El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó este martes en Guatemala ser extraditado a México para enfrentar los delitos federales que le imputan –operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada-, por lo que en unos días sería enviado de vuelta al país y entregado a las autoridades mexicanas.
[contextly_sidebar id=”q2OkV01TzIn2bojhhalnVdyQONsnLnl8″]El pasado 27 de junio, durante su segunda audiencia en territorio guatemalteco, Duarte aceptó la extradición a México, en ese caso por los delitos que le imputa el gobierno de Veracruz.
El Tribunal de Guatemala, tras la decisión de Duarte de allanarse este martes, ordenó la “entrega inmediata del acusado” a México.
El pasado 28 de junio, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, explicó que si Duarte decidía allanarse por el caso de delitos federales, la extradición podría concretarse hasta en un plazo de una semana, para que enfrente a la justicia mexicana.
“(Si se allana) estaríamos haciendo todos los trámites para su entrega inmediata”, mencionó en aquel entonces.
Durante la tercera audiencia de Duarte en Guatemala, César Adán García, magistrado presidente del Tribunal Quinto Penal, enlistó 19 pruebas con las que las autoridades federales mexicanas acusan a Duarte, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y con las que pidieron su extradición.
Entre ellas, están los testimonios de presuntos cómplices de Duarte: Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Moisés Mansur y Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad de Veracruz.
También son referidos contratos de compraventa para diversas propiedades, y escrituras públicas, en puntos como Veracruz; Valle de Bravo, en el Estado de México, Ixtapa Zihuatanejo y Campeche. En el caso de esta última entidad, se menciona la compra de 21 parcelas en el ejido de Lerma.
“No fui ejidatario, no soy ejidatario, ni pienso ser ejidatario”, mencionó Duarte en su oportunidad.
El abogado de Duarte en Guatemala, Carlos Velázquez, dijo que en ningún caso, por lo mencionado en las acusaciones federales, se ha logrado probar que Duarte encabeza una red criminal.
En un comunicado, firmado por el bufete de abogados Velasquez & Asociados, la defensa del exgobernador de Veracruz insistió en que los cargos federales que le imputan “no resisten” un análisis jurídico serio.
“No se acredita -ni acaso se intenta probar-, la existencia de una organización supuestamente delincuencial. Mucho menos que ésta actúe de manera permanente o reiterada, requisito sine qua non del delito ilegalmente atribuido al ex Gobernador Duarte de Ochoa”, indicaron.
“La acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita no tiene el menor sustento jurídico, de hecho, está planteada como si fuera un peculado… llama poderosamente la atención el hecho de que la fecha en la que se dice salieron recursos del Gobierno de Veracruz para supuestamente financiar la compra de terrenos ejidales es posterior de aquella en que se compraron supuestamente los mismos”, agregaron.
A continuación el documento:
