Derechos de papel: aún bajo custodia militar, poblados quedan vacíos ante amenazas del narco

Municipios de guerrero con operativo militar para contrarrestar la presencia del crimen organizado se encuentran prácticamente desiertos.

Derechos de papel: aún bajo custodia militar, poblados quedan vacíos ante amenazas del narco
Las calles de Ahuihuiyuco, comunidad aledaña al municipio de Chilapa, Guerrero, permanecen vacías. La gente se fue. Eréndira Aquino

“Fuimos desplazados de Totolapan por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, entre las que ya llevamos 27 muertos y tres desaparecidos. Una niña vio cómo mataron a su mamá y a su hermano”, narró un testigo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guerrero, en 2015.

Según el testimonio, los agresores “querían madera, plantar droga y los minerales que hay ahí”.

Dos años después, Guerrero forma parte de los diez estados en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado casos de desplazamiento forzado interno.

En este estado, pobladores de Heliodoro Castillo, Chilapa de Álvarez, Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan, Chilpancingo y Pungarabato han tenido que dejarlo todo para huir de las amenazas, el secuestro y la violencia.

El fenómeno se repite en municipios de 10 estados del país, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México. Se trata de familias enteras que vivían en localidades con reporte de violencia en Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Veracruz y Oaxaca, además de Guerrero.

“La niña les gritaba que no se llevaran a su papá”

“El 21 de noviembre de 2014 se llevaron a mi hermano, Cándido Díaz Sánchez, de 45 años. Se lo llevaron 10 hombres que entraron con armas largas a su casa. Él estaba peinando a su niña de tres años, porque su esposa tenía dolores de parto y la iban a llevar al hospital”, cuenta Judith Díaz.

“La niña les gritaba que no se llevaran a su papá, y la esposa de Cándido les pidió que por piedad no se lo llevaran, a lo que los criminales contestaron ‘cállese, señora, no venimos por las mujeres’”, recuerda.

Después de ese episodio, la esposa de Cándido y sus dos hijos se fueron. “Ella se tuvo que ir de aquí, porque la amenazaron por teléfono de que si no se iba, le quitarían a sus niños. Es desplazada, su casa está abandonada”, explica.

Con lágrimas en los ojos, Judith dice que algunos vecinos le han comentado que saben que a su hermano lo mataron, “y está enterrado en una fosa, en Zitlala”, municipio perteneciente a esta región.

Durante los primeros cuatro años de confrontación entre fuerzas públicas y crimen organizado en México, luego que el presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas, 246 municipios del país comenzaron a perder su población, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las medidas implementadas por el gobierno federal no sólo no controlaron el crimen, también incrementaron el desplazamiento de la población. A tal grado, que de 2010 a 2015 (los dos últimos años del sexenio de Calderón y los tres primeros del presidente Enrique Peña Nieto) el número de municipios cuya población huyó de la zona alcanzó los 691, según cifras del INEGI.

Comunidades desplazadas, aún con el reconocimiento de un derecho y la protección de militares

El incremento en el número de poblaciones que huyen de la violencia orilló a la CNDH a reconocer por primera vez, el pasado 10 de octubre, el derecho a no sufrir desplazamiento forzado en México. El organismo dirigió la Recomendación 29/2017 al gobernador de Sinaloa, al fiscal del estado y a los alcaldes de Choix y Sinaloa de Leyva, por la desprotección de más de 2,000 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad.

De acuerdo con el Informe Especial de la comisión, “el desplazamiento forzado en México no es un suceso nuevo ni reciente, se ha dado de manera constante y por causas diversas. Ante ello es necesario insistir en las pocas acciones gubernamentales que se advierten en materia de prevención y control de este tema”.

Y para muestra, un botón. A pesar de los operativos militares para contrarrestar al crimen organizado, en las comunidades aledañas al municipio de Chilapa, Guerrero, la vida no volvió a ser igual desde junio de este año.

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos estima que de las 700 familias que habitaban en Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, actualmente quedan unas doce. Las demás se desplazaron “ante la amenaza de muerte si no abandonaban su patrimonio”.

En Tepozcuautla, la gente abandonó casas y negocios tras presuntas amenazas del crimen organizado. Foto: Eréndira Aquino.

Manuel Olivares, integrante del Centro, cuenta que “los días 7 y 8 de junio, de manera sorpresiva empezamos a mirar grupos de familias con costalillas de ropa, algunos trastes de cocina y muchos niños”.

Como los habitantes de la zona suelen viajar hacia otros estados para trabajar como jornaleros no les prestaron mucha atención, hasta que se percataron de que “se veían temerosas y algunas estaban llorando”.

La noche del 8 de octubre, el equipo de la organización se percató que en redes sociales circulaba una publicación que contaba sobre el desplazamiento forzado de las dos comunidades.

“El viernes 9 de junio acudimos con un representante de las familias desplazadas, algunas víctimas y medios de comunicación a las comunidades de Tepozcuauhtla y Ahuihuiyuco para constatar lo que nos contaron: había papeles pegados en varias partes del pueblo donde se informaba que un grupo criminal entraría a asesinar a quienes no abandonaran el lugar”, narra.

En aquella ocasión escuelas, centros de salud, tiendas y casi todas las casas fueron cerradas; sólo las iglesias permanecieron abiertas, recuerda Olivares. La presencia militar y policíaca desplegada en la región no fue suficiente para garantizar a las familias que nada les pasaría si permanecían en sus localidades. Prefirieron huir.

El pasado 19 de septiembre, Animal Político pudo constatar que estas comunidades permanecen casi vacías, a pesar de estar custodiadas por elementos del Ejército.

Tiendas y casas permanecen cerradas en Ahuihuiyuco. Foto: Eréndira Aquino.

 

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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