La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ha incumplido con la creación de una unidad clave, contemplada por la ley, que de existir sería una herramienta fundamental para que los jueces federales ordenen la prisión automática de presuntos delincuentes federales o por lo menos soliciten la implementación de medidas preventivas, como la colocación de brazaletes, para tenerlos todo el tiempo vigilados.
[contextly_sidebar id=”MFKW0t3mMRA7u7JL7T7eFZNgajhql2D2″]Se trata de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, un área con personal especializado responsable, entre otras cosas, de hacer la evaluación de riesgo de personas detenidas por la presunta comisión de delitos federales, con la cual se podría confirmar técnicamente que se trata de perfiles peligrosos.
El pasado 29 de junio, Animal Político presentó un reportaje donde informó que la PGR ha consignado a seis mil 905 personas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército desde que se puso en marcha a nivel federal el nuevo sistema penal, pero el 86%, más de cinco mil, estaban libres porque ese delito ya no amerita prisión automática y porque los fiscales no habían acreditado ante los jueces que se tratara de personas peligrosas que merecían permanecer encarceladas.
Para el doctor en Derecho Héctor Díaz Santana, quien laboró como Director General de Coordinación Institucional de la Secretaría Técnica de Implementación de la Reforma Penal, la Unidad de Seguimiento es crucial porque sería la instancia encargada de emitir dictámenes técnicos sobre los riesgos que representa una persona, un elemento prioritario para que el juez decida si debe permanecer en prisión.
Por ejemplo, con un dictamen de este tipo se podría establecer que una persona en poder de un arsenal representa mayor riesgo que un individuo con una pistola corta, y por lo tanto requiere una medida más severa como puede ser la prisión.
A solicitud de Animal Político, la CNS reconoció oficialmente que “con motivo de los recortes presupuestales en todos los sectores” el gobierno de la República se ha visto obligado a retrasar la implementación de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, aunque indicaron que desde el presente año existe un proyecto para conformarla con plazas definidas, organigrama y un plan de arranque de una primera fase.
Unidad clave
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece, al igual que el artículo 19 de la Constitución, seis delitos por los que un detenido debe ser recluido en prisión automática: Homicidio doloso, violación, delincuencia organizada, trata de personas, secuestro e ilícitos cometidos con armas y explosivos.
Esto no significa que una persona no pueda ser sometida a prisión preventiva por otros delitos. La solicitud la debe hacer el Ministerio Público y queda a criterio del juez establecer si la situación y perfil del detenido amerita que quede preso, o que se le imponga otra medida cautelar que la ley contempla, como un brazalete electrónico, embargo de bienes, prisión domiciliaria, etcétera.
El artículo 156 del Código Nacional estipula que para tomar la decisión de qué medida aplicar el juez, éste se apoyará en “el análisis de evaluación de riesgo” realizado por personal especializado en la materia; el artículo 176 del código establece que la evaluación de riesgo será tarea de la “autoridad de medidas cautelares” que será una unidad (Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares) específica a cargo de este tema con personal especializado.
En tanto, el artículo 177 del Código Nacional establece que dicha unidad es la responsable de vigilar el funcionamiento de las medidas cautelares y, si el caso lo amerita, solicitar que dichas medidas sean fortalecidas o revocadas.
Puede revisar también la localización de la persona procesada ya sea con visitas o entrevista sorpresas, o con el monitoreo de los brazaletes si fuera el caso.
Un tema pendiente
El retraso oficial en la implementación de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares ha provocado críticas del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, quien en mayo pasado, durante la inauguración del Primer Encuentro Nacional de Operadores del Sistema Penal, hizo un llamado para que el gobierno federal pusiera en marcha esta unidad ya que la falta de la misma podría provocar que todo el sistema fallara.
“El peso de la realidad nos impone coordinar esfuerzos y focalizar acciones, a todos nos debe importar el éxito del nuevo sistema (…) por eso hay que concentrarnos en lo que aún falta por desarrollar, por ejemplo, en el ámbito de la autoridad federal, la implementación de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares”, dijo Aguilar.
Para el Director del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco Solís, la única explicación para que la unidad no exista es una “tremenda omisión y negligencia” del Gobierno Federal, pues tuvieron 8 años para que esto estuviera listo y no lo está.
“Ahora lo que quieren es subsidiar el trabajo que no han hecho echando la culpa a la ley cambiándola”, dijo el experto en el sistema penal, ante los señalamientos del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, que en los últimos meses ha culpado al nuevo sistema penal del incremento en la violencia del país, con el argumento de que los jueces liberan a “personas peligrosas” que fueron detenidas con armas, lo que no ocurría con el viejo sistema.
Con el apoyo de mandatarios estatales y el mismo jefe de Gobierno de la CDMX, el comisionado Sales se ha propuesto hacer cambios a la ley para incluir más delitos que ameriten una prisión automática, entre ellos el de la simple portación de armas.
Una salida “fácil”
“Siempre es más fácil decir que el sistema es el que crea delincuentes y no la falta de aplicación de las políticas públicas porque eso sería tomar una responsabilidad de que no se ha hecho algo y es más fácil culpar a la ley que asimismo”, aseguró Javier Carrasco.
Carrasco es de los que piensa que Sales y los gobernantes están usando la ley como pretexto para no llevar a cabo las acciones a las que están obligados, como es la puesta en marcha de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y luego su fortalecimiento.
Para el Doctor Díaz Santana alterar el catálogo de delitos de prisión preventiva de oficio, como proponen Sales y los gobernadores, es una “salida fácil” para el gobierno federal y los gobiernos que prefieren no invertir en mejor capacitación, pero además es una medida que rompe con los estándares internacionales del debido proceso.
“Es una inconsistencia que está afectando de manera grave el sistema acusatorio y si no se constituye de manera rápida (la Unidad) es una irresponsabilidad que pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema penal”, aseguró Díaz Santana.
La CNS es la responsable
En junio de 2016, antes que entrara en vigor la reforma penal, estaba listo un proyecto de creación de Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares a nivel federal, que consistía en 600 plazas, pues se tiene que dar cobertura a todo el país.
En la ley, sin embargo, no se mencionó qué dependencia o institución era la responsable de ponerlo en marcha a nivel federal, así que el acuerdo tomado fue que la responsabilidad recayera en la CNS.
“Institucionalmente no se podía ubicar en la Procuraduría General de la República ni en el Poder Judicial. Entonces se acordó un proyecto desde el año pasado para que la unidad quede ubicada en la CNS pero no se ha hecho”, explicó Díaz Santana.
Para Javier Carrasco, la ausencia de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares a nivel federal, a cargo de la CNS, ha provocado “huecos” en el nuevo sistema penal acusatorio en los cuales resulta más complicado que un delincuente peligroso pueda ser retenido en prisión o que se le aplique una medida cautelar como un brazalete electrónico.
“Si no hay información que aportarle al juez, si no hay una evaluación de riesgo, pues el Ministerio Público tiene que argumentar con lo que tiene, pero en muchos casos no es la culpa del juez que los detenidos queden libres, lo que ocurre es que no hay los datos que permitan justificar una detención”.
Ante la falta de pruebas ministeriales o una evaluación de riesgo de los detenidos, un gran número de ellos queda en libertad, como ha ocurrido con el 86% de las personas aprehendidas por portación de armas de fuego, lo que ha llevado al comisionado Sales a culpar al sistema y solicitar modificaciones a la ley.
Una de las herramientas que pudiera ayudar a revertir este problema, como podría ser la Unidad, ha quedado rezagada con el argumento de que no hay recursos financieros para su implementación.
