El sistema de procuración de justicia en México se encuentra en una “grave crisis”. Los fiscales no investigan y carecen de autonomía, la profesionalización es inexistente y las condiciones laborales pésimas, las víctimas son ignoradas, las violaciones a derechos humanos son frecuentes; priva el caos organizacional, el desorden en las leyes, la burocracia, la demagogia y la corrupción.
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Ese es el diagnóstico que arroja la “Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017”, promovida por la propia PGR y el Congreso, realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
“Para decirlo pronto, existe una alta probabilidad de que un asunto que llega al sistema de procuración de justicia nunca sea resuelto” señala en pocas palabras el informe de resultados de esta consulta, en la que participaron servidores públicos, expertos nacionales e internacionales, y ciudadanos. Hoy se hacen públicos los resultados.
Los hallazgos desmienten el discurso de procuradores, gobernadores y funcionarios. Por ejemplo, el fenómeno de la llamada “puerta giratoria” (detenidos que quedan libres) no es culpa de los jueces, quienes de hecho la conceden en el 70 por ciento de los casos. La responsabilidad es en realidad de los fiscales, que solo piden la prisión en uno de cada cinco casos y en muchos, donde la ley no amerita prisión automática, ni siquiera consignan. Mucho menos investigan.
El resultado: impunidad. Solamente el 4.46% de los delitos que se reportan en México terminan en una sentencia condenatoria, o lo que es lo mismo, 4 de cada 100 denuncias. El 65% de las carpetas de investigación no se resuelven en ningún sentido, y de los que sí se resuelven muchos son para mandarlos al archivo.
Los casos que llegan a resolverse casi nunca son producto de una gran investigación. El 90% de ellos corresponden a delitos cometidos en flagrancia por el probable responsable.
“Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis. La confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza” indica el informe.
La “Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017” fue realizada entre mayo y agosto de 2017 mediante mesas de trabajo en Ciudad de México y varios estados. Su objetivo es establecer un diagnóstico fidedigno de la situación del sistema de procuración de justicia para trazar una ruta hacia un nuevo modelo que permita tener un sistema justo y eficaz.
Lo resultados de la consulta fueron divididos en nueve puntos en el informe. Estos son los principales hallazgos:
Tema 1: Víctimas y derechos humanos
La consulta identificó una problemática general: Víctimas ignoradas por los Ministerios Públicos, lentos procesos de reparación del daño, servicios de atención médica y psicológica deficientes, protección deficiente a las víctimas de un delito, una pobre (si no es que nula) representación adecuada de las víctimas en un proceso a menos que tengan un abogado, revictimización de mujeres en situaciones de violencia.
Tema 2: Seguridad Pública y procuración de justicia
La consulta encontró un “exceso de formalismo” en cómo se planteó la intervención de los policías en el nuevo sistema penal. El “protocolo de actuación policial” es difícil de cumplir y el “informe policial homologado” complicado de llenar aun con agentes bien capacitados, por lo que es urgente revisarlos.
El problema del desempeño policial es más profundo. Se advierte de forma general “pésimas condiciones laborales” en que se desempeñan los agentes, principalmente municipales y estatales. “A ello se suma la falta de formación y la carencia de recursos o de instrumentos que les permitan desarrollar adecuadamente las tareas propias del sistema penal acusatorio”, indica el informe.
Tema 3: Modelo de Investigación criminal
No son los jueces. Los agentes del Ministerio Público dejan en libertad a muchos detenidos y no hay una investigación posterior. La consulta revela que esto ocurre cuando hay personas capturadas en flagrancia por un delito que no amerita prisión automática de acuerdo con el nuevo sistema penal.
“En estos casos, los agentes del ministerio público optan por decretar la libertad de los detenidos y las investigaciones criminales sobre los hechos denunciados no presentan mayores avances. El empleo de esta medida se ha convertido en una salida fácil para las fiscalías e impacta desfavorablemente la tasa de impunidad”, indica el estudio.
A esto se suma un exceso de burocracia en las investigaciones como resultado de una práctica heredada del viejo sistema, donde cada acción debería ser autorizada en un oficio por escrito dentro de las ya desparecidas averiguaciones previas. Sin embargo, esto no solo no es necesario en el nuevo sistema sino que, por el contrario, resulta contraproducente.
“El objetivo es dejar de depender del continuo ir y venir de oficios y de la repetición de fotocopias y documentos en el interior de las carpetas. Debe quedar claro que, en el nuevo modelo acusatorio, la carpeta de investigación no produce prueba en los términos en lo que sí lo hacía la averiguación previa” indica el informe
Tema 4: Política criminal
El informe es claro: en México no existe una política criminal clara y que se lleve a la práctica. Lo que hay, en el mejor de los casos, son objetivos numéricos a los que se les ponen plazos de tiempo, pero que en conjunto no muestran una visión homologada sobre cómo prevenir y combatir el delito.
Tema 5: Procuración y administración de justicia
La consulta revela en este tema un dato clave: son los ministerios públicos y no los jueces los principales responsables del fenómeno de la “puerta giratoria”, como se denomina a la situación donde los detenidos consignados quedan en libertad.
Resulta que al llegar ante el juez el Ministerio Público solo solicita la prisión preventiva en el 20% de los casos, es decir, en uno de cada cinco. Y cuando sí la pide la obtiene en 7 de cada 10 casos, es decir, en la mayoría de los casos. De ahí que resulte erróneo culpar a los jueces exclusivamente de que detenidos queden libres.
Otros problemas son la falta de Unidad de Medidas Cautelares que en los hechos aun no funcionan en muchos estados ni a nivel federal, así como la ausencia en el seguimiento de las sentencias que se aplican.
Tema 6: Delincuencia organizada
Se concluye que hay un combate demasiado fragmentado a la delincuencia organizada, los estados cuentan con capacidades limitadas y se abusa de las fuerzas armadas. Lo que resulta urgente es crear grupos multidisciplinarios especializados en combatir delitos específicos, y fortalecer especialmente el ataque a los recursos financieros.
Tema 7: Gestión y operación de procuradurías
La consulta arroja que las procuradurías “están repletas de procedimientos complejos con objetivos injustificados”. Son instituciones muy distantes de estar a la vanguardia, los servicios son en general deficientes y priva la corrupción. Urge un mucho mejor manejo de la información entre sus áreas y una supervisión adecuada.
Tema 8: El modelo de autonomía
El problema en este apartado es total. A nivel federal la PGR no se ha transformado en una Fiscalía General, como mandata la ley y no hay fiscal general tampoco. Pero la falta de autonomía va más allá porque los fiscales en muchos estados no están respaldados en su cargo por un servicio de carrera sino que ocupan el puesto por nombramientos del titular en turno, lo que genera compromisos.
“La autonomía institucional no depende exclusivamente de la condición de la cabeza de la institución, sino que es la suma de las autonomías de cada una de las personas que realizan funciones de investigación y persecución de los delitos” dice el informe
Tema 9: Marco normativo penal
La consulta concluye: existe una “grave crisis en el derecho penal” desde el punto de vista legislativo. Hay un desorden total en la tipificación de delitos, no solo por múltiples códigos sino por leyes especiales que surgen sobre la marcha. Esto es resultado de la creencia de que es el “derecho penal” la solución de múltiples problemas, cuando no es así
“La demagogia penal no parece tener frenos. Ello tiene un impacto muy negativo sobre el desempeño de las instituciones, pues les coloca cargas de trabajo inapropiadas y las obliga a actuar en función de la coyuntura”, indica el informe.
En este punto se advierte la necesidad de reordenar el derecho penal en el país y se plantea como una alternativa la creación de un Código Penal Único.
