Albergue denunciado por abuso infantil en Guanajuato operó sin certificación de Protección Civil

Además de evidenciar abusos físicos y sexuales, una juez federal determinó que la Ciudad de los Niños, casa hogar bajo tutela y vigilancia del padre Pedro Gutiérrez, ha operado sin permisos.

ciudad de los niños
Los centros en Guanajuato albergan a 116 niños y adolescentes. Zona Franca
Desde su conformación en 1977, la casa hogar Ciudad de los Niños de Salamanca, Guanajuato, así como dos de sus sedes, han operado sin la supervisión y certificación de Protección Civil Municipal, del Consejo Estatal de Asistencia Social, de la Procuraduría Social del Estado y del DIF nacional.

No sólo eso. Los tres centros de Ciudad de los Niños, que albergan a 116 niños y adolescentes, no se encuentran inscritos en el Padrón de Organizaciones de Asistencia Social, ni están inscritos en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social, a pesar de que han recibido recursos públicos del gobierno en el periodo de 2005 a 2015.

La violación de estas normas fue una de muchas irregularidades que detectó la juez novena Karla María Macías Lovera, como parte de un juicio de amparo promovido por una niña de 4 años.

Durante el juicio, la juez también evidenció una serie de abusos físicos, sexuales y psicológicos cometidos contra varios menores que viven bajo la tutela y vigilancia del padre Pedro Gutiérrez Farías, fundador y director de la Ciudad de los Niños.

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En el caso de las normas de operatividad de los tres centros, el propio sacerdote, a solicitud de la juez, reconoció que no contaba con los certificados y documentos oficiales para la correcta operación de sus tres albergues en Salamanca. Aunque no hizo referencia a los centros que tiene en Moroleón e Irapuato, en Guanajuato, y en Morelia, Michoacán.

En el caso del certificado de Protección Civil, que se expide para garantizar que las instalaciones operen correctamente y sin riesgos para los menores, el sacerdote dijo que no lo tenía y aseguró que “solo han recibido visitas de Protección Civil del Municipio, quienes de manera verbal han dado capacitaciones y han prestado sus servicios para hacer los señalamientos físicos, de rutas de evacuación, de emergencia, puntos de reunión etc”.

Sobre la certificación del Consejo Estatal de Asistencia Social, el padre Pedro aseguró que “desconocía de la existencia de este permiso”.

Cuando se le preguntó si contaba con el dictamen de idoneidad, expedido por la Procuraduría Social, la inscripción en el Patrón de Organizaciones de Asistencia Social, la certificación de calidad de los servicios de asistencia social por parte del Sistema Nacional para el DIF y el registro en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social, el padre dijo no tener esos documentos.

Al ser cuestionado por la juez Macías Lovera sobre si el Sistema Estatal de Asistencia Social o el DIF Estatal habían realizado alguna visita a los tres albergues que dirige en Salamanca, el sacerdote respondió que sólo el DIF había “hecho acto de presencia”, pero dijo desconocer “si han levantado alguna acta”, porque “nunca” han elaborado un acta con motivo de su visita.

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De acuerdo con la juez, todos los centros de asistencia social deben contar con un permiso de funcionamiento, el cual otorga el propio Estado a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, estableció que, según la legislación de Guanajuato, los centros de asistencia social deben contar con permisos en materia de protección civil.

Ante todas las deficiencias en la operatividad de la Ciudad de los Niños Salamanca y sus otras dos sedes, la juez Macías determinó que las instalaciones de estos albergues “no son benéficas” para las personas a quienes se les brinda el acogimiento residencial, “en virtud de que no cuentan con los permisos, autorizaciones ni registros necesarios para su funcionamiento, los cuales, como se precisó, resultan idóneos para garantizar el correcto y adecuado funcionamiento de los centros en beneficio de sus residentes”.

Aparte, la juez le pidió a la Procuraduría de Justicia de Guanajuato investigar las cuentas bancarias de la institución y sus encargados, para determinar si el dinero oficial que han recibido de programas de asistencia social “han sido utilizados en la mejora y mantenimiento de los centros de asistencia social”, esto ante la sospecha de un posible desvío de recursos por parte de sus directivos.

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