Los tres argumentos con los que el Partido Acción Nacional pidió al Instituto Nacional Electoral el pasado mayo que atrajera la elección a gobernador de Coahuila, serán los mismos que sirvan de base para que el partido presente ante el Instituto Electoral de Coahuila, la tarde de este miércoles, su primera acción legal concreta para solicitar la anulación de la elección del pasado 4 de junio, en la que ya fue declarado que el priista Miguel Ángel Riquelme tiene la mayoría.
[contextly_sidebar id=”lcr4sC8COXxzSx8GXRBmjMhHz2LONbkq”]Presuntas fallas en el resguardo, distribución y el almacenamiento del material electoral; presuntas irregularidades en la instalación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como en el conteo rápido serán clave en el escrito que presentará el partido, de manos de su líder nacional, Ricardo Anaya, este miércoles a las 18:30 en Saltillo, la capital del estado.
Acción Nacional, a través de su representante ante el INE, Francisco Gárate, ya había utilizado esos mismos argumentos el pasado 3 de mayo para solicitar que el órgano electoral atrajera la elección de manera parcial, y cinco días después el mismo INE la declaró improcedente.
La acción legal ocurre tres días después de que el Instituto Electoral entregara la constancia de mayoría a Riquelme, candidato de la Coalición por un Coahuila Seguro encabezada por el PRI. El conteo final, llevado a cabo el pasado 8 de junio, da al priista el 38.19% de los votos y al panista Guillermo Anaya Llamas, 35.75%. Es decir, hay una diferencia de 2.4 puntos.
Abogados que prepararon la impugnación ante el IEC revelaron a Animal Político que a los tres alegatos principales ya mencionados sumarán que “se acredita la intervención del gobierno del Estado en la mayor parte de los aspectos de la elección. Igualmente, denunciarán que el consejero electoral Gustavo Espinosa Padrón participó en 2011 en la campaña que llevó al priista Rubén Moreira Valdés a la gubernatura.
Intervenciones directas
Entre las intervenciones de funcionarios estatales que señalará Acción Nacional está el llamado que hizo el Secretario de Desarrollo Social de Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, en a apoyar a Miguel Ángel Riquelme, en un evento con funcionarios públicos celebrado días después de que hubiera pedido licencia como alcalde de Torreón para contender por la gubernatura.
De acuerdo con una nota del diario Reforma publicada el pasado 23 de diciembre, el funcionario estatal y el tercer regidor de Torreón, Mario Cepeda Ramírez, pidieron a funcionarios públicos, en una posada, “trabajar en favor de Riquelme”.
En octubre de 2015, la denuncia de una intervención de funcionarios públicos en la elección del estado de Colima, similar a la ocurrida en Coahuila, fue fundamental para que el Tribunal Electoral ordenara la anulación de la elección celebrada el 7 de junio de aquel año y que se llevaran a cabo comicios extraordinarios en noviembre.
De acuerdo con los abogados que integraron el expediente, denunciarán intervenciones similares tanto del secretario de salud estatal, Jorge Verástegui; de funcionarios del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así como del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas López, quien además, aseguran los abogados, habría sido el encargado de la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
La ruta de la impugnación
El juicio electoral debe resolverse antes del 1 de diciembre, fecha en que, de validarse la elección del 4 de junio, debería rendir protesta como gobernador el priista Miguel Ángel Riquelme.
Por ahora, la segunda instancia para este proceso debería ser la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues es quien conoce de las elecciones a gobernador.
