Familiares de las víctimas que fallecieron en el edificio de Álvaro Obregón 286, que se desplomó con el sismo del pasado 19 de septiembre, exigieron al subsecretario de los Derechos Humanos, Roberto Campa, respuestas claras sobre las malas prácticas, falta de transparencia e inconsistencias alrededor del rescate, y que además se investigue por homicidio culposo la muerte de las 49 personas atrapadas entre los escombros del inmueble.
[contextly_sidebar id=”4BrncNycP78gW161awR8Dvy6Bka9xVjy”]Este lunes por la noche, 38 familias de las 49 víctimas se reunieron con el subsecretario Campa, para pedirle, entre otras cosas, las carpetas de investigación del rescate y levantamiento de los cuerpos, la apertura de una mesa de trabajo con familiares, la carpeta de investigación por negligencias y omisiones.
También pidieron la apertura de los programas sociales e indemnizaciones correspondientes, la entrega de artículos personales de sus familiares, la lista completa de las personas rescatadas, y que se abra una investigación por homicidio culposo que permita responsabilizar penalmente a quienes permitieron la construcción irregular de dicho inmueble.
Los familiares señalaron que durante las labores de rescate, los equipos de búsqueda perdieron horas vitales debido a que el edificio presentaba irregularidades en la construcción, lo que fue reconocido por Humberto Morgan, coordinador de asesores de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la CDMX.
En este inmueble, declaró Morgan en su momento, “se hicieron dos cosas terribles, primero subir a una altura prácticamente de seis pisos que probablemente con unas condiciones que cambiaron en la ley de obra de 1985 hubiese resistido, y segundo por alguna cosa que no entendemos se hizo un procedimiento a partir del tercer, cuarto, quinto y sexto piso, de una losa” que es cuatro veces más pesada de lo normal.
“La reunión se dio en buenos términos. Hubo buena disposición del subsecretario, pero sobre todo pedimos que se investigue por homicidio culposo este caso, porque actualmente sólo hay una carpeta de investigación especial por el derrumbe, pero no por el posible delito de homicidio culposo”, dijo Susana Castillo, hermana de Michelle Fernanda Castillo Rayón, una de las víctimas de Álvaro Obregón.
Dueño del edificio, entre los rescatados
De acuerdo con la copia de un contrato de arriendo de una de las empresas que se encontraba en el edificio de Álvaro Obregón 286, y que solicitó anonimato, la Inmobiliaria Álvaro Obregón S.A de C.V, representada por el arquitecto Ernesto Sota López, es la “legítima propietaria” del inmueble.
La inmobiliaria opera con el registro federal de causantes IAO940718FM4, cuyo domicilio se encuentra en la Avenida Insurgentes Sur No. 800, Mezzaninne Letra B, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, donde -de acuerdo con el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)- se encuentra la Inmobiliaria Maloga.
También en esa misma dirección se ubica la Inmobiliaria Acalotenco, de Ernesto Sota Cisneros, padre de Ernesto Sota López.
De acuerdo con el servicio locatel, Ernesto Sota López estaba en el inmueble en el momento del sismo y logró salir con vida. Fue rescatado por los topos junto con su padre Ernesto Sota Cisneros, dos secretarias y una contadora que laboraban con ellos.
Sota López y su padre fueron llevados a diferentes hospitales tras su rescate, informó locatel.
Video de Uno TV
Investigan labor de DRO
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que, en el caso del desplome del edificio de Álvaro Obregón, investigan la posible comisión de delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, ante las supuestas irregularidades detectadas en la construcción del edificio durante las labores de rescate.
Con base en el artículo 329 bis del Código Penal del Distrito Federal, las autoridades investigan si el Director Responsable de Obra (DRO) o los corresponsables de la misma, autorizaron la construcción del inmueble “sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal”.
Se trata de un delito que se castiga con cuatro a seis años de prisión y de mil a diez mil días multa, así como la suspensión para desempeñar profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta.
