[contextly_sidebar id=”Su4MxR5A2qjSfycC8ovOR3GDrc3pNS7i”]La instalación e implementación de los nuevos sistemas locales anticorrupción, se han realizado con muy poca transparencia, una participación ciudadana a medias y sin aprovechar el uso de las tecnologías, de acuerdo al análisis Parlamento Abierto, hecho por Fundar y otras organizaciones civiles, a 13 de los 32 estados.
Tras la promulgación de la Ley General Anticorrupción, los 32 congresos estatales tenían un año para aprobar sus propias reformas e instalaran, acompañados por la sociedad civil organizada, los organismos encargados de combatir la corrupción a nivel local.
El plazo venció este martes 18 de julio, y las entidades avanzaron a muy distinta velocidad, según el estudio realizado a través de SPAM (Supervisión de Parlamentos Abiertos en México), una herramienta digital que permite medir la experiencia concreta del trabajo en colaboración con el Senado, tanto en la elaboración y discusión de la Ley General de Transparencia como en el caso de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Chihuahua, por ejemplo, no aprobó la reforma constitucional, el primer requisito para los congresos locales, pero ya cuenta con una iniciativa; en el otro extremo se encuentra Querétaro, que reformó su constitución, cuenta con una ley estatal y ya nombró a su Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Pero aunque hayan cumplido con todos los procesos, eso no garantiza que hayan sido abiertos a la sociedad, Querétaro se ubicó en la posición nueve (de 13) respecto a los parámetros de transparencia y rendición de cuentas.
También está la queja de organizaciones locales dedicadas a la transparencia y el combate a la corrupción, que han denunciado la imposición de personas afines a grupos del poder, como ocurrió en Puebla, con el nombramiento del Fiscal estatal Anticorrupción.
Las batallas de la participación ciudadana por la anticorrupción
En Nuevo León la aprobación del marco normativo y los nombramientos de los funcionarios del sistema anticorrupción fue condicionada por las confrontaciones políticas, aunque tuvo algunos avances en el tema de participación ciudadana.
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón presentó, a principios de junio, una controversia constitucional con la que busca impedir que los diputados locales y las organizaciones de la sociedad civil nombren al fiscal anticorrupción, a cambio propuso que los habitantes del estado lo elijan en una votación.
En contraste, Nuevo León fue uno de los tres estados que mayor participación ciudadana tuvo al impulsar la ley. Gracias a la participación de grupos de la sociedad civil y empresariales los legisladores locales lograron la implementación del 89% de los puntos evaluados.
En el caso de Quintana Roo, la pasada legislatura aprobó una ley anticorrupción que fue calificada como un “el paquete de impunidad”, en la que además se preveía una serie de nombramientos de magistrados, fiscales y auditores afines al entonces gobernador Roberto Borge.
La PGR y los nuevos diputados quintanarroenses echaron abajo la ley y comenzaron de cero el proceso para dictaminar nuevas reformas y leyes.
“Pasamos de estar en el hoyo con Borge a tener un Congreso que se abrió a la discusión con la sociedad civil, a pesar de ello no logramos el estándar de calidad que hubiésemos querido”, dijo Cinthya Dehesa, directora de Ciudadanos por la Transparencia, encargada de la evaluación en ese estado.
Aun con el intento de imposición hecho por legisladores borgistas, el reporte de Fundar detectó que de los 12 estados analizados, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua fueron los que tuvieron los procesos más abiertos, con una evaluación del 89%. De siete puntos posibles lograron seis.
Los estados que no involucraron a los ciudadanos en la discusión de las leyes y la implementación de los sistemas anticorrupción fueron: Yucatán, Baja California Sur y Querétaro, que obtuvieron cero puntos en la evaluación.
La participación ciudadana fue el punto mejor evaluado de todos. En promedio, 49 % de los estados cumplieron con ese requisito.
Para Guillermo Ávila, investigador de Fundar la inclusión de la sociedad civil en la discusión de las reformas, leyes y nombramientos fue una de las luchas más importantes que dieron las organizaciones ciudadanas, sin embargo esto no ha sido un factor determinante para abrir los procedimientos legislativos y de selección, ni para garantizar que los sistemas locales sean los más óptimos.
Muy poca transparencia y rendición de cuentas
En transparencia y acceso a la información, Nuevo León fue de los peor calificados con 13%, pues el proceso legislativo para impulsar la ley fue cerrado.
“Solo participaron las organizaciones de la coalición y los diputados, pero no hubo, por ejemplo, transmisión por canales públicos, ni versiones estenográficas de la discusión. Sí hubo mesas de trabajo, pero dejaron mucho que desear, las convocatorias eran como 24 o máximo 48 horas de anticipación”, dijo Juan Manuel Ramos, representante de la organización Redes 5to Poder, cuya revisión fue incluida en el análisis.
De los 15 puntos posibles, Nuevo León obtuvo dos; Baja California Sur un punto, mientras que Yucatán y la Ciudad de México cero puntos ubicándose en el último lugar de la tabla.
En el caso de la capital, si bien hicieron públicas las iniciativas discutidas, tras el debate legislativo no hubo una explicación clara y sencilla, en lenguaje ciudadano, de las decisiones tomadas.
“El ejemplo más cercano que tengo, es el de la asamblea de representantes. Hicieron un micrositio junto con el InfoDF, pero no hicieron ningún material explicativo para la ciudadanía”, dijo el investigador Guillermo Ávila.
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Reprobados en tecnologías de la información
En donde todos los estados fallaron, de acuerdo con la evaluación, fue en el uso de tecnologías de la información para socializar los debates, las discusiones y los resultados de la puesta en marcha de los nuevos sistemas locales anticorrupción.
De los 12 estados observados, Querétaro fue el mejor posicionado, con 49%, pues transmitieron en tiempo real las sesiones del Congreso y usaron redes sociales, “aunque el resultado en general fue todavía muy pobre”, concluye Guillermo Ávila.
En promedio, los estados cumplieron en 19% el uso de nuevas tecnologías, sin embargo, algunos como Yucatán, Baja California Sur, Guerrero y Morelos reprobaron con cero.
Lo que está claro, advirtieron las organizaciones que elaboraron el informe, es que este 18 de julio los sistemas locales anticorrupción no cumplirán con los tiempos federales establecidos.
