El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) revocó a la empresa trasnacional Monsanto el permiso para vender y distribuir soya genéticamente modificada en siete estados del país, por no garantizar las medidas necesarias para que esta planta no se cultivara fuera de los polígonos autorizados.
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Esta revocación afecta a cerca de 6 mil productores que llevan más de dos décadas dedicándose a la siembra de soya genéticamente modificada (OGM), de acuerdo con estimaciones de la empresa. El director jurídico de Monsanto para Latinoamérica Norte, Rodrigo Ojeda, cuestionó que SENASICA haya tomado la decisión cuando aún no han concluido las consultas a las comunidades indígenas en la Península de Yucatán, como ordenó la Suprema Corte tras suspender el permiso que ahora se revoca.
SENASICA, adscrito a la SAGARPA, argumentó que la revocación se dio “por no cumplir con los controles de bioseguridad y fallas en el manejo de prevención de riesgos al ambiente de organismos genéticamente modificados”. La autoridad detectó soya transgénica perteneciente a Monsanto fuera de los polígonos autorizados para su siembra, lo que provocó “daños graves o irreversibles al medio ambiente”, según dijo la institución.
En 2012 se había autorizado a la empresa a operar en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pero distintas organizaciones ambientalistas, colectivos indígenas y otros grupos activistas alertaron sobre la presencia de la soya transgénica fuera de los polígonos autorizados para su cultivo. Entre ellos Ma OGM y el Colectivo Apícola de Los Chenes, quienes indicaron a la Agencia Proceso (APRO) que la revocación “es un reconocimiento oficial del peligro que significa liberar cualquier OGM al ambiente”.
El oficio de revocación no es nuevo. En ese sentido, la autoridad y la empresa han estado en un constante estire y afloja desde 2015, incluyendo una suspensión definitiva dada en junio de 2016 debido a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque se autorizó de nueva cuenta el trabajo de la empresa, se le prohibió trabajar en 15 municipios de dos estados en tanto no concluyeran las consultas a las comunidades indígenas.
Organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y activistas señalaron que la presencia de Monsanto, sus semillas de soya transgénicas y sus herbicidas (con el componente glifosato), son un problema grave para la biodiversidad natural de los estados en los que está presente la trasnacional. También consideraron que el cultivo genéticamente modificado y el herbicida afectan negativamente a la producción de miel en las entidades donde se produce. “La grave falta de bioseguridad [en México] puede traer consecuencias desastrosas e irreversibles para el medioambiente y la población en general”, dijo Naayeli Ramírez a agencias, quien es la abogada del Colectivo de Comunidades de los Chenes, en el estado de Campeche.
La revocación afectará a 6 mil productores que llevan hasta dos décadas sembrando esta soya genéticamente modificada, luego que su introducción en México se aprobara en 1998, de acuerdo con estimaciones de la empresa. Estos campesinos perderán por segunda vez su temporada de siembra y también resultarán afectadas alrededor de 50 mil familias de comunidades distribuidas en los estados que dan al Golfo de México, desde el norte y hasta la península de Yucatán, que trabajan en los distintos procesos del campo, no sólo en la siembra y la cosecha.
La soya es una oleaginosa con un alto contenido proteico y valor nutricional como alimento en sus distintas variantes (pasta, aceite, bebida, entre otros), cuyo cultivo ha crecido en México un 290 % en los últimos seis años. México es el principal consumidor de soya de América Latina, con más de tres millones de toneladas anuales. A pesar de ello, la demanda no cubre la oferta y el 90 % de lo que se consume se importa, de acuerdo con datos de la SAGARPA. Este maíz que México importa de Estados Unidos es transgénico, como reconoció la misma secretaría en 2013.
Hace apenas cuatro años su entonces titular, Enrique Martínez y Martínez, afirmaba que se tenía que producir para no importar, y que esa producción local le aseguraría a México autonomía agrícola y garantizaría una derrama económica importante. Hoy, según datos recientes, el valor de la soya en la península de Yucatán alcanza los 600 millones de pesos. La derrama económica calculada es de más de 1,500 millones de pesos. En contraste, la importación de soya implicó el año pasado un gasto de más de 29,700 millones de pesos.
¿Cómo se llegó hasta aquí?
En noviembre de 2015, la SCJN determinó que las autoridades, al otorgar el permiso a Monsanto, no hicieron consultas en las comunidades indígenas donde se realizaría la siembra y lo suspendió hasta que estas se realizaran.
Para abril de 2016, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) se ha encargado de llevar las consultas entre las comunidades y la empresa (que aún se celebran).
En junio de ese mismo año, un día antes de la fecha para arrancar la siembra, las autoridades agropecuarias avisaron a Monsanto que el permiso de comercialización de su soya quedaba suspendido en todo el país.
Unos días después, la SCJN aclaró que sólo aplicaba la prohibición en algunos municipios.
Un mes más tarde, en julio, SENASICA dejó sin efectos la notificación que había enviado a la empresa y marcó los municipios en los que la suspensión seguiría siendo válida; se señaló específicamente los sitios en los que están las comunidades indígenas que se quejaron.
En abril de este año, la SENASICA emitió una nueva determinación liberando al ambiente la soya genéticamente modificada con excepción específica de las comunidades a las que pertenecen las “personas físicas quejosas”.
En agosto, la Universidad Autónoma de Campeche confirmó la presencia de glifosato en mantos freáticos y orina de habitantes de un municipio de Campeche, Holpechén.
El 15 de septiembre de este año, SENASICA resolvió revocar el permiso para liberar la soya genéticamente modificada de Monsanto, aunque las consultas a las comunidades indígenas no han concluido.
