Aunque el gasto en seguridad subió 60% en 8 años, la violencia y la impunidad se agravan

Muchos policías pero mal preparados, pocos jueces, malos manejos de subsidios y programas que no sirven, son las fallas con las que el presupuesto de seguridad termina malgastándose.

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Cuartoscuro Archivo

Entre  2008 y 2015 el millonario presupuesto destinado a la seguridad pública en México se ha incrementado más de 60%; pese a ello, la tasa de homicidios del país es 10 veces superior a la de los países de la OCDE, en promedio, los asesinatos y delitos del fuero común han repuntado en los últimos dos años, y la impunidad prevalece: 99 de cada 100 delitos quedan sin castigo.

¿Las causas? Aunque hay muchos policías en el país, los elementos están mal preparados; en el caso de los jueces, son pocos y están saturados; además, las acciones de prevención ante la violencia y el crimen han resultado ineficaces,  y los subsidios y recursos que se dan a los estados son mal manejados.

Así lo indica un estudio realizado por el laboratorio de políticas públicas Ethos, el cual concluye que el esfuerzo de incrementar en miles de millones de pesos los recursos en seguridad ha sido prácticamente inútil.

“A pesar del incremento del gasto, México es uno de los países más violentos del mundo, con 15.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Incluso, no hemos podido regresar a los niveles de paz que se registraron antes del 2000”, se lee en el estudio de Ethos.

El incremento del gasto

De acuerdo con los datos incluidos en el estudio, en el 2008 el presupuesto para la seguridad interior (seguridad pública) en México fue de 27 mil 259 millones de pesos, y  en 2015 ascendió hasta los 43 mil 957 millones de pesos.

Esto equivale a un incremento del 61% en el presupuesto.

Si al presupuesto de seguridad pública se le añade el de seguridad nacional, y también el que se destina para los órganos de justicia, en 2008 el gasto ascendió a 130 mil 989 millones de pesos, y en  2015 fue de 209 mil 400 millones de pesos, lo que equivale a un alza del 60.7%.

Lo que México gasta en seguridad pública representa el 1.4% de lo que puede gastar el país. Aun con los incrementos, este porcentaje es muy inferior, en comparación con el promedio de los países de la OCDE, que invierten hasta el 4.7% de su gasto total en seguridad.

El informe destaca que entre 2013 y 2016, como parte de la estrategia en seguridad, se diseñó un Programa Nacional de Prevención del Delito. En 2016 el presupuesto para este programa superó los dos mil millones de pesos; sin embargo, para 2017 ya no se asignaron recursos al referido programa.

La mayor parte de todo el dinero que a nivel federal se asigna para la persecución de los delitos se destina a la Policía Federal, que concentra el 60% de los recursos, y que cada vez sale más cara: pasó de tener poco más de 11 mil elementos a principios de este siglo, a tener más de 40 mil, actualmente.

Como parte del gasto también hay que agregar los distintos subsidios que se dan a los estados y municipios, y que para 2017 superaron los 12 mil millones de pesos.

Pobres resultados

Todo el dinero que se ha invertido en esos temas no ha convertido a México en un país más seguro, concluye el estudio de la organización Ethos.

Diversos indicadores dan prueba de ello.

Por ejemplo, el análisis señala que la tasa de homicidios dolosos en nuestro país es de 15.7 casos por cada cien mil habitantes, que es diez veces más alta que la del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la cual es de 1.6 homicidios.

Hay países de la región, como Argentina, que tiene un tasa de 7.6 homicidios por cien mil habitantes, o Chile, con una tasa de 3.6 asesinatos.

La situación en este rubro cada vez es peor. Si bien entre 2011 y 2014 hubo un descenso de los asesinatos, a partir de 2015 ha comenzado un nuevo repunte. Para ponerlo en proporción, los homicidios pasaron de 15 mil 653 casos en 2014, a 20 mil 792 en 2016. Es un alza de 32%.

Hay estados donde la situación es mucho peor. Por ejemplo, en 2016 en Colima la tasa de asesinatos fue de 81.6 casos por cada cien mil habitantes, en Guerrero de 61.7, y en Sinaloa 38.6 casos.

El estudio también muestra que, de 2015 a 2016, la cifra de todos los delitos del fuero común (desde robos hasta secuestros) tuvo un repunte, siendo que previamente se había logrado un descenso. Fueron casi un millón 600 mil delitos del fuero común en 2016. Diez años antes, la cifra no superaba la barrera del millón 500 mil ilícitos.

Al problema de la violencia se suma el de la impunidad, que se ha mantenido y hasta agravado, pese a los recursos que se han ejercido.

El estudio recoge cifras oficiales del INEGI, que muestran que la cifra negra de delitos en México (es decir, ilícitos que se comenten pero no se denuncian) ha pasado del 91.6% en 2012, hasta casi 94% en 2016. El nivel de inseguridad en el país es mucho mayor al que se reporta con datos oficiales.

A esto hay que sumarle que, de acuerdo con el índice de Impunidad Global, del total de delitos que sí se denuncian solamente el 4.5% de ellos terminan en una sentencia condenatoria.

Lo anterior significa, de acuerdo con Ethos, que realmente menos del 1% de los delitos cometidos en México reciben castigo.

Puntos clave del fracaso

Los especialistas a cargo del estudio identificaron varias causas por las que, el simple hecho de incrementar recursos en materia de seguridad, no está arrojando un impacto positivo en la realidad.

“La pregunta obligada es si invertimos cada vez más en seguridad interior, ¿por qué persisten los altos niveles de violencia? Una posible explicación a este fenómeno es que los recursos ejercidos hasta hoy en día han servido para conformar un cuerpo policíaco con el número de elementos adecuados para combatir el delito, pero con capacidades limitadas de persecución y prevención”, indica el estudio.

Según los datos, México tiene un promedio de 367 policías por cada cien mil habitantes, que es superior al promedio de los países de la OCDE, el cual se sitúa en 297 agentes por cada cien mil habitantes.

El caso contrario es el déficit que existe en los apartados de procurar y administrar justicia. El país apenas tiene 4.2 jueces por cien mil habitantes, cuando el promedio en la OCDE es de 16 jueces.

A esto hay que sumar que solo hay 3.2 agencias del Ministerio Público, y 7.5 agentes investigadores por cada cien mil habitantes.

“Los datos presentados dan cuenta de que la procuración y administración de justicia pueden ser un cuello de botella para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que existen muchos elementos persiguiendo el delito y pocos dedicados a estas funciones”, señala el estudio.

A lo anterior hay que sumar los malos manejos del dinero correspondiente a los subsidios en seguridad, que se entregan a los estados por parte de la federación. El estudio destaca que se han practicado 552 auditorías a los mismos, por parte de la ASF, que han derivado en más de 4 mil 200 recomendaciones.

Los problemas van de todo, desde débiles mecanismos de evaluación, adquisiciones opacas, poca transparencia en la asignación, diagnósticos inexistentes o débiles, mal control y fiscalización, y ausencia o insuficiencia de reportes sobre el destino de los pagos.

Ethos también destaca las deficiencias en el gasto en cuanto a prevención, pues si bien existen rubros etiquetados, no hay precisión de que realmente se trate de acciones nuevas, y no se mide su impacto en la realidad.

“En conclusión, muchos rubros del gasto en seguridad son opacos, tanto en su destino como en los resultados que producen. Esto implica que no existe información confiable sobre qué funciona y qué no, lo que debilita la toma de decisiones sobre la permanencia, eliminación o modificación de los programas. Sólo con información pertinente y detallada sobre las prioridades de gasto y sus resultados será posible mejorar la eficiencia”, concluye el análisis.

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