En un lapso de cuatro años, la administración de Enrique Peña Nieto ha duplicado las solicitudes de datos sobre usuarios de Facebook, Twitter y Google, al pasar de 749 a 1,539, de acuerdo con reportes de transparencia que las citadas empresas publican periódicamente en la red.
[contextly_sidebar id=”6KgXGJvAc8jUzdqKT5NPMNC9OH7PhhaR”]En el caso de Google, empresa que nació como un motor de búsqueda en la red, recibió en 2013 un total de 164 solicitudes de datos por parte del gobierno mexicano, que involucraron a 286 usuarios.
Para 2016, el último año reportado por Google, las peticiones subieron a 352, e involucraron a 475 usuarios. Esto representó un incremento del 117%.
No todas las solicitudes que ha recibido Google son de tipo judicial; la empresa explicó que algunas pueden tener también un carácter administrativo, aunque no hay un desglose público sobre los tipos de solicitud.
Facebook es la red que mayor atención ha recibido por parte de la administración de Enrique Peña Nieto.
En el primer año del sexenio, Facebook recibió 573 peticiones de información, de 986 usuarios; para el cuarto año, las peticiones de información crecieron a 1,162, e involucran a 1,922 usuarios, un crecimiento de 94.9%.
Facebook, sin embargo, no atendió todas las peticiones. En 2013, solo se respondió al 45.3 % de las solicitudes oficiales, y para 2016 entregó información en el 74.3% de los casos.
En contraste Twitter, la red de los 140 carácteres, es la que menos atención ha recibido del gobierno federal.
En 2013, se presentaron 12 solicitudes de información sobre 23 cuentas; para 2016 la cifra de peticiones subió a 25, involucrando a 62 cuentas. Eso representó un incremento del 169%.
“Es difícil sacar conclusiones de los reportes de transparencia que emiten las empresas, pues desgraciadamente no ofrecen suficientes datos para hacer una interpretación más profunda”, dijo Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Se trata de un asunto que por sí solo no debería ser preocupante; el problema son los antecedentes de violación a la privacidad de los ciudadanos, por vías ilegales y por parte del gobierno, aseguró el activista de los derechos digitales.
El hecho de que se hayan incrementado las solicitudes en más de 100%, en un lapso de cuatro años, agregó García, es un foco rojo que se debe tomar en cuenta, más cuando existen “autoridades que no tienen reparo en violar cualquier ley para conocer datos privados de una persona”.
