Mara Fernanda, Claudia Carolina, Liliana, Giselle Joselyn, María Teresa y Paulina, todas desaparecieron en alguna zona de Puebla. Algunas de ellas fueron asesinadas, de otras no hay rastro.
[contextly_sidebar id=”BjlmqGZE7gOJEOZ74jLVLzXmLcs5WT8r”]En algunos casos las autoridades dicen que se fueron con “la pareja sentimental” y omiten investigar los indicios de trata de personas señalados por familiares.
Estos no son casos aislados, en lo que va de 2017 cada 19 horas se denuncia la desaparición de una mujer en el estado. Durante 2016 fueron, en promedio, un caso cada 31 horas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Y la cifra va en aumento. Entre 2012 y 2016, durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, las denuncias registradas por el RNPED crecieron 2,230%, al pasar de 12 a 280 casos. A nivel país el aumento en ese periodo fue del 51%, pasando de 3,271 a 4,951 casos.
En febrero de 2017, Moreno Valle entregó el cargo al que fuera su secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad.
Cambió el gobierno, pero no la situación de inseguridad para las mujeres. En los primeros siete meses de 2017, el RNPED ya registra 260 casos de mujeres desaparecidas.
En total, de enero de 2012 a julio de 2017, Puebla acumula un total de 781 denuncias de mujeres desaparecidas y cuyos casos se encuentran activos, pues siguen sin ser localizadas.
En las desapariciones hay una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, pues no han logrado contener el incremento en la violencia contra las mujeres en esa entidad: desapariciones, feminicidios, violencia sexual, señala Ana Jetzi Flores, quien encabeza el Observatorio de Violencia Social (OVS) de la Universidad Iberoamericana Puebla.
“Desaparecidas y feminicidios no son otra cosa más que la falta de una respuesta oportuna de las tres niveles de gobierno. Nos dice de todo aquello que no se ha hecho en la prevención de la violencia”, añade.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de organizaciones no gubernamentales le dan la razón a la académica.
El Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos contabilizó en Puebla 60 feminicidios en 2014; 50 en 2015; 82 en 2016 y 86 hasta el pasado 3 de octubre de este año.
La edición más reciente de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares señala que en la entidad la violencia que viven las mujeres casadas en sus relaciones de pareja lejos de contenerse sigue al alza: en 2011 el 48.5% afirmó haber tenido incidentes de violencia, para 2016 la cifra creció a 49.8%.
Las denuncias por violación también van en aumento. Según cifras del SNSP, en 2014, se reportaron 340 denuncias; en 2015 la cifra fue de 548, más de una por día. El 2016 cerró con 649 y hasta agosto de este año se tienen 469, si la tendencia no cambia Puebla terminará el año con más de 700 casos.
Una alerta que no llega
A pesar de las cifras y de la exigencia de activistas, académicos y ciudadanos la Alerta de Violencia de Género que se pidió formalmente desde el 9 de marzo del año pasado, no se ha declarado.
En junio de 2016, el grupo de trabajo que conformó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió once recomendaciones al gobierno de Puebla para atender la problemática.
De acuerdo con el reporte más reciente de la Conavim, emitido el pasado 7 de julio, se han realizado modificaciones a leyes y reglamentos, pero éstas no se han cumplido en su totalidad.
Se actualizó el “Protocolo para la Investigación, Preparación a Juicio y Juicio de los Delitos en Materia de Trata de Personas”, pero las desapariciones de mujeres no se están investigando de manera expedita ni bajo esa óptica.
Esto a pesar de que el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó en 2014 señala a Puebla – junto a Tlaxcala y Quintana Roo – como un foco rojo en el delito de lenocidio.
El caso de la adolescente de 15 años, Claudia Carolina que fue reportada como desaparecida el pasado 16 de septiembre muestra las deficiencias de la Fiscalía poblana en la investigación de esos casos.
Los familiares de la menor señalaron a medios poblanos que la Fiscalía General de Puebla tardó más de dos semanas en comenzar a investigar a la pareja sentimental de la menor, de quien la familia sospechaba que la tenía retenida contra su voluntad. Fue hasta el 30 de septiembre que la Fiscalía comenzó a rastrear los celulares, pero nunca se emitió la alerta Ámber, dijo la madre de la adolescente a medios.
El 5 de octubre la menor fue hallada en el municipio poblano de Olintla en un domicilio de familiares del novio. La Fiscalía antes de informar a los familiares que la menor ya había sido localizada primero mandó un comunicado a medios, descartando “trata o algún otro delito”, a pesar de que los indicios que presentó la familia en ese sentido.
Para la directora del OVSG “estamos viviendo una reproducción de la violencia machista y una indolencia de las autoridades, que como no la sancionan, lo que vemos es que se tolera, se reproduce y se incrementa. El caso de Puebla es un botón de lo que puede pasar si no se atiende ese problema”.
En Puebla hay una “sistemática omisión del estado frente a la problemática específica de la violencia contra las mujeres, en especial el feminicidio y la desaparición”, dice Natalí Hernández Arias, directora de la organización Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social (Cafis) que trabaja sobre temas de género y derechos humanos.
El gobierno, en sus tres órdenes de gobierno con su negativa a reconocer o minimizando el problema permite que se reproduzca impunemente, “tener pocos agresores de mujeres en proceso o encarcelados es una muestra de impunidad, y el mensaje es que a las mujeres se les puede violentar y no pasa nada”.
Pero no para todos la alerta de género es necesaria para contener la crisis de violencia de género que se vive en Puebla.
Hace unos días el presidente de la Coparmex en Puebla, José Antonio Quintana Gómez aseguró a medios que “etiquetar al estado con una alerta de género pues sí podría ser factor para que el desarrollo económico, el turismo, nuevas inversiones se pudieran detener o espantar de venir a Puebla. Es un tema de responsabilidad el promover o no promover ese tipo de alertas”.
La misma Conavim en su reporte de julio pasado señaló: “Por el momento, no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Puebla”.
El estado, insiste Natalí Hernández “no está queriendo asumir su responsabilidad y el costo político ante la violencia feminicida y de desaparición de mujeres”, y se resiste a emitir la Alerta de Violencia de Género.
Pues, dice, “es reconocer simbólicamente que algo que les toca hacer no lo están haciendo, o lo están haciendo mal. Y por el otro es reconocer que no están salvaguardando la vida de la mitad de la población, que somos las mujeres”.
