Objeción de conciencia, la nueva apuesta de la agenda conservadora, acusan organizaciones

El Senado tiene ya en sus manos una adición a la Ley General de Salud que permite al personal médico negar servicios que vayan en contra de sus creencias, lo que se suma a una serie de medidas legislativas de grupos conservadores en contra de los derechos sexuales y reproductivos.

objeción de conciencia
Los médicos pueden objetar y no realizar procedimientos. Cuartoscuro

El pasado 10 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que permite al personal médico y de enfermería del sector salud de todo el país negarse a brindar cualquier servicio que vaya en contra de sus valores éticos y morales.

La iniciativa aprobada admite la adición del Artículo 10 Bis a la Ley General de Salud para que este personal haga uso de la objeción de conciencia y se excuse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan sus valores o principios éticos.

El dictamen precisa que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia; en caso contrario, se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.

Pero el problema con esta ley, explica César Palacios, doctor en Ética de la Ciencia por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y actual investigador asociado del Centre of Medical Law and Ethics, del King´s College London, es que está tan mal redactada que va a impactar muchas partes de la práctica médica. “Tan sencillo como puede ser que te encuentres un médico que no cree en las vacunas, como pasa en Estados Unidos o en Europa, y, de acuerdo a esta ley, él podría objetar proveerlas”.

Palacios enumera otras lagunas y errores en la iniciativa: no define “participar”, por ejemplo. “¿Estar presente en un quirófano es participar? No considera que tratamientos que al momento de la consulta no son de urgencia, se volverían urgentes durante el traslado a otra clínica (donde haya personal no objetor). No especifica qué es una urgencia médica. No puntualiza que las autoridades tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas sus instalaciones”.

Esta es una de las partes más importante de la adición, de acuerdo con Palacios. El artículo no puntualiza que las autoridades sanitarias, tanto privadas como públicas, tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas las instalaciones de atención médica, como especifican otras disposiciones legales que incluyen la objeción de conciencia, y como en algún momento se incluyó durante del debate en comisiones.  “Ni siquiera dice que las autoridades sanitarias tienen que contar con personal no objetor de conciencia que atienda a los pacientes. Imaginen que en una población rural todo el personal de salud objetara administrar vacunas o entregar anticonceptivos”.

El artículo tampoco señala que los objetores de conciencia tengan la obligación de referir al paciente a un médico no objetor de conciencia de manera inmediata, que no deben interferir para que reciba la atención médica que ellos estén negando, ni dice que el centro de salud, de manera institucional, debe tomar todas las acciones necesarias para que el paciente sea referido a un médico no objetor de conciencia.

Otro punto importante es que el artículo 10 Bis no puntualiza si los médicos internos de pregrado y los estudiantes de enfermería cuentan como “personal médico y de enfermería”. “Este punto es de la mayor importancia en un país donde dichos estudiantes son una pieza clave en la procuración de salud, tanto pública como privada”.

Sin embargo, la iniciativa se aprobó así por cuestiones políticas, considera Jorge Álvarez Maynez, diputado de Movimiento Ciudadano (MC). Quien la presentó fue la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro social (PES), con quien “el PRI está en el estira y afloja por las negociaciones para la coalición que pretende formar para la elección presidencial de 2018, así que el PRI le concede esta victoria al PES a cambio de seguir con las negociaciones para esa coalición”.

En la sesión del 10 de octubre pasado en la Cámara de Diputados, la objeción de conciencia en la Ley General de Salud se aprobó con 313 votos a favor (PRI, Verde y PAN), 26 abstenciones y 105 en contra. Lo más que consiguieron los opositores a la misma (PRD, Morena, Nueva Alianza y 10 diputados del Movimiento Ciudadano) fue restringir la medida al personal médico y de enfermería, y no a todo el personal de salud como estaba en el dictamen original, y a incluir la causal de responsabilidad profesional en caso de invocarse la objeción de conciencia cuando se ponga en riesgo la vida de la paciente o en una emergencia médica.

En 2007, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, los grupos conservadores consiguieron incluir la objeción de conciencia en el artículo 59 de la Ley de Salud local, igual que en el apartado 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que garantiza a nivel nacional el aborto en caso de violación. No obstante, en ambas disposiciones legales sí se incluyó la obligatoriedad de contar con personal médico no objetor, a diferencia de lo aprobado en la Ley General de Salud.

El turno de ratificar o modificar la adición se encuentra ahora en el Senado de la República.

Iniciativas de corte conservador

Organizaciones que defienden derechos sexuales y reproductivos aglutinadas en la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y el Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), acusan que iniciativas como la adición del Artículo 10 Bis son parte de una agenda de los grupos conservadores del país.

El fundador del PES, partido que presentó la propuesta, es el doctor en Derecho Hugo Eric Flores Cervantes, quien se define como cristiano congregante. La diputada Norma Edith Martínez Guzmán es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con maestría en Ciencias de la Familia. Trabajó como profesora de demografía y sexualidad humana en la sección mexicana del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia, confiada a la Legión de Cristo.

También participó como coordinadora en el Capítulo Jalisco de Mexicanos por la Vida de Todos, que de acuerdo a la página web de Acción Católica Mexicana es una coalición de distintas organizaciones que nació en Guadalajara con la finalidad de impedir la aprobación de algunas iniciativas de ley como el divorcio exprés, la despenalización del aborto, las uniones homosexuales, y el consumo de la pastilla del día después.

Martínez Guzmán ha presentado en la Cámara de Diputados otras iniciativas de corte conservador, como la que pretendía catalogar como pornográfico o nocivo aquel material que a pesar de tener como fin la información o educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual o el embarazo adolescente, no fuera acorde a la edad, a la capacidad para comprender el significado del hecho y a la madurez de los menores de 18 años.

O aquella de septiembre de 2016, “por la vida y la familia”, que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución mexicana para proteger la vida desde la fecundación. Y en rechazo a la propuesta a favor de los matrimonios igualitarios presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, argumentó en la sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del 9 de noviembre de 2016 que la unión legal entre personas del mismo sexo era equiparable a “casarse con delfines o laptops”.

“Estamos pecando de ingenuos –dice Álvarez Maynez– al no ver cómo se está gestando una agenda conservadora que defiende conceptos benévolos como la familia, pero que los terminan defendiendo de forma excluyente. La familia hay que defenderla como una construcción social diversa y ellos la categorizan para excluir a quienes no entran a sus prejuicios morales”.

Animal Político buscó repetidamente a la diputada Martínez Guzmán por teléfono, por correo electrónico y en su oficina en la Cámara de Diputados, pero sólo fue posible obtener sus opiniones escritas vía WhatsApp.

Al preguntarle si plantea esta iniciativa por propia inquietud o es parte de la agenda de su partido, contesta que ambos. “Yo soy quien la presenta a sabiendas de que en la agenda del partido se encuentra la promoción de los derechos humanos y la libertad de conciencia. Desde 2004 empujé el tema en mi estado, Jalisco, donde finalmente fue aprobado, en noviembre de ese año. Por otro lado, he recibido absoluto respaldo a esta iniciativa por parte de mi coordinador parlamentario, Alejandro González, y del presidente del partido, Hugo Eric Flores Cervantes”.

Acciones en contra de los derechos de la mujer

Entre los principales sectores afectados por la iniciativa de Martínez Guzmán estarían las mujeres, sobre todo quienes sean víctimas de una violación o abuso sexual. Pero también quienes deseen, por cualquier razón, interrumpir un embarazo o hasta quienes busquen métodos anticonceptivos.

“Adicionar la objeción de conciencia a la Ley General de Salud – afirma Teresa Incháustegui, directora de Inmujeres CDMX– es parte de este paquete, impulsado por la derecha, que quiere retrasar el reloj de la mujer un siglo atrás”.

Desde el año 2013, con la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, se eliminaron del marco legal los requisitos para que víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos puedan acceder al aborto legal.

En 2014 se reformó el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y en 2016 se modificó la NOM 046-SSA2-2005, para que en todo el país una mujer o una niña mayor de 12 años, víctima de agresión sexual, pueda acudir a cualquier centro de salud público a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sin necesidad de presentar una denuncia por violación, ni de autorización alguna (Ministerio Público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor/a, explica Alejandro Galland, responsable de Vinculación Legislativa de GIRE.

En la iniciativa de la diputada Martínez Guzmán no queda claro cómo se garantizará que una mujer que acuda a solicitar la ILE encontrará médicos que no objeten conciencia para asistirla en el procedimiento, sobre todo en zonas marginadas o rurales.

Animal Político: – ¿Cómo se garantizará que la objeción de conciencia no impida el acceso de la población a servicios médicos?, se le pregunta a la diputada.

Martínez Guzmán: – Porque la objeción de conciencia se dirige específicamente a proteger a los profesionales médicos y de enfermería, que así lo consideren, de realizar actos que contradigan su conciencia. Los integrantes del sistema nacional de salud conservan la obligación de prestar los servicios de salud que se encuentran previsto en la legislación vigente.

AP: – Pero puede pasar que en un centro de salud, en el interior del país, sólo haya tres médicos y todos sean objetores de conciencia, ¿cómo se asegurará usted que se garantice el derecho de las personas a recibir un servicio (como la ILE) sin que tengan que gastar para trasladarse a otro centro de salud y sin que se ponga en riesgo su vida?

MG: – Me planteas el caso extremo, y temo decirte que así no se elaboran las leyes. (Además), te pongo un ejemplo: el derecho a una vida libre de violencia, ¿a quién le toca garantizarlo? (Yo) estoy haciendo mi parte y luego exigiré, junto a la ciudadanía que represento, que el ejecutivo haga la suya.

No obstante, el caso planteado a la legisladora no es un caso extremo. Uruguay ya está enfrentando este problema. En esa nación, la Ley No. 18,987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ampara a las mujeres que quieren terminar con uno no deseado, cualquiera sea el motivo. Fue aprobada por el parlamento uruguayo en octubre de 2012, durante el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015). Pero desde 2015 todos los ginecólogos de Uruguay pueden objetar conciencia para todos los pasos del procedimiento de la IVE.

Tal como lo ha reportado Univisión Noticias, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Salud Pública, para el 2013 el 30 por ciento de los ginecólogos del país declararon objeción de conciencia, unos 200 de un total de 700. Pero el Observatorio de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) relevó que esos porcentajes en el litoral oeste del país son notoriamente mayores. Departamentos como Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano cuentan con más de 50 por ciento de ginecólogos objetores y, algunas de sus ciudades, hasta del cien por ciento.

El riesgo de que eso pase en México es alto y bloquearía avances a nivel nacional en materia de derechos para las mujeres como la NOM 046, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos. El informe de GIRE Violencia sin Interrupción reporta que de enero de 2009 al 20 de junio de 2016 se han recibido 70 mil 630 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República (PGR). Tales cifras contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de salud locales, IMSS e ISSSTE reportan haber realizado durante el mismo periodo: tan sólo 62.

Aun cuando la ley permite la ILE en caso de violación sexual, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud o el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud y, en ocasiones, la vida de las niñas y mujeres sigue siendo un obstáculo para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia, señala el informe.

“Cada que la ciencia sede a los espacios de indefinición a partir de la moral es un aspecto negativo para la evolución de una política pública en materia de salud”, dice Álvarez Maynez, quien pugna por el debate abierto de temas como el de la objeción de conciencia.

Valdría la pena que este debate ya no se enterrara, dice, “hacer como que silenciamos a las Iglesias no ha servido, ellos siguen pregonando sus argumentos, transmitiéndolos, difundiéndolos, sin que tengan un contraste científico o de otro tipo de moral, porque en nuestros argumentos, de los grupos más liberales, también hay una moral, pero una que respeta a la diversidad, a quien decide sobre su cuerpo, que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eso también es una posición moral y no hemos sabido explicarle esto a la sociedad”.

Toca ahora a los senadores avalar o rechazar la iniciativa de objeción de conciencia en la Ley General de Salud, que desde el 12 de octubre pasó a las comisiones de salud, de derechos humanos y de estudios legislativos del Senado.

La senadora perredista Angélica de la Peña, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, lamenta que los diputados no hayan discutido más la iniciativa de objeción de conciencia antes de aprobarla. “Se requiere una discusión más allá de lo que está contemplado en el articulado y en la redacción del mismo. Tal como está va a afectar no sólo los derechos reproductivos de las mujeres sino muchas políticas públicas. Hace falta una discusión más seria de esto”.

Martínez Guzmán, sin embargo, está optimista. “He tenido un diálogo muy positivo con el presidente de la Comisión de Salud (del Senado) y otros compañeros de la cámara revisora. Veo interés en este dictamen, particularmente en que no se quede rezagado”.

De la Peña adelanta que no se discutirá pronto ni en comisiones ni en el pleno. “Por ahora, en la Cámara de Senadores no lo tenemos como prioridad, hay asuntos más urgentes que esto”.

A partir de 2008 y en respuesta a la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal, ha existido una importante oleada de reformas en las constituciones locales de algunas entidades federativas para proteger la vida desde el momento de la concepción. Hasta ahora, 18 estados han reformado sus constituciones para “blindarlas contra el aborto”. La última fue Veracruz.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Comentarios
  • Tanke Panzer

    Y con eso se erradica el aborto gratuito!