En junio de 2014, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil emitió una sentencia histórica en contra de las autoridades de la Ciudad de México: les ordenó reparar el daño ambiental ocasionado en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, desatendida por décadas, y advirtió que de no hacerlo se estaría violando el derecho de la ciudadanía al bienestar, y a un medioambiente sano.
[contextly_sidebar id=”mxAoapg17g7SuVoNnUwzTFQ67jN77Uhd”]La sentencia ordenó crear “un conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones de detección, rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se mantengan las condiciones que hacen posible la evolución de las especies y de los ecosistemas” adecuadas a la región lacustre de Xochimilco.
Esta resolución judicial, que cobró firmeza total en febrero de 2016, concedía a las autoridades capitalinas un plazo de 90 días (que venció el 16 de mayo del año pasado) para presentar el proyecto general de restauración y el cronograma de actividades a corto, mediano y largo plazo.
Sin embargo a un año y un mes de que venció el plazo, la sentencia permanece sin ser acatada por el gobierno de la Ciudad de México. Y hay algo aún peor: el juez que la emitió se negó a hacerla cumplir.
Esa es la conclusión a la que llegó un segundo juez que revisó el caso, ahora de amparo federal, y quien confirmó que, por un lado, “la autoridad (la Secretaría de Medio Ambiente) no está procurando el cumplimiento de la condena decretada en su contra”, y por otro, que el juez cuarto se limitó a “descartar” las denuncias por desacato a la sentencia presentadas por grupos ambientalistas, sin cumplir su obligación de imponer la multa que él mismo había fijado.
Tal como establecía la sentencia 129/2012, por cada día que la Secretaría de Medio Ambiente se retrasara en entregar el plan de restauración de Xochimilco, se haría acreedora a una multa de 30 mil salarios mínimos (2 millones 401 mil 200 pesos).
Si se toma en cuenta que entre el 16 de mayo de 2016 y el 30 de junio de 2017 transcurrieron 412 días, eso equivaldría a una multa acumulada de 989 millones 929 mil 400 pesos. Sin embargo, el juez cuarto de distrito encargado de imponer dichas multas nunca lo hizo, por lo que violó el “principio de congruencia y exhaustividad de las resoluciones jurisdiccionales”.
El Juzgado Décimo Primero de Distrito ordenó al juez cuarto de la Ciudad de México “pronunciarse respecto del incumplimiento en que ha incurrido la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México”, así como determinar la multa que amerita.
De forma paralela, el Juzgado Décimo Primero consideró que por más de un año la Sedema ha mostrado “evidente desinterés” en acatar la sentencia, ya que, en vez de cumplir sus puntos exactos, se ha dedicado “a realizar gestiones que, hasta este momento, han resultado infructuosas para reparar el daño ecológico” de la zona lacustre de Xochimilco.
Por esta razón, el Juzgado Décimo Primero refrendó la sentencia que obliga a la Secretaría de Medio Ambiente a presentar un programa de obras y actividades para la restauración ambiental en Xochimilco. También le pide “un conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones de detección, rescate, saneamiento y recuperación”.
Por último, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México debe emprender “medidas de mitigación para atenuar los impactos negativos de obras o actividades que generaron daños al ecosistema”.
Debido a “la actitud indiferente de la autoridad demandada (la Sedema) para proteger el medio ambiente”, el juez décimo primero le ordenó también “reportar semanalmente los avances obtenidos”, para que así se pueda “constatar la existencia de acciones efectivas”.
Animal Político solicitó una entrevista con un representante de la Secretaría de Medio Ambiente, para saber la razón del desacato a la sentencia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta favorable.
