El juez Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó al gobierno federal emprender “las medidas pertinentes” para impedir que “empresas y terceros” continúen realizando descargas de contaminantes al Río Alto Atoyac, cuerpo de agua que discurre por los estados de Puebla y Tlaxcala, y cuya toxicidad amenaza la vida de las comunidades adyacentes.
[contextly_sidebar id=”kMJ5gSy6doONEGPk1hjLGCbY4MhKrgFV”]Esta orden surtió efecto a partir del 22 de marzo pasado y se determinó como “medida cautelar” para evitar que este cuerpo de agua continúe siendo afectado por descargas de industrias, talleres textiles clandestinos y drenajes municipales, en tanto se resuelve un juicio más amplio promovido contra autoridades federales, estatales y municipales, por no ejercer sus facultades para impedir estos delitos ambientales.
La medida cautelar impuesta por el Juzgado Tercero establece que “el interés de los quejosos de proteger la Cuenca Hidrológica Río Alto Atoyac, para evitar la afectación al medio ambiente y proteger el derecho humano a la salud, derrota y prevalece sobre los intereses de las empresas y aquellos terceros que realicen descargas de residuos contaminantes”.
Sobre las condiciones ambientales de este río, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó (en marzo también) que al menos desde 1995, las autoridades mexicanas abandonaron las acciones de vigilancia y protección de este cuerpo de agua, que se convirtió en desagüe ilegal de industrias legales y clandestinas asentadas en las comunidades ubicadas en sus márgenes.
En la actualidad, según la investigación de la CNDH, la carga de arsénico en el Río Alto Atoyac impide que se desarrolle cualquier tipo de vida acuática.
Junto a este río, además, habitan alrededor de 2 millones 300 mil personas, cuya salud está en permanente riesgo no sólo por el contacto con las aguas tóxicas, sino también por la inhalación de los gases que emanan del río, y por su uso para riego de cultivos.
Entre los contaminantes vertidos a este río (que va cambiando de color en su recorrido, según el tipo de descargas) también están hidrocarburos poliaromáticos, pesticidas, emulsificantes, plastificantes, dispersantes, cloroformo, cloruro de metileno, etilbenceno, tetracloroetano, fenantreno, naftaleno, antraceno, sólo por mencionar algunos productos químicos de una larga lista.
Por toda esta situación, el Juzgado Tercero ordenó a las autoridades federales demandadas –que son la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y la Secretaría de Salud– que “verifiquen el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental por parte de las empresas y terceros que realicen descargas de residuos contaminantes a los cuerpos de agua que integran la Cuenca Hidrológica Río Alto Atoyac”.
Los promotores de esta demanda en contra del gobierno federal son ciudadanos de Puebla y Tlaxcala, así como asociaciones civiles locales que, con base en la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa, buscan obligar a las autoridades a cumplir responsabilidades que, en el caso concreto del Río Alto Atoyac, han sido abandonadas desde hace décadas, en particular la obligación de impedir las descargas ilegales de contaminantes.
En nombre de los ciudadanos promotores de esta demanda, el abogado Vadir Israel Arvizu Hernández –director de la Alianza para la Defensa Ambiental AC– informó que “lo que pretendemos es alcanzar una condena en contra de las autoridades federales, que las obligue a destinar recursos para la remediación de esta cuenca hidrológica; que exista un programa concreto, para que independientemente del funcionario en turno encargado, se aplique una línea específica, orientada a rescatar este río”.
Anteriormente, señaló el abogado, “esta problemática no había sido posible llevarla a los juzgados, porque no existían mecanismos legales para hacerlo. En 2013, sin embargo, se promulgó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y ésta le da, por fin, herramientas a la ciudadanía para castigar la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental”.
Este juicio, aclaró el presidente de la Alianza por la Defensa Ambiental AC, apenas está iniciando y, con optimismo, podría tomar al menos nueve meses el que se llegue a una sentencia. No obstante, el juez que lleva el caso consideró oportuno establecer desde un inicio medidas cautelares, “que impidan que durante el transcurso del juicio siga amenazado el objeto de la litis, que en este caso es el Río Alto Atoyac y sus afluentes”.
–La emisión de las medida cautelar por parte del Juzgado Tercero, y las conclusiones de la CNDH sobre su investigación del Río Alto Atoyac se presentaron en marzo, ¿ambas acciones estuvieron coordinadas? –se pregunta al abogado.
–No: la demanda fue interpuesta el 9 de marzo y el juez resolvió la medida cautelar el 22 de marzo. También en ese día fue emitida la recomendación de la CNDH, pero dicho organismo es totalmente separado del Poder Judicial, y la fecha en que presentó sus conclusiones fue decidida por ellos, independientemente del juicio que nosotros promovimos.
–¿Qué implica, en términos concretos, la emisión de la medida cautelar?
–El juez determinó que las autoridades federales deben determinar qué atribuciones, de todas las que le confiere la ley, debe ejercer desde ya, para impedir que las empresas y talleres clandestinos continúen afectando el río, pero esto es sólo de manera emergente, en tanto se resuelve el juicio, el cual, confiamos que concluirá con una sentencia condenatoria contra el gobierno federal, que lo obligue a cumplir las responsabilidades que han abandonado –concluyó.
