Carles Puigdemont y los otros cuatro miembros del destituido gobierno de Cataluña requeridos por España se entregaron el domingo de forma voluntaria a la justicia de Bélgica y fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares.
El juez no consideró necesario privarles de libertad mientras se toma una decisión sobre su entrega a España, donde están acusados de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia.
Puigdemont y los cuatro exconsejeros que viajaron con él a Bélgica decidieron testificar ante las autoridades belgas después de que la justicia española emitiera órdenes de detención europeas tras no acudir a su citación en los tribunales como investigados.
Medidas cautelares
Pese a que fueron puestos en libertad, los políticos catalanes no podrán salir de Bélgica sin permiso del juez de instrucción y tendrán que comunicar una dirección de residencia y asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
El juez belga que lleva el caso tendrá que volver a convocarles en un plazo de quince días, confirmó la Fiscalía en un comunicado.
EPACrisis por la independencia
La acusación contra el expresidente de la Generalitat y sus consejeros se basa en las medidas que tomaron para lograr la independencia de Cataluña.
El gobierno de Puigdemont organizó un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre pasado, a pesar de haber sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.
Y el 27 de ese mismo mes, el parlamento catalán votó a favor de iniciar el proceso para constituir “una República catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social” en lo que fue ampliamente interpretado como una declaración unilateral de independencia.
EPAEl gobierno central respondió destituyendo al ejecutivo catalán, disolviendo el parlamento y convocando a nuevas elecciones al amparo del artículo 155 de la Constitución.
La Justicia española abrió además procesos judiciales en contra de sus miembros.
El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete consejeros del gobierno actualmente se encuentran en prisión provisional como parte de esos procesos.
Y, por lo pronto, le corresponderá a la justicia belga decidir si Puigdemont y los otros cuatros consejeros deben correr la misma suerte.
