Las dependencias federales y las universidades que violaron la ley para entregar recursos públicos a empresas fantasma entre 2013 y 2014, no han podido comprobar el gasto de 3 mil 947 millones de pesos que estaban destinados para combatir la pobreza, fortalecer los servicios de salud y educación, entre otros fines.
[contextly_sidebar id=”UuaWOOZry9gLu6doxWpwQazvYA6lTHny”]En tres años, las instancias involucradas en esta estafa al erario público no han entregado documentos o evidencias del cumplimiento de los servicios que presuntamente presentaron, después de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Animal Político y Mexicanos contra la corrupción documentaron en el reportaje La estafa maestra que 11 dependencias del gobierno federal contrataron a ocho universidades para hacer supuestos servicios por 7 mil 640 millones de pesos. De ello, 3 mil 433 millones de pesos terminaron en empresas ilegales.
Después de la publicación, funcionarios públicos de las instancias involucradas aseguraron en diferentes entrevistas que habían resuelto las observaciones hechas por la ASF, por las irregularidades detectadas en los convenios y contratos.
Una revisión al sistema público de la ASF arrojó que estas dependencias y universidades, involucradas en La estafa maestra, tienen pendientes de resolver 112 observaciones, que suman 3 mil 947 millones de pesos, considerado como “un probable daño al erario público”.
La ASF presentó seis denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por este esquema de “fraude” y de “desaparición” de recursos públicos, según señaló el auditor, Juan Manuel Portal.
Sedesol, Morelos y Estado de México, con mayor faltante
La Secretaría de Desarrollo Social entregó 2 mil 224 millones de pesos a las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos entre 2013 y 2014 para cumplir supuestos servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa de Adultos Mayores y desarrollo de proyectos en las zonas más rezagadas del país, entre otros.
Rosario Robles, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, encabezó la Sedesol cuando se firmaron los convenios. En entrevista con Javier Risco el pasado 13 de septiembre, aseguró que la Secretaría de la Función Pública había “respondido con mucha claridad” al respecto.
Sin embargo, cinco de las seis denuncias de hechos presentadas por la ASF ante la PGR, fueron contra la Sedesol por “pagos indebidos” que hicieron las Universidades de Morelos y Estado de México por servicios no realizados; por ejemplo, la supuesta compra de productos que debían ser entregados en los 400 municipios más pobres del país y que nunca llegaron.
La sexta denuncia fue contra la Universidad Autónoma del Estado de México por utilizar un “esquema de simulación de operaciones” durante los ejercicios 2013 y 2013, con el dinero proveniente de los convenios con las dependencias.
Debido a las irregularidades, la Auditoría hizo 58 observaciones a la Sedesol, de ellas, 32 están concluidas, pero se trata de cuestiones administrativas como que el Órgano Interno de Control de la Dependencia inició la investigación sobre los procedimientos. En cambio, las 21 observaciones pendientes se deben a que no han podido comprobar el destino de los recursos.
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), hicieron contratos con la Sedesol, la SEP, el FOVISSSTE y el Registro Agrario Nacional (RAN). Hasta el momento no ha podido comprobar en qué gastó mil 558 millones de pesos.
Javier Olvera García, fue el rector de la UAEM durante ese periodo y actualmente es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Hasta el momento no se ha pronunciado sobre el desvío millonario durante su gestión.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) no ha comprobado mil 157 millones de pesos por los convenios realizados con la Sedesol y la Sagarpa.
El rector de la UAEMOR, Alejandro Vera, aseguró que la universidad fue “utilizada” en este esquema. Aunque la universidad hizo 8 licitaciones, terminó contratando a empresas fantasma, pero que, según el funcionario, entregaron la documentación que las acreditaba como legales.
Les entregó el dinero, dijo, porque la Sedesol “nos liberan los compromisos y nos liberan los pagos. Porque si nos hubieran dicho ‘oigan, estos no cumplieron’, pues no hubieran liberado los pagos”.
El actual titular del ISSSTE, José Reyes Baeza, encabezó el FOVISSSTE en 2014, cuando el organismo hizo convenios con la UAEM por 249 millones de pesos. En entrevistas después de la publicación del reportaje, aseguró que los servicios se habían cumplido y las observaciones de la Auditoría estaban solventadas.
De acuerdo con el sistema de seguimiento de las observaciones, el FOVISSSTE aún no comprueba 129 millones de pesos, es decir, la mitad del dinero que entregó a la Universidad para hacer supuestas mejoras en el sistema informático para atender a los derechohabientes.
La Secretaría de Educación Pública, cuando Emilio Chuayffet era el titular, entregó 278 millones de pesos al FONDICT para supuestos servicios como la digitalización de las cédulas profesionales. Aunque sólo resta una observación por aclarar, se trata de 192 millones de pesos que no han sido comprobados. Las 18 observaciones restantes están concluidas porque el Órgano Interno de Control de la dependencia inició investigaciones para deslindar responsabilidades sobre los contratos firmados.
Las únicas universidades que han solventado las observaciones son la Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México y el Instituto Superior de Comalcalco, que al igual que el resto de las instituciones educativas involucradas en La estafa maestra utilizaron empresas irregulares para triangular los servicios y desviar los recursos públicos con Petróleos Mexicanos en el área de Producción y Exploración.
