[contextly_sidebar id=”eGe7XDYEjgUa3K1d8GiTXq7oADwwmx2N”]Desde que se puso en marcha el nuevo sistema penal acusatorio en México, 85 % de los detenidos y consignados ante los jueces federales son presentados por delitos cometidos en flagrancia y no por una investigación policial o ministerial que haya llevado a su captura.
La mayoría son sorprendidos y detenidos con armas, droga o combustible robado.
Datos oficiales del Poder Judicial de la Federación (PJF), a los que tuvo acceso Animal Político, indican que a pesar del periodo de capacitación de ocho años que tuvo el nuevo sistema penal y la inversión de más de 15 mil millones, en al menos ocho de cada diez casos enviados al juez, por la Procuraduría General de la República (PGR), no hay una investigación previa de por medio.
Esta proporción de casos en flagrancia es casi idéntica a la que se presentaba con el viejo sistema penal, de acuerdo con autoridades judiciales.
Los datos del PJF revelan que en el periodo del 14 noviembre de 2014 (cuando comenzó a implementarse el nuevo sistema nivel federal) al 15 de junio de 2017, se han abierto más de 16 mil 79 causas penales por consignaciones de la Procuraduría, con un total de 22 mil 88 personas imputadas.
De esos asuntos, 55% son por delitos de portación de arma de fuego, el 21.5% por delitos contra la salud y 7.6% por robo de hidrocarburos. Este universo comprende poco más de 84% de los casos.
Los detenidos por esas causas son personas sorprendidas en flagrancia, es decir, portando un arma de fuego, alguna cantidad de droga o combustible robado, y por ello se les consigna ante el juez.
En tanto, hay un 2.2 % de causas iniciadas por delitos fiscales, 2 % por delitos contra el medio ambiente, 1.9 % por secuestro, 1.5 % por tráfico de personas, 1.2 % delitos patrimoniales, y el 6.6 % por otros delitos como delincuencia organizada. La mayoría de estos casos si corresponden a investigaciones de la PGR.
Prácticas perniciosas
La práctica de consignar en su mayoría a detenidos solo por delitos en flagrancia y no por investigaciones policiales fue advertida, el pasado 11 de mayo, por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, Luis María Aguilar, durante la inauguración del Primer Encuentro Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal.
“Necesitamos que las vinculaciones a proceso involucren causas que realmente sean producto de una investigación profesional y científica y no solo, como sucede hasta ahora, de casos casi exclusivamente por flagrancia”, dijo.
El presidente de la Corte comentó que aunque ahora el país cuenta con un nuevo sistema penal, no se han logrado erradicar las “prácticas perniciosas”.
Por ello, sostuvo es “urgente” la profesionalización de todos los operadores del sistema penal, con el objetivo de tener casos sólidos que sean fruto de investigaciones y no de hechos fortuitos.
Miles de millones después aún falta preparación
El problema del incremento en los delitos, dicen especialistas y académicos, no es el Sistema de Justicia Penal sino las deficiencias en su implementación y la baja capacitación a policías y agentes del Ministerio Público.
María Novoa, directora del área de Justicia en el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (Cidac), rechazó las acusaciones con las que autoridades federales y locales han tratado de explicar el repunte de la incidencia delictiva que se registró en los últimos meses en el país.
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“Se está distorsionando un poco la información para confundir y de esa manera legitimar los cambios que se quieren hacer para trastocar los principios del Sistema Penal. Tenemos información que nos permite decir con evidencia que el problema está en la operación del sistema por parte de los principales operadores: ministerios públicos y policías”.
La especialista explicó que en los últimos años han bajado las detenciones por parte de las autoridades de seguridad, y eso se explica por las deficiencias en la capacitación a pesar de que se tuvieron más de 15 mil millones de pesos en todo el periodo, pero se privilegió la generación de infraestructura y en mucho menor medida se invirtió en el capital humano.
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Pero el problema no son solo los policías, María Novoa lo explicó así: “También tenemos muy claro que en las procuradurías y fiscalías de los estados, como en la PGR, están activando el artículo 140 del Código Nacional de Procedimiento Penales, un artículo que permite al MP en delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa tomar la decisión, sin llegar al juez, de dejar en libertad a esa persona y seguir el proceso de investigación. Y ahí tenemos un hoyo negro”.
Aunque aclaró, que por la portación de armas de grueso calibre los detenidos sí pueden recibir prisión preventiva oficiosa, lo que refuta el argumento que usó Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad para justificar el incremento en los homicidios en el país.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez podrá ordenar la prisión preventiva en el caso de “delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos”.
Y agregó: La mayoría de los casos en donde se usan armas de alto calibre se trata de delitos vinculados con el crimen organizado, lo que ofrece un elemento más para que las autoridades puedan ordenar la prisión preventiva.
Para Pedro Salazar Uranga, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “el problema no está en el diseño del modelo, no está en su concepción ni orientación…el problema está en la implementación y por lo mismo en los gobernadores”.
“Tiene que ver con responsabilidades políticas y operativas por parte de aquellos funcionarios que tiene a su cargo la gestión de gobierno”, dijo el académico de la UNAM, durante la presentación del informe: Hallazgos 2016.
