Tras pasar cinco años en prisión, acusada de delitos cuya confesión le fue extraída bajo tortura por policías de Veracruz, el pasado 21 de agosto fue liberada María del Sol Vázquez Reyes, luego de ser declarada inocente de todos los cargos que las autoridades le imputaron.
[contextly_sidebar id=”ZI8T6fS2mzOdV34agzfdM52ctCOoDBt8″]El 26 de octubre de 2012, alrededor de las 9:30 horas, María del Sol ingresaba a su trabajo, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Veracruz en Córdoba, cuando seis agentes de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación la privaron de la libertad, sin presentarle ninguna orden de aprehensión.
De acuerdo con la recomendación 16/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, María del Sol fue conducida por los agentes a las oficinas de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, y fue torturada por ellos, para que se declarara como integrante de una banda de secuestradores.
Según establece la recomendación de Derechos Humanos, “los agentes de la AVI golpearon a María del Sol, le quitaron su ropa, le vendaron los ojos y la esposaron. En estas condiciones, los agentes golpearon reiteradamente su espalda, cabeza, abdomen, estómago y brazos; le dieron choques eléctricos en las piernas, pelvis y abdomen; manosearon y amenazaron que sería violada por todos los agentes y que la matarían por no confesar”.
El documento agrega que a María del Sol le fue introducido un trapo en la boca, y luego le cubrieron la cabeza con una bolsa, para causarle asfixia mientras era golpeada y electrocutada.
Asimismo, su cabeza fue estrellada en distintas ocasiones contra una pared.
María del Sol pasó aproximadamente 14 horas en las instalaciones de la AVI, incomunicada y bajo tortura, y sólo fue extraída en una ocasión, para acompañar un allanamiento domiciliar, donde fue obligada a incriminar a uno de los moradores, y para posar para la prensa del estado.
Después, de vuelta en las instalaciones de la policía, fue obligada a firmar un documento, cuyo contenido no le permitieron conocer.
Según consta en la recomendación, alrededor de la medianoche del 26 de octubre de 2012, los policías de Veracruz trasladaron a María del Sol al penal de La Loma, en Córdoba, donde enfrentó tres años de juicio, al final de los cuales, en 2015, fue sentenciada a 24 años de cárcel, en donde permaneció hasta el pasado 21 de agosto, no sólo defendiendo su inocencia, sino denunciando los abusos de los que fue víctima, por parte de las autoridades estatales.
Aunque la familia de María del Sol denunció inmediatamente los hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, este organismo tardó cinco años en investigar los hechos, y finalmente, en mayo pasado presentó, su recomendación, en la cual determinó que María del Sol fue víctima de detención y retención ilegal, tortura física y violencia sexual, por parte de agentes del estado, además de que el Juzgado Primero de Primera Instancia de Córdoba también violó su derecho a que sus denuncias de tortura fueran investigadas.
Así, luego de cinco años en prisión y tras comprobar que las pruebas en contra de María del Sol habían sido fabricadas y extraídas mediante tortura, el lunes 21 de agosto pasado, la Tercera Sala Penal de Veracruz revocó la sentencia en su contra, la absolvió de todas las acusaciones y ordenó su inmediata liberación.
Al salir, María del Sol declaró: “Ahora pienso estar con mi hija y vivir para ella, acompañarla, hacer una vida normal, llevarla a la escuela, a pasear”, pero, “una parte de mi se sigue sintiendo en el lugar en el que estaba”.
La tortura, una constante
El de María del Sol es uno de los casos emblema de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual“, emprendida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha documentado al menos 20 casos de tortura sexual en contra de mujeres inocentes, para someterlas e incriminarlas, por parte de autoridades estatales y federales, en al menos siete entidades del país: Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Sinaloa y Veracruz.
No obstante, esos no son los únicos puntos del país en donde el uso de la tortura es recurrente, por parte de autoridades, tal como concluyó el relator de la Organizaciones Unidas para Tortura, que en mayo pasado refrendó lo que ya había informado desde 2014: que en México “la tortura y los malos tratos son generalizados”.
En México, denunció el relator de la ONU, la tortura “es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo”, y “entre los métodos de tortura se aplican asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica”.
En su informe sobre la situación de la tortura en México, el relator señala que, a pesar de que la ONU solicitó reformas en la materia, en México siguen aceptándose como válidas pruebas obtenidas mediante tortura; además de que sigue sin definirse cuál es la responsabilidad de los superiores jerárquicos de quienes la cometen.
Asimismo, la ONU denunció que en México sigue utilizándose la figura del “arraigo” para privar de la libertad a personas contra las que no hay acusaciones formales, y que sirve de pretexto para “violar el derecho a la libertad personal, el debido proceso, el principio de presunción de inocencia (además de que) expone al detenido a posibles torturas y malos tratos”.
La ONU, finalmente, también condenó que, en México, el ámbito militar siga resolviendo casos de violaciones a derechos humanos, tanto en el proceso de investigación como de juicio, cuando la víctima y el agresor sean militares, en vez de que estos casos sean revisados por la justicia civil.
