Reubican a trabajadores de tribunal que promovieron amparos por inseguridad del edificio

Fueron varios trabajadores, que tuvieron que regresar a trabajar, y decidieron promover amparos para que no los obliguen a laborar en un inmueble en el que no se siente seguros.

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Trabajadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ya no se sienten seguros trabajando en su edificio por lo que promovieron amparos. Foto: Archivo Cuartoscuro

Una veintena de trabajadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) ya no se sienten seguros en el inmueble ubicado en la diagonal 20 de Noviembre 275 que alberga a ese organismo, pues tras los sismos de septiembre el edificio de 14 plantas registró daños, por ello promovieron varios amparos.

Hasta el día de hoy, cinco de los trabajadores fueron reubicados. En el resto de los casos están esperando que los jueces de Distrito en Materia Laboral decidan si otorgan la suspensión a la orden de regresar a laborar en ese predio ubicado en la colonia obrera, a dos calles de Bolívar 168, donde el pasado 19 de septiembre se derrumbó un edificio que dejó entre 15 y 21 personas fallecidas.

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El presidente del TFCA, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, aseguró que los daños que sufrió el inmueble son menores, “estéticos, “se cayeron plafones, algunas puertas de vidrio, algo de mobiliario”.

Y que se cuenta con tres dictámenes que aseguran que la estructura no resultó afectada, uno emitido por el gobierno de la Ciudad de México, otro pedido por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del TFCA y firmado por Carlos F. Virgil, Director Responsable de Obra 0080.

El tercero promovido por los dueños del inmueble, “Alfredo Roffe y Copropietarios”, a cargo del ingeniero Carlos Tapia Castro, corresponsable de seguridad estructural. Los tres, realizados entre el 20 y el 25 de septiembre, coinciden en que no hay daño estructural.

Pero eso no ha servido para tranquilizar a los trabajadores, pues además de las fotos que circularon por redes sociales que muestran las fracturas de algunos muros, también se han documentado irregularidades en torno al inmueble.

La primera de ellas es que existe un edicto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 1989 en donde se notifica, por tercera ocasión, a los propietarios de edificios dañados por el sismo de septiembre de 1985 que deben demoler sus inmuebles “como medida de seguridad y para que no dañen a inmuebles aledaños o a terceros”.

En el listado de edificios a derrumbar está el de 20 de Noviembre 275. El edicto también es claro al señalar que “de no cumplir con el requerimiento se hará acreedor a sanciones”, y la demolición la realizará el gobierno con cargo a los propietarios.

El inmueble, sobra decir, no se demolió, solo se le retiraron unos pisos pues originalmente contaba con 17 plantas, y a decir del presidente del TFCA, en 1992 se reforzó la estructura con la normatividad vigente en esos años, se le agregaron refuerzo en las trabes y vigas de metal en los estacionamientos subterráneos “eso, me dicen, ayuda a la estabilidad del edificio”.

Además, de acuerdo con el Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, que puede ser consultado en la página del gobierno de la Ciudad de México, el predio tiene autorizada la construcción de un máximo de 7 niveles, y el inmueble actualmente tiene 12 más 2 plantas de estacionamiento. En total 14 niveles.

De la Peña Gutiérrez explica que en el Plan de Desarrollo Urbano de la delegación, que data de 2008, se limitó la autorización de licencias de construcción a proyectos superiores a las 7 plantas, pero que como el inmueble del Tribunal es anterior a esa normatividad mantiene un “derecho adquirido”, siempre y cuando no se modifique el inmueble.

“Incluso, agrega, tenemos la constancia de seguridad estructural del inmueble que emitió el gobierno de la Ciudad de México previo a que el Tribunal se pasara para acá. Y tiene una vigencia de cinco años”.

A trabajar a Tlalpan

Fueron varios trabajadores los que el pasado lunes 2 de octubre tuvieron que regresar a sus actividades y decidieron promover amparos para que no los obliguen a laborar en un inmueble en el que no se siente seguros.

Dos de esos amparos, uno promovido por cuatro trabajadores, otro promovido en solitario por un trabajador, quedaron en manos del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo folios 1827/2017 y 1828/2017.

Tres días después, el 5 de octubre, el juzgado que decidió declarar que los casos no les corresponden a ellos resolverlos, y los mandaron a juzgados administrativos, pero antes ordenó resguardar la seguridad de las cinco personas ordenando la suspensión de la orden de regresar a trabajar a 20 de Noviembre 275.

Por ello, entre el jueves y viernes pasado los quejosos fueron enviados a un archivo de concentración que tiene el Tribunal en Hermenegildo Galeana, en la delegación Tlalpan, lo que los mantiene lejos del inmueble de la colonia obrera aunque las condiciones de trabajo no son las mejores.

—Son dos los amparos que ya recibieron la suspensión— cuenta una de las trabajadoras—, uno que presentó un compañero que fue solo, y otro que presentamos cuatro compañeras. Lo que sabemos es que al compañero lo presionaron para que se desistiera del amparo, y parece que ya lo hizo, pero igual lo mandaron a Galeana con nosotras.

Lo que no se ha respetado, dice, son las cargas de trabajo, pues a todas las pusieron a archivar documentos cuando las labores que desempeñaban eran diferentes.

— Nos notificaron la reubicación, pero tenía que ser con las mismas funciones que teníamos en el tribunal, pero el día de hoy (viernes) al llegar firmamos que recibimos guantes, goggles, cubrebocas y fajas y nos tienen acomodando los expedientes. Entre las que promovimos el amparo tres tienen plazas administrativas y una cuarta plaza de abogada, pero a todas nos pusieron acomodar los expedientes.

Explica también que la persona que el secretario de acuerdos del tribunal dejó en el archivo como encargada de las quejosas les estuvo tomando fotos y grabando videos, lo que interpretaron como una intimidación.

Además, dice, en el lugar no hay mesas o sillas para realizar el trabajo, lo que las obliga a estar de pie todo el tiempo.

Por lo pronto, el presidente del Tribunal explicó que sobre los amparos acataría las resoluciones que tomen los magistrados, y que “si hay necesidad de recurrir alguna determinación lo haremos”.

Y descartó que los y las trabajadoras que hayan decidido ampararse ante el temor de trabajar en el inmueble de la colonia Obrera vayan a ser objeto de alguna repercusión “ellos ejercieron un derecho, y nosotros acataremos los términos en los que venga la resolución del amparo”.

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