Buscan abrir juicio al exgobernador de NL Rodrigo Medina por peculado y enriquecimiento ilícito

Para vincular a Rodrigo Medina al delito de peculado, las autoridades cuentan con bitácoras de viaje que muestran que utilizó las aeronaves del Estado para viajar junto con sus familiares a Tamaulipas y a EU.

Rodrigo Medina
Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León. Cuartoscuro

La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León confirmó que el exgobernador Rodrigo Medina utilizó durante toda su administración aviones y helicópteros oficiales con fines personales, para trasladarse junto con su familia a su rancho de descanso en Tamaulipas, pero también para viajar de vacaciones a Estados Unidos.

En entrevista con Animal Político, el titular de la subprocuraduría, Ernesto Canales, dijo que el próximo 29 de septiembre harán la acusación formal ante un juez en contra de Medina por el delito de peculado, derivado de esta investigación.

Los detalles e indicios de este caso serán dados a conocer ante el juez, pero el fiscal adelantó que, según sus investigaciones, durante toda la administración de Medina, de 2009 a 2015, se usaron tanto aeronaves oficiales como vuelos rentados con recursos del erario público para fines personales.

“Lo increíble era que casi se consideraba una prestación oficial como si esto fuera correcto. Todos los sabían pero no había ningún control, supervisión ni nada. Era una situación descarada”, dijo el fiscal.

Para confirmar el mal uso de recursos públicos, los fiscales, en colaboración con autoridades federales y también de Estados Unidos, consiguieron reunir las bitácoras de los distintos vuelos, las cuales confirman que, en las listas de pasajeros, estaban presentes familiares del exgobernador, lo que no tiene justificación alguna.

Los destinos principales de esos vuelos fueron dos: el municipio de General Terán, en Tamaulipas, donde Medina cuenta con un rancho de descanso, y San Antonio, Texas, en Estados Unidos, donde acostumbraba a viajar de vacaciones para visitar a sus hermanos.

Se le preguntó al fiscal si el número de vuelos sobrepasaba los cien y dijo que “eran bastantes más”, pero no precisó la cantidad.

En abril de 2016, el periódico El Norte publicó una nota en la que se daba a conocer el mal uso que se había dado a vuelos oficiales en el gobierno de Rodrigo Medina. Dicho medio reveló, por ejemplo, que el 26 de enero de 2014 viajó en el helicóptero Eurocopter AS 350 con su esposa a su rancho en Tamaulipas.

El Norte también evidenció que los helicópteros del gobierno eran usados como “taxis VIP” para trasladar a funcionarios del gabinete, en lugar de ser utilizaos para tareas de seguridad pública y protección civil.

De acuerdo con la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, estos hechos constituyen el delito de peculado del cual es probable responsable Rodrigo Medina.

El artículo 217 del Código Penal del estado de Nuevo León indica que el delito de peculado lo comete: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos, distraiga de su objetivo el dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al estado, a un municipio, a un particular, a cualquier institución, empresa, organismo o establecimiento creado por el estado”.

En tanto, el artículo 218 establece que los funcionarios o exfuncionarios que hayan cometido este delito recibirán una sentencia de acuerdo al monto de los recursos desviados, pero esta puede ir desde los tres meses hasta los 12 años de prisión. Esto además de la inhabilitación del servicio público.

Y además enriquecimiento ilícito

El presunto uso ilegal de aeronaves es una de dos nuevas imputaciones que prepara la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León contra Rodrigo Medina.

La otra imputación es por el delito de enriquecimiento ilícito, confirmó el subprocurador Ernesto Canales. Este es un delito que puede alcanzar de los tres meses a los siete años de prisión, según el artículo 222 Bis del referido código penal.

De acuerdo con el subprocurador, fue a través de las declaraciones patrimoniales de Rodrigo Medina como se consiguió acreditar que éste tuvo un enriquecimiento inexplicable, que no se justifica con sus ingresos como servidor público.

“Esta es una investigación que ha sido compleja de integrar sobre todo por la resistencia de la propia Contraloría del Estado para entregar las declaraciones patrimoniales. Tuvimos que irnos a los propios juzgados para obtener resoluciones judiciales que ordenaran que se nos entregara la información que estábamos solicitando pero finalmente la conseguimos”, dijo Canales.

Será el próximo 24 de septiembre, cuando la Subprocuraduría presente ante un juez de control la imputación por este caso en particular.

Más de 30 exfuncionarios de Rodrigo Medina procesados

En año y medio de funcionamiento, la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León ha conseguido ya detener y abrir procesos penales contra de más de 30 exfuncionarios de la administración de Rodrigo Medina, y de exfuncionarios municipales involucrados en presuntos hechos de corrupción.

Ernesto Canales destacó el caso del exgobernador Rodrigo Medina, sobre el que ya pesan dos procesos penales por los delitos de daño al patrimonio, peculado y abuso de autoridad, ambos casos relacionados con la construcción de la planta automotriz KIA.

Cuestionado sobre si esos procesos no se encuentran detenidos, el subprocurador dijo que la defensa de Medina ha interpuesto amparos y apelaciones contra los autos de vinculación a proceso, pero aseguró que los casos están bien fundamentados y siguen vivos.

Canales destacó además las investigaciones y procesos en contra de otros altos exfuncionarios y puso como ejemplo el caso abierto contra Rodolfo Gómez Acosta, extesorero de la administración de Rodrigo Medina quien es acusado de peculado, ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio estatal.

Los fiscales también consiguieron que se iniciara proceso contra Jorge Domene Zambrano, exvocero de Seguridad en Nuevo León, por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones. La acusación en contra de este funcionario es por haber otorgado un contrato de 39 millones de pesos irregular a la compañía Limón Publicistas.

El pasado 20 de junio, la Subprocuraduría también consiguió que se vinculara a proceso al exsecretario de Obras Públicas de Nuevo León, Luis Marroquin, quien según las investigaciones concedió contratos por obras con sobreprecio que ni siquiera se completaron.

Canales también destacó el proceso iniciado en contra de la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Garza, a la que se le imputan los delitos de ejercicio indebido y abusivo de la función pública. El caso surge por la presunta contratación de servicios legales con cargo al erario del municipio cuando ya había concluido su periodo.

“Todos los casos que hemos conseguido llevar ahora hasta tribunales, aun sin las herramientas anticorrupción que se vienen prometiendo desde hace mucho, demuestran que lo que se necesita es voluntad política para hacer el trabajo (…) nosotros somos un equipo de 60 personas solamente pero que hemos conseguido ganar todas las solicitudes de vinculación a proceso que hemos solicitado”, dijo.

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