La justicia de Estados Unidos tiene preferencia sobre la de México en el caso de extradición de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, pues los cargos que le imputan dos cortes de Texas son mayores que los del formulados en México.
En México, Yarrington tiene una orden de aprehensión librada por el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
[contextly_sidebar id=”zxWah3Nq2AfX1wIOZE17ASuLVPwAr1mI”]Sin embargo, en dos cortes distintas del Distrito de Texas, Estados Unidos, Yarrington está acusado – desde 2013 – fraude, asociación delictuosa, vínculos con el crimen organizado, robo de dinero público, lavado de dinero y evasión de la justicia.
De acuerdo con el artículo 15 de la Convención Interamericana sobre Extradición, cuando hay más de un país solicitando la extradición de una persona por delitos diferentes “se dará preferencia al Estado que reclame a la persona por el delito que sea sancionado con pena más grave según la ley del Estado requerido. Si se tratare de hechos diferentes que el Estado requerido considera de igual gravedad, la preferencia será determinada por la prioridad del pedido”.
El historial delictivo de Yarrington en EU es largo.
Tras haber sido detenido este domingo en Florencia, Italia, tras una petición e investigación de la justicia estadounidense, de concretarse la extradición a Estados Unidos —y no a México, en donde también tiene un proceso pendiente—, el exgobernador de Tamaulipas tendría que responder a la investigación que ha conducido desde 2013 la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró de Investigación Criminal (FBI).
De 1998, cuando fue candidato del PRI a la gubernatura por Tamaulipas y hasta 2013 que se le acusó formalmente en Estados Unidos de diversas violaciones a la ley, Yarrington acumula once cargos en su contra.
Según el documento, en 1998 y como candidato a la gubernatura, Tomás Yarrington comenzó a recibir sobornos por parte de las organizaciones del narcotráfico que operaban en Tamaulipas. Aunque se desconoce el monto exacto que recibió como candidato, la demanda estadounidense señala que fueron “millones de dólares” que fueron cobrados por la policía estatal que después controlaría Yarrington para permitir actividades delictivas.
A partir de ese año, y todavía sin tomar protesta como gobernador de la entidad, Yarrington adquirió un condominio de lujo en South Padre Island en Texas que le costó 450 mil dólares y que puso en manos de un prestanombres que fue parte de la red que conspiró con el crimen organizado y en operaciones de lavado de dinero y robo de recursos públicos.
Todos los gastos adicionales que tuvo Yarrington de este departamento de lujo como mantenimiento o reparaciones fueron pagados por alguno de los conspiradores que participaron en esta red de lavado de dinero, indica la demanda.
Los gastos del exgobernador —que fueron en promedio 900 dólares mensuales, y según los registros disponibles se efectuaron cada mes desde que adquirió la propiedad en 1998 y al menos hasta marzo de 2012— fueron pagados con dinero ilícito.
A ello se suma la información disponible de que durante toda la gestión de Yarrington —febrero de 1999 a diciembre de 2004— siguió recibiendo una cuota de parte del crimen organizado para permitir distintas actividades delictivas.
“Durante ese tiempo el Cártel del Golfo importó y distribuyó varias toneladas de cocaína y mariguana”, cita el texto.
Según información de autoridades mexicanas y estadounidenses, en esos años ocurrió el mayor crecimiento de las actividades del Cártel del Golfo desde la década de 1970.
Antes de dejar el cargo, más crimen
Tomás Yarrington se hizo de más propiedades a través de prestanombres meses antes de dejar el cargo. En Puerto Isabel, Texas compró otra propiedad en febrero de 2004 y como hizo con la que adquirió meses antes de ser gobernador, se encargó que el mantenimiento, reparaciones y otros gastos se hicieran hasta 2012 a través de terceros.
Pero a partir de ese año —tras presuntamente haber efectuado un robo al erario de Tamaulipas por varios millones de pesos— inició con Fernando Alejandro Cano Martínez, el principal contratista durante su gobierno, la apertura de empresas en Estados Unidos para realizar diversos fraudes bancarios.
Los préstamos que recibieron unas ocho empresas creadas en Estados Unidos y ligadas a Yarrington y en las que Cano Martínez fungía como aval recibieron montos que van desde los 3 millones de dólares, hasta 6 millones 650 mil dólares, cada una.
El dinero se obtuvo entregando información falsa que derivó en un fraude bancario millonario.
Ese contratista que lideró el fraude fue detenido en febrero pasado en Nuevo León, México, pero horas después fue liberado pese a la investigación que existe en su contra en Estados Unidos.
Y así como las empresas fachadas recibían préstamos en Estados Unidos, diversas cuentas en México en instituciones como Bancomer, ScotiaBanck, Banamex y Banregio “recibieron decenas de millones de pesos” sin origen lícito comprobable que luego eran trasladados a una cuenta en el banco Monex.
De la cuenta en Monex, los fondos se transferían de nuevo a una cuenta en McAllen, Texas.
Sólo en junio de 2008 se hicieron transferencias bancarias entre México y Estados Unidos por 545 mil 887 dólares.
Pero además del lavado de dinero y red de fraude bancario que encabezó Yarrington con el contratista Fernando Alejandro Cano Martínez, en Estados Unidos lo acusan de haber negociado con el Cártel del Golfo y el cártel de los Beltrán Leyva para facilitar el trasiego de droga por el Golfo de México.
Los registros de la DEA muestran que desde 2007 y al menos hasta 2009, Tomás Yarrington acordó con esas organizaciones del narcotráfico el acceso “sin obstáculos” de grandes cantidades de cocaína desde y hacia el Puerto de Veracruz, México, “a cambio de un porcentaje por cada carga”.
Los once cargos que deberá enfrentar Yarrington en caso de extradición son parte de una demanda disponible desde mayo de 2013 que lo señalan como responsable de delitos graves que acumuló a lo largo de quince años.
