Procuraduría de CDMX incumple recomendación de la CDHDF y (todavía) viola derechos de policías

La Procuraduría de Justicia capitalina ni siquiera realizó el diagnóstico sobre la situación laboral que enfrentan los policías de investigación, luego de que la CDHDF documentó violaciones a derechos laborales de los agentes.

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Los policías de investigación capitalinos iniciaron la batalla por sus derechos en mayo de 2014. Especial

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México incumplió con el compromiso de mejorar las condiciones de trabajo de los policías de investigación, pese a que la Comisión de Derechos Humanos local documentó que la dependencia viola sus derechos laborales.

La CDHDF emitió la recomendación 16/2016 en diciembre del año pasado, en la cual establece diversas acciones para que la Procuraduría capitalina cesara la violación a los derechos de sus empleados, que, entre otras cosas, tienen jornadas de 24 horas continuas de trabajo, hostigamiento, falta de insumos, instalaciones insalubres y discriminación.

Aunque la Procuraduría, actualmente a cargo de Edmundo Garrido Osorio, aceptó la recomendación y, por tanto, se comprometió a cumplir con las observaciones, no lo ha hecho. Ni siquiera realizó el diagnóstico sobre la situación de los policías, para lo cual tenía un plazo de 120 días, que se agotó el 13 de junio pasado.

La Comisión de Derechos Humanos local confirmó a Animal Político que hasta ayer, 2 de agosto, la Procuraduría no había entregado el diagnóstico, que sería el punto de partida para avanzar en las siguientes acciones.

Además, el 30 de junio pasado, Gonzalo Gallardo, visitador adjunto de apoyo y seguimiento de la CDHDF, emitió un oficio en el que confirma que la Procuraduría había entregado pruebas de cumplimientos de dos de los puntos recomendados, “susceptibles a ser verificados” y del resto no había nada.

En tanto, policías consultados aseguraron que ninguna autoridad de la Procuraduría se ha acercado para recabar la información sobre su situación laboral.

Este medio solicitó entrevista con autoridades de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para saber la razón del incumplimiento, pero el área de Comunicación Social informó que el funcionario encargado se encontraba de comisión.

Pese al incumplimiento, aún hay canales legales para que la Procuraduría actúe. La titular de la CDHDF, Perla Gómez, puede hacer exhortos públicos y por escrito a la dependencia. Además, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México está facultada para llamar a comparecer al procurador para que explique los motivos del incumplimiento.

Sin cambios en la situación laboral

Los policías de investigación capitalinos iniciaron la batalla por sus derechos en mayo de 2014 y, parecía, que la recomendación de la CDHDF era una primera victoria. Sin embargo, sólo se ha quedado en el papel.

Los policías aún trabajan hasta 24 horas continuas y sin certeza sobre su horario laboral con el argumento que se trata de “necesidades específicas de servicio” o “servicios extraordinarios”, aunque esto no esté previsto en alguna normatividad interna.

Heriberto Vital, uno de los policías que interpuso la queja, afirma que “todo sigue igual o peor”. La mayor exigencia, dice, es por horarios justos de trabajo, pues eso impacta directamente en su salud y productividad.

La Procuraduría de Justicia capitalina mantiene un modelo de trabajo para sus policías que consiste en “guardia” (24 horas), “franca o de descanso” (24 horas) e “imaginaria” (12 horas de labores por 12 horas de descanso).  Esto significa 96 horas laborales a la semana. En contraste, los mandos superiores trabajan 68 horas.

Además, los mandos pueden decidir ampliar los periodos de trabajo sin ninguna razón normativa de por medio. Son decisiones discrecionales que funcionan como esquema de castigos, sobre todo para aquellos que se inconforman por las condiciones de trabajo.

La CDHDF también detectó que el número de policías de investigación es insuficiente para cumplir con sus funciones, pero también es un problema originado por las propias autoridades.

Por ejemplo, en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en IZC-2, supuestamente están contratados 30 policías de investigación; sin embargo, al interior de la agencia sólo laboran cuatro agentes por turno de guardia porque “el resto se encuentran comisionados” realizando “actividades de escolta, administrativas, o bien se encuentran ausentes por licencia médica, de tal forma que el estado de fuerza se ve reducido significativamente”, indica la Comisión.

Debido a que la Procuraduría ignoró la recomendación de la CDHDF, los policías acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 24 de julio pasado para que intervenga en el caso.

Los compromisos de la Procuraduría

La Comisión documentó que, por ejemplo, ni siquiera hay certidumbre de la participación de policías en operativos de seguridad pública. La orden sólo la reciben de manera verbal, pero no existe un documento que justifique su presencia en dichas acciones.

También existe una diferenciación salarial entre las personas, toda vez que, aunque realicen las mismas funciones, no todos ganan igual, según detectó la Comisión. Esto, dicen los policías, se debe al tráfico de influencias y a redes de complicidad entre los mandos y los elementos.

Ni siquiera los insumos son suficientes para realizar los trabajos. Los policías deben pagar las reparaciones de sus patrullas y hasta la gasolina porque “nunca hay recursos”, dicen los elementos consultados.

En cuanto a la infraestructura, los lugares de trabajo “no tienen suficiente aseo, iluminación y ventilación; los sanitarios son de uso común para mujeres y hombres; incluso, en algunos casos, los sanitarios no se encuentran en funcionamiento y se utilizan como bodegas. Tampoco tienen lugares higiénicos para el consumo de alimentos y el mobiliario de oficina es insuficiente y se encuentra en condiciones de desgaste y poco funcionales”, advierte la Comisión local.

Todo esto se traduce en un trabajo poco eficiente hacia la ciudadanía, dice el policía Heriberto Vital. Por eso, insiste, si esta ciudad cuenta con policías con mejores condiciones laborales y los insumos necesarios para investigar, la impunidad disminuiría.

Un policía, por ejemplo, recibe seis carpetas de investigación en promedio por día. Esto significa que en una semana tiene 30 casos. En una sola agencia del ministerio público acumula 2 mil 600 carpetas en 2016, pero sólo hay 30 policías dedicados a esclarecer los casos.

Aunque la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación, no es vinculante, es decir, si la Procuraduría incumple no puede ser sancionada. En todo caso, sólo sería una sanción moral por ignorar la recomendación del organismo de defensa de derechos humanos local.

Esto debería hacer la Procuraduría para mejorar la situación de sus policías:

  1. Elaborar un diagnóstico que identifique las condiciones laborales y de seguridad como: adscripción, puesto, antigüedad, actividad laboral que desempeñan, turnos, salario, acceso a capacitación, insumos con los que cuenta y condición de la infraestructura en los centros de trabajo. (El plazo era de 120 días naturales, que se agotó el 13 de junio pasado).
  2. En un plazo no mayor a 180 días, a partir de la elaboración del diagnóstico, atender las problemáticas y necesidades detectadas, haciendo uso del presupuesto con el que se cuente y del que se solicite en el Programa Operativo Anual de 2018.
  3. En un plazo no mayor a 180 días a partir del diagnóstico, se armonicen los instrumentos que regulan la actuación de la Policía de Investigación con base en estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos laborales.
  4. En un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la aceptación de la presente Recomendación, la Procuraduría la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México deben solicitar la suficiencia presupuestal para la homologación de los salarios, prestaciones y estímulos, de los policías y para tener los recursos materiales, financieros y tecnológicos necesarios para atender las problemáticas.
  5. Programa de tratamiento psicológico para prevenir el estrés laboral; crear un mecanismo para prevenir, investigar y erradicar la violencia laboral y diseñar un programa de capacitación para los elementos.
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