Las autoridades federales y el gobierno de la Ciudad de México oficialmente desconocen cuántos equipos bloqueadores de señales de teléfono celular existen actualmente en los penales capitalinos, si funcionan correctamente y quién es el responsable de su operación y supervisión.
Los centros penitenciarios de la Ciudad de México albergan la mayor población de reos de todo el país, tanto de casos locales como federales.
[contextly_sidebar id=”bg7qDStM98sOw2A0M92K9XPl7i0cubWe”]A través de una solicitud de información, el gobierno capitalino reconoció que, antes de 2014, existían 155 equipos para inhibir señales de teléfonos celulares que costaron casi 25 millones de pesos. Con menos de tres años de uso estos bloqueadores fueron deshabilitados ya que, supuestamente, el gobierno federal instalaría otros que funcionarían mejor. En la actualidad, sin embargo, no hay información oficial sobre estos sistemas.
En marzo pasado, Animal Político publicó que más de 21 mil teléfonos celulares han sido encontrados en los últimos diez años en los reclusorios capitalinos. Tan solo en 2016 fueron descubiertos casi mil 400 equipos de telefonía móvil.
El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México registró que el reporte diario de intentos de extorsión telefónica se ha disparado de 354 casos en 2010 a 911 casos en 2016, y que la mayoría de las llamadas provienen la mayoría de centros penitenciarios.
En febrero un reportaje de Grupo Imagen y el periódico El País documentó en video cómo operan redes de extorsionadores desde el Reclusorio Preventivo Norte a través de múltiples teléfonos celulares, prácticamente de forma rutinaria y con la complicidad del propio personal de seguridad.
Inversión inicial… a la basura
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México señaló que, en la administración de Marcelo Ebrard, se invirtieron 25 millones de pesos para la compra de dispositivos inhibidores de señales celulares. Pero ya no existen.
Animal Político solicitó originalmente a la subsecretaría capitalina información sobre los bloqueadores de señal en los centros penitenciarios que, en conjunto, albergan a más de 33 mil reos, la mayor población de todo el país.
Se hicieron diez cuestionamientos en torno a los bloqueadores: cuál es su estado actual, el reporte de fallas y mantenimiento, quiénes son los responsables de su operación, periodo de vida útil, entre otros.
La respuesta de la subsecretaría indicó que en 2011, a través de una adjudicación directa, se entregó un contrato a la empresa Software DSI S.A de C.V. para la compra de 155 dispositivos destinados a bloquear la señal de teléfonos celulares en las cárceles capitalinas. El monto fue de 24 millones 795 mil pesos.
Los 155 bloqueadores se instalaron en los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente y Sur, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y en la Penitenciaria Varonil de la Ciudad de México.
“Estos equipos se encuentran fuera de servicio toda vez que en 2014 el Gobierno Federal inició los trabajos de instalación de nuevos dispositivos bloqueadores, de los cuales se desconoce su administración”, dijo la dependencia capitalina.
La cancelación de los primeros bloqueadores de teléfono en los reclusorios capitalinos se dio a conocer desde 2013. El entonces secretario de Gobierno, Héctor Serrano, señaló que el contrato con la empresa Software DSI S.A de C.V. se había cancelado porque los bloqueadores no funcionaban.
Nadie admite ser responsable de bloquear las señales celulares
El 8 de febrero de 2017, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de CDMX aseguró que los equipos inhibidores de teléfonos celulares en las cárceles capitalinas fueron instalados por el gobierno federal.
Pero la Secretaría de Gobernación respondió que el asunto no era su competencia, y pidió dirigir la solicitud al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El SESNSP dijo que no tenía nada que ver con el tema, mientras que el OADPRS señaló que en sus facultades legales está la operación de penales federales y no locales, por lo que sugirió insistir ante el gobierno capitalino.
El 16 de marzo de 2017, tras un recurso de revisión, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalina precisó que los bloqueadores de la empresa Software DSI no funcionaban, y ratificó que a partir de 2014 el gobierno federal era responsable del sistema.
“Debido a ello se desconoce cuántos equipos están destinados para el bloqueo de señales de teléfono celular, cuántos se encuentran funcionando y cuantos se encuentran fuera de servicio, cuántas fallas registra cada equipo y cuál es el tiempo de vida ideal de los mismos”, justificó la subsecretaria.
El gobierno capitalino también admitió que “no se conoce si los dispositivos bloqueadores de señal funcionan las 24 horas continuas y también se desconoce quiénes son los funcionarios responsables del funcionamiento de cada equipo”.
Animal Político envió de nuevo solicitudes de información al gobierno federal en donde se explicaron los argumentos del gobierno capitalino. La Secretaria de Gobernación reiteró que este tema no es de la competencia federal. El SESNSP dijo no tener facultades en el tema. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sugirió dirigir la solicitud al OADPRS. Pero dicho órgano nuevamente rechazó estar a cargo de la administración de penales estatales. Finalmente la Secretaria de Comunicaciones y Transportes recomendó dirigir el requerimiento al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL)
El 2 de junio, el IFETEL detalló que según el artículo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, las empresas telefónicas deben colaborar en el bloqueo de señales en los reclusorios.
IFETEL advierte los estados tienen las facultades para contratar equipos que bloqueen señales de teléfonos celulares y son los responsables de los mismos. Y concluye que el OADPRS o el gobierno de Ciudad de México son las únicas instancias facultadas para conocer del funcionamiento de equipos de bloqueo en las cárceles capitalinas.
