Las adolescentes internas en la Comunidad para Mujeres de la Dirección General de Tratamiento para Menores Infractores de la Ciudad de México sufren de manera cotidiana agresiones, sanciones discrecionales, discriminación y actos degradantes, tales como impedirles cargar a sus hijos (en los casos de adolescentes que son madres), por parte de funcionarios público encargados de su atención.
[contextly_sidebar id=”4paA3iJZEzJp41J07LplZzPZFnM9QDvy”]Así lo documentó la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en su recomendación 2/2017.
Luego de investigar la forma en la que están privadas de la libertad las adolescentes de la Ciudad de México que han cometido delitos, así como aquellas que están siendo juzgadas, la CDHDF documentó once casos de mujeres menores de edad que han sido víctimas de violación a sus derechos a una vida libre de violencia, a un nivel de vida adecuado, a la integridad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia, y al derecho a la vida.
“Preocupan a esta Comisión –destaca el documento– las afectaciones que presentan diversas adolescentes en torno a su integridad personal, derivada de malos tratos y uso desproporcionado de la fuerza, así como la falta de cumplimiento en el deber de cuidado y de garante que tienen las autoridades respecto de la vida”, lo que llevó a que una de las adolescentes intentara suicidarse.
La recomendación de la CDHDF, dirigida al gobierno de Miguel Ángel Mancera, describe el caso de una menor de 15 años, con un bebé de cuatro meses, a la que le fue prohibido dormir con su hijo.
De acuerdo con la Comisión, la directora de la institución, además, se adjudicó el derecho exclusivo de cargar al bebé, y a la madre sólo le permitían tenerlo durante el día en un “bambineto”, que luego le quitaban, para castigarla.
El mismo sistema fue aplicado contra otra adolescente de 15 años, con un bebé de un año de edad, a la que también le prohibían cargar a su hijo: sólo podía estar con él si usaba una carriola, misma que “en ocasiones las autoridades le quitaban sin motivo, o le condicionaban su uso”.
Cuando pidió orientación para presentar una denuncia por esos abusos, las mismas autoridades la amenazaron con separarla de su hijo por medio de un procedimiento penal.
Finalmente, las autoridades capitalinas cumplieron la amenaza y enviaron al menor a un albergue del DIF durante siete días. Luego, el menor fue entregado a su abuelo materno.
La recomendación 2/2017 también pudo documentar la aplicación de criterios discriminatorios y humillantes que fomentan estereotipos sobre la conducta de las mujeres, y se destaca que en la Comunidad para Mujeres menores de edad infractoras se cometen, de manera sistemática, prácticas que “lejos de promover la perspectiva de género, perpetúan estereotipos”, tales como “imposiciones respecto del uso del uniforme, comportamiento, y control de las comunicaciones”.
Respecto de la vestimenta y comportamiento, las adolescentes informaron que las autoridades capitalinas les prohíben usar pantalones y blusas ajustados, por lo que se les proporciona ropa mayor a su talla, además de que “les condicionan la autorización de rasurarse o depilarse a (cambio de) que cumplan otras actividades”.
Además, las adolescentes son obligadas a bañarse desnudas, frente al personal de la institución y están obligadas también a desprenderse de la vestimenta (incluida la ropa interior) para ser sometidas a “revisiones” por el mismo personal.
Asimismo, se reportó la imposición de castigos físicos degradantes contra las adolescentes internas, tales como cortar el pasto del patio arrancándolo con las manos, sin ningún tipo de herramienta, y otra fue obligada a realizar labores de limpieza hasta provocarse una lesión en una mano.
Luego de ser atendida por un médico, esta adolescente fue obligada a retomar las labores con la mano lesionada.
Cuando protestó, la respuesta fue que dicha lesión “debe ser porque haces mucho deporte con tu mano”.
Otra irregularidad detectada es la privación de insumos básicos de limpieza personal, como papel higiénico, e incluso el robo por parte del personal de aquellos enseres para el aseo que las familias llevan a sus hijas, tales como jabones, shampoo y toallas femeninas.
Según la recomendación de la CDHDF, se reportó también que las autoridades capitalinas seleccionan a los familiares que pueden visitar a las adolescentes, y a éstas les monitorean las llamadas telefónicas e, incluso, las pláticas que sostienen las internas entre sí.
¿Adolescentes en cuidados especiales?
El caso de la joven identificada como “K” es ejemplo de los extremos de violencia a los que han llegado las autoridades capitalinas, en la Comunidad para Mujeres del Sistema de Tratamiento para Menores Infractores de la Ciudad de México.
Esta adolescente, de 16 años, fue diagnosticada con depresión. Por esta causa, las autoridades le suspendieron las actividades de capacitación laboral y académicas.
Luego, “K” reportó ser agredida por sus compañeras de dormitorio y pidió su cambio, lo que le fue negado. Peor aún: comenzó a sufrir amenazas también por parte de la directora de la Comunidad para Mujeres, y el resto del personal.
“Debido a lo anterior, el 14 de noviembre de 2016, la adolescente agraviada ‘K’ intentó quitarse la vida, cortándose la muñeca del brazo izquierdo y el abdomen con un alambre, e ingiriendo pastillas antidepresivas que habían sido prescritas por el psiquiatra”.
“K” sobrevivió y, un año después, las autoridades la enviaron al área de “cuidados especiales” de la Comunidad para Mujeres.
Cuando a “K” le informaron que permanecería ahí “por tiempo indefinido”, ésta se resistió, por lo que fue esposada e inmobilizada por siete custodias, que la condujeron a “cuidados especiales”, que es una celda de vigilancia.
“Al llegar –señala la recomendación–, la aventaron contra el suelo, momento en que una custodia la pisó en el pómulo. Al día siguiente la amenazaron con aplicarle el medicamento (psiquiátrico) de forma inyectada si continuaba negándose a tomarlo, o que la llevarían a un hospital psiquiátrico, por lo que tuvo que aceptar el medicamento”.
A partir del Protocolo de Estambul —procedimiento para determinar secuelas de tortura—, la CDHDF concluyó que “se detectaron signos de malos tratos sufridos por la agraviada, de parte de autoridades y guías técnicos, de manera previa y posterior al intento suicida, e incluso cuando se encontraba convaleciente”.
Dinámica cotidiana
Las anomalías y abusos cometidos contra adolescentes infractores, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, han sido denunciadas en el pasado por la Comisión de Derechos Humanos capitalina, concretamente en los años 2009, 2014 y 2016.
Aún así, en la recomendación 2/2017, se destaca que las acciones emprendidas por las autoridades “no han sido suficientes para modificar las deficiencias del sistema”, por lo cual “no se ha garantizado a las y los adolescentes y jóvenes un sistema de justicia especializado en todas sus etapas”.
Concretamente, la CDHDF constató que prevalecen “la violencia institucional en contra de las mujeres adolescentes y jóvenes que cumplen una medida en la Comunidad para Mujeres”, así como “las inadecuadas condiciones en las que viven, la falta de seguridad jurídica y de acceso a la justicia”, lo mismo que “los tratos crueles, inhumanos y degradantes”, los castigos degradantes, el uso indebido de la fuerza y el incumplmiento del deber de custodia, todo esto en un ambiente de “excesivo control y coerción violatorio de derechos humanos”, y como parte de una “dinámica cotidiana”.
Aún cuando todos estos abusos, cometidos por funcionarios identificables, fueron documentados por la CDHDF, la recomendación no exige a las autoridades iniciar investigaciones por los posibles delitos cometidos por el personal de la Comunidad para Mujeres, en contra de las menores de edad ahí internas.
Lo único que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México es indemnizar a las 11 afectadas que aceptaron dar su testimonio, ampliar la capacitación para el personal y “revisar” el Manual Administrativo de la Comunidad para Mujeres.
