La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Cámara de Diputados no se ponen de acuerdo en quién y cómo deben publicarse las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales que están actualmente en el cargo.
[contextly_sidebar id=”DCJU4vejOJMkdVmmz6Si0S1OtiTiK7k1″]Por ley las versiones públicas del patrimonio de los legisladores deben publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en la página de la Cámara baja, pero hasta el momento las declaraciones de 2015 y 2016 no están disponibles en ninguno de los dos sitios.
La Cámara informa que por un acuerdo interno dicha información está a cargo de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Pero la ASF señala que está “imposibilitada jurídica y materialmente para publicar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales”.
Así que vuelve a remitir a la Cámara, pues explica que este trámite debe ser gestionado por personal y directamente ante la autoridad competente, “siendo en este caso la Unidad de Evaluación de la Cámara de Diputados, por lo que la ASF no está en aptitud de tener bajo resguardo y publicar las declaraciones patrimoniales del personal adscrito.”
Pero la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados insiste en que las declaraciones patrimoniales de los últimos dos años las tiene la ASF, y que será hasta agosto, sin especificar la fecha, cuando se publiquen en la página y la plataforma las declaraciones de 2017.
Este desacuerdo entre ambas partes no es nuevo. En abril de 2011 Animal Político solicitó a través de una solicitud de transparencia a la ASF y la Cámara de Diputados las listas de los legisladores que habían hecho públicas sus declaraciones patrimoniales.
Entonces ambas entidades se responsabilizaron una a otra de publicar los datos, pero ninguna dio a conocer la información.
Pero más allá de las obligaciones de ley, hay poca voluntad en los legisladores en hacer pública y transparente su evolución patrimonial.
Hasta el momento de los 500 diputados que integran la actual legislatura sólo 126 han publicado de manera voluntaria sus declaraciones, patrimonial, de intereses y fiscal, en la plataforma 3de3.mx que impulsaron organizaciones de la sociedad civil.
Un largo camino a la transparencia
La obligación de presentar su declaración patrimonial para los diputados no es nuevo. En 1982, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señalaba que los legisladores debían entregar un informe anual con la evolución de su patrimonio.
La extinta Secretaría de la Contraloría sería la encargada de resguardar esta información.
En 2002, la Ley de Federal de Transparencia estableció que para acceder a esos documentos se necesitaba el consentimiento expreso de los sujetos.
Catorce años después con la promulgación de la Ley General de Transparencia en abril de 2016 se acortó un paso, pues ya no es necesario que los ciudadanos obtengan primero la autorización del sujeto obligado, ahora al presentar su declaración patrimonial los servidores públicos consienten, o no, el dar a conocer una versión pública.
Ahora también deben, por ley, presentar una declaración de intereses.
“Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”, señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
La ley fue aprobada sin incluir el concepto de “máxima publicidad” y ni la declaración fiscal como pedían las 74 organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la llamada ley 3de3.
