Desde su creación, en 2012, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ha atendido 394 casos. De estos, 115 se han cerrado, sin que disminuyera el riesgo contra las personas afectadas, de acuerdo con el informe Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano, presentado por Espacio OSC este miércoles 26 de julio.
[contextly_sidebar id=”GrKrCX29Qj5PUQ3NVN7IJ7JjN25giWqB”]Uno de los casos que fueron cerrados es el de Cecilio Pineda, asesinado en marzo de 2017 en Ciudad Altamirano, Guerrero. El periodista había expresado ante organizaciones de la sociedad civil que hacer periodismo en esa zona del país es muy difícil, y aseguró temer por la vida de sus familiares.
Cecilio es uno de los 38 periodistas asesinados en México de 2012 a la fecha. Ocho de esos asesinatos fueron cometidos en los primeros meses de 2017.
Según el informe, los periodistas son el grupo que ha sufrido mayor número de agresiones en este periodo de tiempo: 1,919, de las cuales 233 fueron cometidas contra mujeres comunicadoras.
En el mismo lapso, ocurrieron 1,705 agresiones contra defensores de derechos humanos, siendo 615 de ellas cometidas contra mujeres. Asimismo, se registraron 280 agresiones contra defensores del medio ambiente.
Mecanismo de Protección deficiente
Para las organizaciones que conforman Espacio OSC, el Mecanismo de Protección resulta deficiente, debido a la falta de coordinación entre las dependencias que lo conforman, así como el no reconocimiento de la crisis de derechos humanos en el país por parte de las autoridades, y la falta de investigación penal de las agresiones.
De 2012 a 2016 se registraron 419 casos de agresiones en el Mecanismo: 13 por secuestro o privación de la libertad, 105 por agresiones físicas y 301 por amenazas.
Entre las principales dificultades encontradas por Espacio OSC en la respuesta del Mecanismo, destacaron la ausencia de una política pública de protección, la falta de estrategias de prevención, falta de un enfoque de género, y que éste no ataca las causas que generan las situaciones de violencia contra periodistas y defensores.
Además, subrayaron, la falta de una participación proactiva por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no han permitido desactivar el riesgo en que se encuentra el acceso a la justicia de quienes forman parte, como beneficiarios, del Mecanismo.
Según las organizaciones “hay una persistente narrativa del gobierno federal para deslindarse de sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos y, por el contrario, responsabilizar de los crímenes atroces a organizaciones criminales, y considerar las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos como casos aislados”.
Espacios digitales y nuevas formas de agresión
Otra de las críticas de las organizaciones sociales hacia el Mecanismo es que “ofrece una atención parcial, que responde de manera muy limitada y únicamente a ciertas formas de violencia”, en la que no se toman en cuenta las agresiones digitales.
Según el informe, actualmente las personas defensoras y periodistas “enfrentan espionaje masivo, amenazas y hostigamientos en redes sociales, las cuales se han consolidado como una forma de intimidar, infundir miedo y censurar”.
Seis de cada 10 agresiones digitales se realizan en redes sociales, y el número se ha ido incrementando. Mientras en el primer trimestre de 2016 se registró sólo una agresión por mes, para el tercer trimestre del mismo año se documentaron 4.6 amenazas por esta misma vía, cada mes.
Asimismo, subrayaron, “es preciso atender la violencia institucional, que es una constante en la vida de defensores y periodistas, en la que los mismos gobiernos, mediante la movilización de su aparato institucional, operan para amedrentar de alguna manera a las personas de forma arbitraria.
Obstáculos del Mecanismo y recomendaciones
Los principales obstáculos que enfrenta el Mecanismo para su funcionamiento son, de acuerdo con las organizaciones, la falta de transparencia y claridad de sus procedimientos, sus escasas capacidades para reaccionar de manera urgente cuando es necesario, que la seguridad que brindan a los beneficiarios se da por medio de empresas privadas, que no se investigan los delitos, y no hay seguimiento de los casos, por lo que quedan impunes.
Las organizacioens recomendaron al Mecanismo de Protección incorporar el enfoque de género; responder a las necesidades de colectivos; realizar coberturas de protección más amplia y elaborar medidas de protección integrales; respuesta a diferentes formas de violencia; protección de las víctimas, sus familiares y la labor de las personas agredidas; elaborar planes preventivos en zonas de riesgo; e integrar medidas para erradicar las causas estructurales que permiten estas violaciones a derechos humanos y su repetición.
A las dependencias integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo recomendaron capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, asegurar investigaciones y sanciones efectivas, generar medidas contra la criminalización de defensores y periodistas, y diseñar protocolos de actuación para cuerpos federales de seguridad que prevengan los abusos y uso excesivo de la fuerza.
