“Nos utilizaron”. Así responde el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR), Alejandro Vera, sobre la participación de la institución en el desvío millonario de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que terminaron en empresas fantasma.

[contextly_sidebar id=”vw2ZuM1haChdrr9kKAsXjRWOB9s3YG8M”]Sin precisar si la institución fue utilizada por la dependencia o por las empresas que contrató, el rector aseguró que la universidad firmó convenios “de buena fe” y, por tanto, no tiene la obligación de comprobar la legalidad de las compañías más allá de los documentos que le entregaron.

Entre las dependencias involucradas está la Sedesol, que entregó 697 millones de pesos a la UAEMOR para cumplir con la distribución de despensas, artículos para promotores de la Cruzada y la organización de un concierto, entre otros. Aunque no hizo ningún servicio, la Universidad se quedó con una “comisión” de 61 millones 120 mil pesos sólo por contratar a empresas… que resultaron fantasma.

La universidad realizó ocho licitaciones para escoger a los proveedores, pero las empresas participantes eran irregulares y concursaron entre sí en diferentes procesos; otras fueron descartadas porque no presentaron documentos básicos, como el poder notarial de representante legal, o porque la oferta económica era mayor a la prevista.

Dicha empresa no está registrada ante la Secretaría de Economía -primer requisito para operar legalmente- y no se encuentra en el domicilio fiscal que reportó en la Ciudad de México.

En entrevista con el equipo de investigación, el rector Vera aseguró que las empresas presentaron documentos que comprobaban su legalidad como el acta constitutiva, el RFC y carta poder.

Dumago Systems Solutions vende computadoras pero fue contratada para repartir despensas; Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos repara maquinaria, pero fue elegida para la “orientación, promoción y apoyo” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Y Grupo Industrial y Servicios Yafed fue desmantelada.

Sobre estas irregularidades, la universidad dijo que no es responsable de investigar a las empresas en el sistema financiero del país. En cambio, sostiene el rector, le corresponde al SAT y a la Secretaría de Economía vigilar la legalidad de las compañías.

– A nosotros no nos dicen. Si las empresas llegan con una información privilegiada esa es otra cosa. Nuestra licitación fue pública y abierta, como pasa con el resto de licitaciones.

–Entonces, ¿las empresas los engañaron?

–No, yo no podría decir que nos engañaron, porque la documentación obra en nuestros archivos. Y es una documentación que se verificó y toda estaba conforme a la normatividad.

–Pero contrataron a empresas fantasma. 

-Sí, pero ya no nos toca a nosotros determinar a nosotros si son o no son (fantasma). A nosotros no nos toca determinar si la información que presentan (las empresas) es o no es falsa.

-La Universidad asegura que tiene documentos de prueba sobre los servicios, pero cuando fuimos (a las empresas) se veía claramente que no existían. ¿Esto qué sensación le causa?

-Me causa un encabronamiento. En serio, no nos merecemos esto como mexicanos, como país, como universidad. Y si nos usaron, que paguen. Los que tengan que pagar. Yo no voy a tapar a nadie. Ni voy a ser cómplice de nadie. Me parece infame lo que hacen.

–En un proceso de autocrítica, ¿cuáles fueron los errores de parte de la universidad en estos convenios? 

-No tenemos que estar firmando eso (los convenios). No tenemos por qué meternos y ser utilizados de esa manera. Esa es la autocrítica. Es el tema de decir, ¿por qué fregados nos utilizan? Firmamos contratos de buena fe.

–¿Quién los utiliza?

-¿Cómo que quién?

–¿Los utilizaron las empresas, el gobierno?

-Pues yo creo que ahí es donde ya tienen que ver dónde está el entramado. Pero créanme, no somos las universidades. Al menos esta no. (La UAEMOR) no es cómplice y no va a ser cómplice de nadie.

-¿Podría pasar esto mismo con otras empresas?

-Sí, si las autoridades no ponen un freno, y no atienden el problema del lavado de dinero… Pero no solo nosotros. Si nosotros pedimos información a la comisión bancaria pues jamás nos la van a dar.

-Entonces, habría un riesgo elevado de que esto volviera a suceder…

-Sí, estamos en un gran riesgo. Yo creo que todos estamos en un gran riesgo, y es muy importante que se apliquen las medidas conducentes para que cuando tú veas una empresa que participa, pues tengas la seguridad de que es una empresa está legalmente constituida.

Empresas cobran y no entregan servicios

Grupo Comercializador Cónclave fue declarada fantasma por el SAT y ganó 207 millones de pesos. El servicio consistía en entregar 16 millones de productos como gorras, tortilleros, linternas o balones para los promotores de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 13 entidades del país.

La licitación fue abierta el 26 de septiembre de 2013, tan solo un día después se anunció como ganador a Grupo Comercializador Cónclave. El 8 de octubre se hizo el pedido y un día después se entregaron los productos en 214 municipios. El pago fue entregado el 31 de octubre.

De acuerdo a la verificación de la Auditoría Superior de la Federación, los artículos ni siquiera llegaron a las delegaciones de la Sedesol en los estados y, por tanto, la empresa cobró sin realizar los servicios. El rector Vera asegura lo contrario. Las pruebas, dice, son los documentos de “satisfacción de los recursos” por parte de personal de la Sedesol.

-O sea, ustedes dicen que las empresas cumplieron, ¿porque la Sedesol dice que cumplieron?

–Sí, porque nos liberan los compromisos y nos liberan los pagos. Porque si nos hubieran dicho ‘oigan, estos no cumplieron’, pues no hubieran liberado los pagos.

Sin embargo, la Sedesol presenta como pruebas del cumplimiento de los servicios, las actas de la Universidad y asegura que “en ninguna parte de los convenios ni de los anexos técnicos y apéndices se advierte que corresponda al director (de la SEDESOL) supervisar el cumplimiento”.

Empresas fantasma y sin registro ‘compitieron’ por licitaciones

El rector Vera aseguró que las licitaciones públicas, a partir de las cuales se contrataron a varias empresas para realizar servicios a Sedesol, “se realizaron conforme a la normatividad aplicable”. Sin embargo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron que los concursos beneficiaron a empresas fraudulentas.

Por ejemplo, en la licitación LP12/2013 ganó Grupo Comercializador Cónclave, cuyo representante legal, David Dávila Córdova, fue operador del cártel de Juárez y fue detenido en 2005 por lavado de dinero, según reveló una investigación de Aristegui Noticias.

En el concurso también participó la empresa Bombasa, S.A. de C.V., que no está registrada en la Secretaría de Economía y cuyo representante legal era Luis Antonio Mendoza Ángeles, actual “profesional ejecutivo” de la PGR, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuya función es “apoyo en el área de vehículos”.

Según su declaración patrimonial en Declaranet, Mendoza Ángeles trabajó en Advanced Computer Knowledge, S. A. de C. V. en el área de licitaciones, empresa que recibió recursos de Grupo Comercializador Cónclave de este contrato sin hacer algún servicio. Según respondió la Secretaría de Economía a una solicitud de transparencia, Advanced Computer tampoco está registrada ante la dependencia.

También concursó Comercializadora Gear, S.A. de C.V., que recibió recursos en otro convenio firmado por la Universidad de Morelos y la Sagarpa en febrero de 2014 y en el que no se cumplieron con los servicios de ejecución del Programa ProAgro Productivo, según respondió la dependencia en una solicitud de información.

El representante legal de esta empresa era Juan José Durán García, que según su declaración patrimonial fue delegado estatal del INEA de 19 de diciembre de 1994 hasta el 15 de enero de 2007. En la licitación no presentó copia certificada de identificación fiscal y comprobante de domicilio, por eso fue descalificada.

Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V. fue la cuarta participante. Tampoco está registrada en la Secretaría de Economía y el representante legal era Román Merino Espinosa, jefe de Departamento en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de la PGR desde el 16 de junio de 2001, según consta en Declaranet. También fue descalificada por “no acreditar las facultades legales”.

Prodasa, S.A. de C.V. ganó la licitación LP/2013, por 188 millones 662 mil pesos, sólo por ofrecer la oferta más baja con respecto a su única competidora: Comercializadora Claudio, S. A. de C. V., cuyo representante legal fue Óscar Armando Fragoso Hernández, quien fue subdirector del Instituto Nacional de Salud Pública, entre noviembre de 2002 y julio de 2008.

La licitación LP17/2013 por 33 millones 633 mil pesos la ganó Dumago Systems Solutions, que tampoco cuenta con registro ante Economía. Esta empresa se dedica a vender computadoras, pero debía repartir medio millón de despensas en las zonas más pobres del país. Compitieron con ésta RAR Computación, S. A. de C. V. y Meve Soluciones, S. A. de C. V., que ganó otra licitación, la número LP12/2013 por 29 millones 211 mil pesos, pese a que no está registrada en la Secretaría de Economía.

Otro caso fue el convenio firmado con la Sagarpa en febrero de 2014 por 13 millones 77 mil pesos para operar el programa Pro Agro. Aquí no hubo licitación y ni siquiera contrato con las empresas contratadas.

La universidad se quedó con 415 mil pesos como comisión y entregó el resto del dinero a siete empresas. Dos de ellas que aparecieron en las licitaciones previas: Grupo Comercializador Cónclave y Comercializadora Gear. Otras como Ceo Marne México, Fortalitia y Soluciones Globales Reggan ni siquiera existen en la dirección que registraron, tal y como corroboró este equipo de investigación.

En una solicitud de transparencia, la Sagarpa reconoció que no existían pruebas de la realización de los servicios. Es decir, las empresas se quedaron con el dinero sin algo.

Si bien hubo supuestas licitaciones, la investigación periodística comprobó que las empresas concursantes no tenían posibilidades de conseguir algún contrato del gobierno federal porque no cumplían con los requisitos para operar legalmente.