Padrones de concesionarios de minas y derechos de extracción no actualizados e incompletos, falta de sanciones por no presentar informes legales e incluso simular la aplicación de multas fueron algunas de las irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) halló al revisar el cumplimiento del pago de derechos de minería.
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En su informe, que forma parte del segundo paquete de auditorías a la Cuenta Pública 2016 que la ASF presentó a la Cámara de Diputados, se responsabilizó principalmente a la Secretaría de Economía (SE) de las irregularidades y deficiencias en la fiscalización y cobro de derechos de los concesionarios mineros.
La investigación también incluyo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero la promoción de responsabilidad administrativas sancionatoria se centró en funcionarios de la SE.
La ASF emitió, por estas irregularidades, un total de 16 recomendaciones a las tres dependencias.
En estas recomendaciones, la ASF señaló que los padrones de concesionarios de minas de la SE tienen deficiencias en “nombres de los titulares de concesiones, Registro Federal de Contribuyentes, fechas de vigencias, y fechas de expedición” lo que dificulta al SAT el cobro de impuestos y derechos.
Los padrones también presentaban las siguientes irregularidades: registros de concesiones que no coincidían entre sí, el 31% de los registros corresponde a concesiones que ya había terminado su fecha de vigencia, sin informar si existía prórroga, y en el 7.6% de los casos la suma de los porcentajes de participación de los titulares que superan el 100%, en algunos casos suman hasta 500%.
Esta deficiencia, explica la ASF ya había sido detectada desde hace un año, cuando se revisó el tema en la Cuenta Pública 2015 y se recomendó a la SE coordinarse con el SAT para depurar padrones y corregir errores, pero un año después el problema se mantuvo.
A los titulares de las 24, 961 concesiones mineras el estado les impone un pago de impuestos del 7.5% de los ingresos generados por la extracción de metales y minerales. Además, en caso de que no trabajen las minas o realicen trabajos en el terreno encaminados a la extracción durante dos años continuos deberán pagar semestralmente un derecho adicional por hectárea concesionada.
Para que el SAT pueda realizar ese cobro la SE debe entregar un listado de las concesiones mineras que durante dos años hayan estado sin operar, pero esto no se hizo. La SE sólo entregó un listado con 7,776 títulos concesión sin identificar a los que debían pagar el derecho adicional.
Aunque la SE sí tenían información, pues informó a la ASF que identificó que los titulares de 2,750 concesiones estaban obligados a presentar un informe sobre si habían realizado acciones de exploración y explotación en las áreas concesionadas, y que de ese total 1,918 no cumplieron con la presentación del informe, pero la SE no aplicó ningún tipo de sanción.
Por lo anterior, la ASF inició tres procedimientos sancionatorios, y pidió a la SE que investigue a los funcionarios que no entregaron la información al SAT y no multaron a los concesionarios incumplidos.
De acuerdo con la auditoria, la SE también informó que emitió sanciones los titulares de 9,157 concesiones, es decir el 36% del total de concesiones, porque no entregaron el “Informe sobre la producción, beneficio y destino de minerales o sustancias de ejercicios anteriores a 2016”, al que están obligados por ley, y sobre el que se define el pago del impuesto, pero no hay evidencia documental ni de la notificación ni del cobro de la multa.
Tampoco se ha realizado ninguna acción para iniciar con el procedimiento de cancelación de las concesiones que incumplieron con el pago de los derechos sobre minería.
Por ello, la ASF inició un procedimiento sancionador y pidió a la SE que investigue a los funcionarios responsables de no aplicar las multas.
A pesar de todas las irregularidades, el cobro de impuestos y derechos a los concesionarios generó ingresos al erario por 2 mil 742 millones de pesos.
La ASF también revisó el cumplimiento de proyectos productivos en los estados en donde se ubican las minas, a través de los recursos obtenidos por el pago de derechos de las concesiones mineras.
En ese renglón, la ASF encontró deficiencias. La Sedatu aprobó 882 proyectos en 18 entidades que se pagaron con recursos del Fondo Minero. La ASF sólo pudo revisar 17 expedientes y encontró irregularidades como falta de información sobre “avances físicos y financieros, actas de entrega recepción y finiquito de la obra, documentación indispensable para comprobar: el grado de avance del proyecto, la entrega de la obra, y la comprobación del monto total del proyecto”.
