 2006.

En El Salvador, las muertes de mujeres trans también han llamado la atención de la opinión pública después que tres de ellas fueran asesinadas en un plazo de 72 horas. Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez fueron asesinadas y sus cuerpos encontrados el pasado 19 de febrero, al salir de una fiesta organizada por el alcaldía de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz. Elisa Castillo fue privada de libertad cuando acudía a la vela de sus amigas, su cadáver apareció un día después, el martes 20, amarrado de pies y manos.

El rumor de una orden de las pandillas para matar a todas las trans corrió rápido entre la comunidad. El temor provocó la huida de varias de ellas, algunas hacia México donde ya han solicitado refugio. A la fecha no se cuenta con capturas ni información oficial sobre el avance en las investigaciones de estos crímenes.

Según un reporte dado a conocer por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) luego del triple crimen, 136 personas LGBTI, en su mayoría trans, han huido del país hacia México y Estados Unidos durante los últimos años.

A la denuncia por estos crímenes se unió la conocida activista trans, Karla Avelar, directora de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS Trans). Esta salvadoreña es una superviviente de la ruta crítica que siguen las mujeres trans a causa de la discriminación.

Karla tuvo que abandonar la casa donde vivía con su abuela a los 9 años de edad, tras ser agredida sexualmente por uno de sus primos. A esa edad dejó también la escuela, conoció la vida en la calle y la explotación infantil. Entre otras agresiones, fue secuestrada y víctima de una violación colectiva por parte de pandilleros. Prácticamente la dieron por muerta.

Su primera amiga trans, Diana, quien fue asesinada, le enseñó el trabajo sexual. En las calles y cuando empezaba a ponerse difícil la situación con las maras, Karla se negó a pagar la extorsión. Le pegaron 10 balazos y aún no se explica cómo sobrevivió. Cuando estaba hospitalizada le diagnosticaron el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Años después, por una reyerta callejera fue acusada y condenada por homicidio. En la cárcel era abusada todos los días, tenía que compartir celda con hombres, la mayoría pandilleros. Entonces ya tenía sida, pero no decía nada a sus agresores por el temor a que la mataran.

“Empecé en el activismo porque no quería que otras trans que fueran presas pasaran por lo mismo que pasé yo. Ahora se cuenta con un área separada para las trans en el penal de Sensuntepeque (municipio al noreste de El Salvador), les dejen ir con el pelo largo y mantener su expresión de género dentro de los penales. También pueden seguir con sus tratamientos de VIH-Sida…”, reconoce Karla.

COMCAVIS Trans fue una de las peticionarias de la audiencia que se desarrolló el 21 de marzo de este año ante la sede de la CIDH, donde se presentaron las deficiencias en el cumplimiento de los derechos humanos de la población LGBTI de El Salvador, y en especial por la impunidad en la mayoría de crímenes. En dicha audiencia se mencionó que solo unos pocos casos de personas de la diversidad sexual han sido procesados judicialmente, que la mayoría de las investigaciones quedan estancadas y que, además, hasta la fecha no se cuenta con ningún precedente en los casos de homicidio.

Aunque la Fiscalía General de la República de El Salvador, no acudió a la audiencia, los representantes de la misión permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, leyeron el informe de avances del Ministerio Público a los comisionados de la CIDH. Según se conoció en ese momento, la Fiscalía estaría investigando 109 delitos cometidos contra personas LGBTI entre diciembre de 2014 y el 3 de marzo de 2017; además de haber judicializado 12 casos. La mayoría son, en este orden, por amenazas, lesiones y homicidio agravado.

Las peticionarias no cabían en su asombro y pidieron que de ahora en adelante la información se hiciera pública. Aseguraron haber solicitado esos datos durante años como parte de su trabajo en defensa de los derechos humanos, pero insistieron que siempre se les había negado por considerarse inexistente.

Finalmente, el pasado 6 de abril, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, juramentó a los funcionarios que integrarán la mesa técnica de Investigación de casos de la población LGBTI.

Pero la investigación de los crímenes contra mujeres trans es una deuda que el Estado salvadoreño acumula desde hace años. Como precedente, Pati Hernández, trans salvadoreña, y exdirectora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de Personas Trans (Aspidh Arcoíris) participó en numerosas actividades para denunciar las omisiones del Estado al no investigar los crímenes contra la diversidad sexual en El Salvador, sobre todo en 2014, cuando reportaron un aumento de denuncias.

“La Fiscalía no tiene los registros reales, y hay pruebas- argumenta Pati-. Hasta julio de 2014 no coincidían los registros con las pruebas de 15 madres que lloraban a sus hijas trans y gais hasta esa fecha”.