La Asociación civil Mujeres de Hierro interpuso una petición ante la Procuraduría General de la República (PGR) para saber el estatus de la investigación sobre los involucrados en el desvío de 7 mil 630 millones de pesos, documentados en La estafa maestra.
[contextly_sidebar id=”kmigOizLvhplfWcaToADXqxFNFeQPDan”]El 6 de noviembre pasado, la organización presidida por Lorena Villavicencio, pidió conocer si se está investigando a los presuntos responsables o si la carpeta de investigación fue consignada ante el juez para abrir un juicio.
Animal Político y Mexicanos contra la corrupción documentaron en La estafa maestra que 11 dependencias del gobierno federal como la Sedesol, Banobras y Pemex otorgaron contratos ilegales a ocho universidades públicas por 7 mil 670 millones de pesos para realizar supuestos servicios, pero que no cumplieron.
De acuerdo con la organización, la publicación periodística tiene “valor probatorio” para la investigación debido a que, según la tesis en derecho, la información extraída de internet, “puede asignársele valor indiciario”.
En el documento, la organización pide a la PGR que informe “si se está investigando a los involucrados en La estafa maestra y, de ser así, informe en qué parte está la carpeta de investigación o si ya se ejerció acción penal contra los responsables o si se judicializó la carpeta”.
La petición, explica Mujeres de Hierro, tiene fundamento en que “como ciudadanos tenemos derecho a que nuestros recursos no sean desviados ni se permita el uso de dinero público para simulaciones o fines diversos”.
Esto porque la investigación sustentó que las universidades públicas contrataron a 186 empresas para realizar los supuestos servicios. Sin embargo 3 mil 433 millones de pesos de recursos públicos desaparecieron en 126 empresas que resultaron ser ilegales.
Mujeres de Hierro es un movimiento que, según explica en su página, “nace del atropello de los derechos de las mujeres dentro de un partido político” y busca impulsar políticas a favor de la equidad de género.
La organización confía en que la PGR reconocerá que el tema es de interés público y efectivamente informe sobre los avances, pero en caso de negarlo, interpondrían un amparo que tal vez resulte en un largo proceso judicial, pero Mujeres de Hierro está dispuesta a seguirlo, aseguró Lorena Villavicencio en entrevista.
El argumento legal expuesto a la PGR es la jurisprudencia establecida por Tribunales Colegiales de Circuito en 2013 referente al “derecho de petición”, considerado como una “prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático”, lo cual abre la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública.
De acuerdo con especialistas, la PGR es la instancia encargada de realizar la investigación, sobre todo porque desde 2013 la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia penal al comprobar el esquema de triangulación de recursos públicos que habían hecho las universidades.
Sin embargo, hasta el momento no se conoce que algún funcionario público haya sido consignado por este hecho.
El único avance de investigación después de la publicación del reportaje ha sido por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que desde el 16 de octubre ubicó a nueve empresas que participaron en el desvío como “presunta” fantasma al no comprobar capital ni infraestructura que sustentara las operaciones financieras que hicieron.
